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Alimenta la corrupción

Por: Jesús Cantú

Fuente: El Diario de Yucatán

Uno de los soportes fundamentales de un régimen autoritario es la discrecionalidad que permiten sus leyes, pues es lo que abre la puerta para los abusos, atropellos y favores de las autoridades; cuando la legislación vigente concede tan amplias posibilidades de interpretación que se puede aplicar para sustentar resoluciones totalmente opuestas, el margen de acción de las autoridades ejecutivas es tal que lo mismo pueden castigar a los opositores que premiar a sus amigos.

Éste ha sido uno de los elementos centrales del régimen autoritario mexicano y, lamentablemente, todavía está vigente en los momentos actuales. Uno de los ejemplos más representativos de esto es el llamado “fondo de los moches”, que fue ampliamente difundido hace algunos años cuando varios medios de comunicación documentaron que los diputados federales solicitaban comisiones (conocidos popularmente como “moches”) y asignaban contratos a determinadas personas (que por supuesto también estaban comprometidos con ellos) a cambio de otorgar estos recursos a gobernadores y alcaldes.

El escándalo no tuvo mayores consecuencias, porque las denuncias de los medios finalmente no fueron recogidos por las autoridades responsables de perseguir las irregularidades administrativas y los presuntos delitos electorales, sin embargo, sí obligó a cancelar dicho fondo.

Aunque esta medida finalmente nada más resultó en una simulación, pues los diputados abrieron otros rubros que les permiten igualmente asignar arbitraria y discrecionalmente dichos recursos. El colmo fue que los legisladores llegaron al extremo de repartirse dichos fondos para que cada uno de los 500 diputados asignara libremente sus recursos.

De acuerdo a información divulgada por el periódico regiomontano “El Norte”, el monto que a nivel nacional se repartió de esta forma fue nada menos que de 27 mil millones de pesos repartido en 3 nuevos fondos. En el caso de Nuevo León documentaron que de los 22 diputados federales originarios de la entidad, únicamente Agustín Basave, quien llegó como plurinominal postulado por el PRD, se negó a utilizar dichos recursos. De los otros 21, sólo 7 estuvieron dispuestos a divulgar a quién se los asignaron, sin embargo, el diario logró información para saber a quién los otros distribuyeron los $703 millones que les correspondieron.

Los resultados de la investigación no son sorpresivos, fundamentalmente de acuerdo al diario “privilegian sus intereses partidistas, compromisos y lazos familiares”. Esto es muy lógico cuando no existen reglas claras para hacer dicha distribución.

Esta forma de actuar asegura el fracaso de cualquier esfuerzo de rendición de cuentas y combate a la corrupción, así que tira a la basura todo el discurso adoptado en los últimos meses, particularmente por el presidente Enrique Peña Nieto y el dirigente nacional priista Enrique Ochoa, pero también enarbolado por los líderes de otros partidos políticos, como el PAN y el PRD.

Rendición de cuentas

Cualquier sistema de rendición de cuentas tiene que iniciar con la documentación puntual de todas las decisiones y acciones que una autoridad tome e implemente para el cumplimiento de sus atribuciones y, desde luego, pasa por una asignación presupuestal soportada en estudios y valoraciones que permitan establecer comparaciones con otras posibilidades, así como identificar metas, objetivos, resultados e impactos claros y medibles.

Por supuesto que la distribución de recursos que los diputados hicieron discrecional y arbitrariamente no reúne ninguna de estas características. El único insumo para el reparto, en el mejor de los casos, fue la cercanía o compromiso de los legisladores con los alcaldes; y, en el peor de los casos, la comisión que las autoridades municipales les ofrecieron o, incluso, entregaron por adelantado.

El desvío de recursos del presupuesto federal hacia los bolsillos de contratistas, alcaldes y/o legisladores ya obliga a la alteración de los registros contables, también indispensable para cualquier auditoría, y seguramente la creación de las empresas fantasmas (hoy tan de moda a partir de los escándalos de corrupción precisamente en las finanzas estatales y municipales, particularmente en Veracruz); pero la carencia de claridad en los resultados e impactos esperados hace imposible verificar si los programas y proyectos contribuyeron, o no, a incrementar el bienestar de la comunidad.

Poco compromiso

Estos fondos, la forma en que se asignan y, seguramente, el modo en que se ejercen son simplemente una muestra más del poco compromiso de la clase política mexicana con la democracia y las enormes incongruencias entre su discurso y su actuación. Pero, sobre todo, evidencian su insensibilidad hacia la inconformidad ciudadana y su apego a las nocivas y añejas prácticas de la clase política mexicana, que les permite mantener y ampliar sus privilegios.

Es precisamente esta asignación y este ejercicio arbitrario y discrecional de los recursos públicos lo que explica por qué se desperdiciaron los llamados excedentes petroleros (producto de los buenos yacimientos petroleros nacionales y los altos precios de los hidrocarburos) para impulsar el crecimiento nacional y desarrollar una planta productiva que permitiera enfrentar escenarios internacionales negativos, como los que hoy se avecinan.

En lugar de aprovechar estos recursos para impulsar el bienestar nacional, los dirigentes políticos los aprovecharon para incrementar su bienestar particular y el de sus familias. Hoy los recursos son escasos, pero a pesar de la escasez, de los escándalos de corrupción que enlodan a varios ex gobernadores y de las endebles finanzas públicas (que se extiende a las tres instancias de gobierno: federal, estatal y municipal), la clase política mexicana persiste en sus viejas prácticas y la ciudadanía se los tolera.— Ciudad de México.

jecantue@gmail.com

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