Experto cuestiona Ley de Desarrollo Urbano en foro de la ALDF

Participación ciudadana en el desarrollo urbano
Emilio Pradilla Cobos *

Las Modificaciones a la Iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 1 de diciembre del 2009, remitidas por el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 18 de marzo del 2010, aunque es menos limitante que la precedente, sigue manteniendo en su texto un significativo verticalismo y un severo recorte de la participación de los ciudadanos en las decisiones de planeación del desarrollo urbano que afectan su calidad de vida en la urbe.

Una Ley administrativa y procedimental

Al leer la carta remisoria de la propuesta  firmada por el Jefe de Gobierno del DF y en menor medida, el Art. 2. Disposiciones Generales, de la propuesta de Ley, esperábamos encontrar un texto legal que consagrara los derechos (¿el derecho a la ciudad?) y obligaciones de los habitantes en términos del desarrollo urbano, y un marco referencial de los objetivos y metas generales y los métodos de formulación de los planes y programas de desarrollo urbano para lograrlas. Sin embargo, lo que encontramos fue un texto incompleto de normas administrativas y procedimentales, que remite parte fundamental de ellas a un futuro reglamento aún no esbozado, o a otras legislaciones no mencionadas.

En general, podemos decir que las dos versiones de la propuesta no añaden nada sustancialmente nuevo ni original a los procesos de planeación urbana, ni al desarrollo urbano mismo.

Un error subsanado

En la versión del 1 de diciembre del 2009, se proponía reemplazar los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano por unos poco definidos Programas de Unidades Territoriales de Desarrollo Urbano cuya única referencia eran las más de mil Unidades Territoriales utilizadas por AMLO para operacionalizar sus políticas sociales.

En la práctica, se eliminaba una de las funciones básicas de las delegaciones (que podrían convertirse en municipios con la reforma política), para fragmentar la planeación en pequeñas parcelas en aras de su centralización. Menos mal que en la modificación de la iniciativa se abandona esta presunción y se regresa a los Programas Delegacionales. 

El reglamento y la centralización de la planeación

La remisión del detalle de muchos aspectos tocados en las dos propuestas, al texto del Reglamento de la Ley, incluidos algunos temas que sí se desarrollaban en la ley vigente, entre ellos la conformación de los Consejos y Comités técnicos con capacidad de decisión, conducen a una mayor centralización de la planeación en el ejecutivo local, en la medida que el reglamento es elaborado y expedido por el Jefe de Gobierno y su equipo, sin que tenga que pasar su aprobación por la representación política de los ciudadanos en la ALDF.   

En particular, nos referimos a la composición y funciones del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano Sustentable (CONDUSE) que, a diferencia de la ley vigente, se remiten al reglamento, así como el Comité Técnico de Modificación de los Programas de Desarrollo Urbano, que reemplaza en parte a la ALDF, con solo un representante vecinal, y el Comité Técnico de Áreas de Gestión Estratégica.

Las acciones estratégicas y la planeación

La facultad que otorgaría la nueva ley al Jefe de Gobierno, de decretar e implantar acciones estratégicas de desarrollo urbano, aunque no estén contempladas en los programas de desarrollo, que sólo institucionalizaría lo que ha sido práctica común (recordemos el ejemplo del 20 piso en Periférico y Viaducto durante la gestión de AMLO), o recientemente la Supervía, el Mega túnel o la continuación del 20 piso a lo largo de Periférico, inexistentes en los PGDUDF preexistentes, son nuevos elementos para el debilitamiento de la planeación y la preeminencia de las decisiones pragmáticas de los gobernantes.  

En igual sentido operan las transferencias de potencialidad, y los polígonos de actuación que permiten modificar sustantivamente las normas de actuación consagradas en los programas y aprobadas por la ALDF, a partir de decisiones del ejecutivo local y/o los comités en los que domina.

Restricciones a la participación ciudadana

Una demanda política central de la sociedad capitalina y nacional es hoy la ampliación de la participación ciudadana, en el camino hacia una democracia participativa. Pero en lugar de avanzar en términos de la participación ciudadana en las decisiones que competen a la calidad de vida de los habitantes, plasmadas presumiblemente en los Programas de Desarrollo Urbano y las grandes obras, las dos propuestas de nueva ley retroceden en lo que pudo haberse avanzado.

La participación se remite a los organismos establecidos en la re-reformada Ley de Participación Ciudadana, inoperante durante más de 10 años, al tiempo que se dejan de lado, se ignoran los movimientos urbanos, las asociaciones de vecinos, etcétera, que durante décadas han sido los representantes reales de los pobladores de la ciudad. En el CONDUSE actual, que prefiguraría lo que se incluya en el Reglamento, su presencia es casi simbólica y sin capacidad decisoria; poco podemos esperar en la conformación de los demás comités técnicos cuyas decisiones afectarán a muchos ciudadanos y las áreas urbanas que ocupan.

Si en la primera versión se eliminaba la Consulta Pública de los programas antes de su envío a la Asamblea Legislativa, en la segunda se reincorpora, pero no se incluye la respuesta de SEDUVI a los planeamientos de la ciudadanía a través de la calificación de procedencia o improcedencia. La consulta se diluye aun más en su nula capacidad actual de influir en la planeación.

Hemos albergado la esperanza de que los Programas de Desarrollo Urbano y las grandes acciones estratégicas, que afectan sustantiva y durablemente a la ciudadanía y su calidad de vida urbana, fueran sometidas a procesos de participación como los plebiscitos o los referendos, aprobados pioneramente por la legislación para el DF. Pero en los más de 10 años de vida de estos instrumentos de participación ciudadana, sólo han sido aplicados una vez por exigencia ciudadana. El ejecutivo o el legislativo locales nunca han convocado a este ejercicio democrático para legitimar o abandonar  actos como el PGDUDF de 2001-2003, o las múltiples mega obras de vialidad programadas por  el actual gobierno.

Abrir la discusión de la nueva ley a un referendo

Por lo anterior, sugeriría a los representantes políticos de la ciudadanía capitalina en la ALDF, que abran el debate público sobre la nueva Ley de Desarrollo Urbano en el tiempo y los espacios, y luego de este proceso, un nuevo texto que incluya las propuestas ciudadanas, se someta a un referendo consultivo impulsado por esta legislatura. Así daríamos un paso muy significativo en la democratización real de la ciudad.

*  Ponencia en la Mesa de Análisis “Alcances y límites de la Ley de Desarrollo Urbano en el Distrito Federal”, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 14 de abril del 2010

** Doctor en Urbanismo, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Investigador Nacional SNI-SEP. Miembro fundador del Centro de Estudios para la Zona Metropolitana A.C. Metrópoli 2025. Miembro de la Red Nacional de Investigación Urbana de México.