AMLO, Ebrard, Mancera: la simulación

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Primera Parte

Desde los años 70, el presidente José López Portillo le permitió a su amigo Arturo Durazo construir una amplísima red de corrupción en la policía capitalina, donde los jefes policiacos se repartían el control de los diferentes ramos del crimen organizado (secuestro, tráfico de drogas, prostitución, robo de automóviles, etcétera). No existía grupo del crimen organizado que no fuera controlado y que parte del botín no llegara a las manos de El Padrino o protector de las instituciones de justicia o inseguridad. Cuando alguna de estas bandas criminales actuaba por cuenta propia, sin el “permiso” respectivo, terminaban, en el mejor de los casos, en un reclusorio; a otros les correspondió ser castigados con la ejecución y arrojados a los canales del desagüe, como fue el caso de los colombianos que terminaron en el Río Tula.

La policía ministerial, conocida en el argot popular como los judas o judiciales, también compartían esta forma de controlar al crimen, lo único que imponían a los criminales era no calentar la plaza; cuando afectaban intereses de personas famosas o pudientes, entonces tenían que devolver lo robado o entregar a las víctimas del secuestro.

En la policía del entonces Distrito Federal se organizó una mafia conocida como La Hermandad y, al igual que las corporaciones criminales en Italia, Japón o Estados Unidos, crearon un código para otorgarles protección a sus integrantes, asegurando el control de éstas, más allá de quién o qué partido llegara a gobernar, imponiéndose la política del “silencio cómplice” conocido en la mafia siciliana como omertá.

La fórmula que fueron perfeccionando era conocer las debilidades del gobernante en turno, así como sus inclinaciones ideológicas, religiosas e incluso sexuales, y de esa manera negociar con él las cuotas correspondientes a entregar periódicamente; si era un personaje honrado, entonces le mandaban jefes policiacos que aparentaban ser honestos y denunciaban supuestas corrupciones existentes en la corporación y así ganarse la confianza del gobernante para que éste los nombrara responsables de la institución. Los únicos cambios que realmente se llegaron a dar fueron la rotación de las jefaturas de sector y jubilar o liquidar económicamente a algunos de los más viejos jefes policiacos, pero el mecanismo siguió funcionando de la misma manera y, por supuesto, a los jubilados, suspendidos o liquidados, La Hermandad siguió otorgándoles un porcentaje del botín obtenido.

¿Cambió algo con la llegada del PRD al gobierno de la Ciudad de México?, la realidad es que muy poco, tal vez el ingeniero Cárdenas es quien intentó, con la llegada de personas como Samuel del Villar a la Procuraduría capitalina y con el exrector de la Universidad de las Américas, Alejandro Gertz Manero, a la policía, quienes trataron de darle un nuevo perfil a la seguridad pública y la procuración de justicia; pero los escándalos del asesinato de Paco Stanley y lo corto de su mandato (dos años), porque en el tercero Cárdenas ya era candidato a la Presidencia de la República, no lograron modificar gran cosa.

Con López Obrador (2000-2006) se inauguraron las “reuniones mañaneras”, donde se recibían las novedades del delito del día anterior y se acumulaban los informes de la Policía y la Procuraduría, pero todo se remitía a los delitos comunes, para nada se analizaba el tráfico de drogas, ya que se consideraba que éste sólo competía a la Federación y no era prioridad del gobierno capitalino investigar estos delitos, porque lo que menos quería López Obrador era generar una confrontación con los grupos encargados del tráfico de drogas en la ciudad. Por ello, tanto el procurador Bernardo Bátiz como el primer jefe de la Policía, Leonel Godoy, siempre negaron que en la ciudad existieran mafias o cárteles de la droga. Igual que en el gobierno de Cárdenas, sólo continuaron con la rotación de mandos policiacos, pero la Policía en realidad seguía controlando a los grupos delictivos.

Segunda parte

AMLO, Bernardo Bátiz y Leonel Godoy estaban perfectamente enterados y conscientes de que un cártel de la droga operaba en un corredor que iba de Tepito a Neza e Iztapalapa, que en la ciudad existían miles de tienditas donde se surtían de diversas drogas a jóvenes y adolescentes; incluso se les mostraron álbumes de fotografías donde aparecían los lugares de venta y muestras de las drogas que ahí se vendían, pero fue inútil, la decisión fue de no intervenir. Además, con el conflicto político que existía con el gobierno federal, la Ciudad de México se convirtió en un gran territorio, casi libre, para el narcotráfico.

Justo es reconocer que Leonel Godoy como jefe de la Policía, delegó a Iztapalapa (la delegación con el 23 por ciento del total de la población) la posibilidad de tener una policía vecinal propia de mil elementos, con lo cual se logró disminuir el 40 por ciento de los delitos, y con la posterior entrada del Ejército nacional en funciones de servicio social, se liberaron más de diez colonias que eran ya territorio dominado por las bandas delincuenciales. Muchos líderes del PRD reaccionaron de manera virulenta a esta decisión, llamando a expulsar del Partido al Jefe Delegacional por permitir la llegada a Iztapalapa de los soldados en función de servicio social y no de patrullaje.

La Policía Vecinal de esta Delegación, no tan sólo se enfrentó a los delincuentes que asolaban las colonias, sino que permanentemente entraba en confrontación con los diversos Sectores de la Policía Central, quienes iban perdiendo el control del “negocio” ya pactado con los grupos delictivos.

La designación de Marcelo Ebrard como Jefe de Policía de la Ciudad de México significó la profundización del control que los Jefes Policiacos tenían en contubernio con la delincuencia, pero además, se politizó a esta institución para que las aspiraciones políticas de Ebrard pudieran irse construyendo. Es conocida la práctica de este personaje de utilizar a las instituciones como instrumentos para generar recursos económicos y combatir a sus adversarios usando la represión o el dinero, así como el espionaje, porque para él: “el fin justifica los medios”.

Una de las primeras acciones que tomó Marcelo Ebrard fue desaparecer las funciones de Policía Vecinal en Iztapalapa, dejando nuevamente en manos de la Policía Central la seguridad pública, con lo que el delito y, sobre todo, la venta de drogas, volvió a crecer.

Sólo la tragedia de Tláhuac, donde tres policías de investigación federal fueron linchados y quemados por una turba azuzada por delincuentes, mientras Ebrard se dedicaba a “asuntos personales”, tardando varias horas en reaccionar ante este crimen transmitido en vivo por la televisión, provocó que el presidente Fox lo destituyera y que AMLO lo reivindicara designándolo  como secretario de Desarrollo Social y posteriormente como su sucesor al frente de la Jefatura de Gobierno.

Ya en la Jefatura de Gobierno, Ebrard convirtió a la Policía y a la Procuraduría en centros de operación más dedicados a su promoción y control político, que a sus funciones primigenias, que son garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos.

Mancera fue Procurador de Justicia designado por Ebrard, conociendo y operando las políticas de su Jefe y jamás mostró diferencias con las mismas; es más, se conoce que desde sus oficinas se operaba el espionaje político de Ebrard. Fue su disciplina al Jefe lo que le permitió ser designado como su sucesor y las políticas en materia de seguridad y justicia han seguido siendo las mismas. Por ello ahora están estallando los conflictos en varias delegaciones.

La simulación durante casi 17 años cobra ahora las cuentas, desafortunadamente para la ciudadanía, en el 2018 seguramente se lo cobrarán al gobierno actual.

Lástima que sea para hacer retornar a los que iniciaron esta simulación.

René Arce
Web: renearce.com

Fuente: Crónica


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