Hacia una verdadera participación ciudadana en la ciudad

Las modificaciones a la legislación de Participación Ciudadana, en el marco del proceso de reforma política del Distrito Federal, han creado diversas figuras para otorgarles más poder a los ciudadanos. 

Por ejemplo, se han constituido el Consejo Consultivo, las Juntas de Vecinos, los Consejos Delegacionales y los Comités Vecinales, como espacios de representación vecinal dentro de la estructura de gobierno. 

Al menos dos objetivos deben quedar plasmados en la normatividad orientada a incentivar la participación ciudadana: 1) facilitar la solución de los problemas que una comunidad considera como prioritarios, y 2) coadyuvar a la gobernabilidad democrática. 

Del Consejo Consultivo a los Comités Vecinales 

En el año 70 fueron creadas las Juntas de Vecinos, una por cada Delegación, para ampliar las funciones de Consulta del gobierno del DF con sus respectivas Delegaciones Políticas. 

En 1978, la reforma a la Ley Orgánica del Departamento del DF (LODDF) crea a los Comités de Manzana y a las Asociaciones de Residentes. 

En 1987, una nueva reforma política a la LODDF, en torno a la participación de los habitantes en el gobierno, crea a la Asamblea de Representantes, como Órgano de Representación y Gestión Ciudadana. 

Ante la presión por la creciente demanda democratizadora, al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, en su comparecencia ante la Asamblea de Representantes en abril de 1991, no le quedó más que hablar sobre la “Reforma de Gobierno de la Ciudad de México”, que implicaba: una reforma política de la justicia y la seguridad pública, una reforma de los mecanismos de participación ciudadana, así como administrativa. 

Con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Julio de 1994, se estableció la integración de los Consejos de Ciudadanos que en cada Delegación debían participar en la gestión, supervisión y, en su caso, consulta o aprobación de aquellos programas que para las delegaciones determinaran las leyes correspondientes. 

En consecuencia, para normar la elección de los consejeros, sus funciones y atribuciones, así como de otras instancias de participación, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana en 1994, aunque sólo por los representantes del Partido Revolucionario Institucional. 

Los legisladores de oposición consideraban que para avanzar en la democratización real del Distrito Federal, los consejeros debían tener atribuciones que les permitieran incidir en la toma de decisiones del gobierno de la ciudad, se reglamentaran las nuevas formas de consulta y participación (como la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito) y se contemplaran los mecanismos para revocar a las autoridades, a lo que el Partido Revolucionario Institucional se opuso. 

El arribo de los Consejos Delegacionales (integrados por todos los Consejeros) significó la desaparición del Consejo Consultivo y las Juntas de Vecinos (integradas, por todos los presidentes de asociaciones de residentes). 

Pero no desaparecieron ni los Comités de Manzana ni las Asociaciones de Residentes. 

Los Consejos Delegacionales, no obstante, contaban con mayores facultades como revisar el Programa Operativo Anual (POA), opinar y aprobar el Plan Parcial Delegacional, representar a los ciudadanos ante autoridades administrativas centrales y locales, entre otras. 

Cada Consejo Delegacional se dividió en comisiones con objeto de estudiar, atender y proponer alternativas a los problemas más ingentes de cada demarcación. 

Pese a la importancia y amplitud de atribuciones, los Consejos no marcharon como se esperaba. 

Cada Consejo tuvo su propia dinámica – en algunos se repitieron viejos estilos de gestión, mientras que en otros, los menos, se advirtieron innovadoras formas de participación ciudadana –, de acuerdo con la historia del territorio, los intereses en juego, la experiencia de los representantes vecinales, las características del trabajo político. 

Pero, por otro lado,  asociaciones de residentes trabajaban en paralelo, sin tender puentes con los Consejos Delegacionales. 

En consecuencia, los vecinos perdieron fuerza, por lo que el tratamiento de los asuntos de su entorno urbano inmediato se individualizó, sin que las instancias legalmente constituidas para solucionarlos, lograran contrarrestar el distanciamiento. 

Al no ser las instancias de participación ciudadana legítimamente reconocidas por los vecinos, con el fracaso de los Consejos se perdió toda posibilidad de contar con una estructura orgánica, consolidada y de auténtica participación. 

En consecuencia en 1996 se derogó la Ley de Participación Ciudadana. 

Sin embargo, en marzo de 1998 se debieron renovar los órganos de representación vecinal, comités de manzana y asociaciones de residentes. Era necesaria una nueva Ley de Participación Ciudadana que se aprobó hasta diciembre de 1998. 

En esta nueva legislación se recogieron principios como democracia, corresponsabilidad, inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad. 

Asimismo, la nueva ley incorporó instrumentos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, para que con ellos el pueblo participe por vía consultiva o deliberativa en la toma de decisiones del gobierno. 

En la ley se contempla la consulta vecinal para que los vecinos puedan emitir opiniones y formular propuestas de solución a problemas colectivos. 

La legislación no podía dejar de reconocer a la colaboración vecinal como un instrumento por medio del cual los vecinos pueden participar en la ejecución de una obra o prestación de un servicio, aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal. 

Asimismo, la ley establece que las quejas y denuncias se canalizaran a la Procuraduría Social y/o a la Contraloría General. 

También, se retoma la audiencia pública como un mecanismo por medio del cual los vecinos pueden proponer la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos y recibir información con relación a determinadas actuaciones. 

Por último, se establece que el titular de cada demarcación debe realizar recorridos por la misma. 

Paradójicamente los ciudadanos perdieron fuerza 

Sin embargo, la incorporación de dichos instrumentos significó un avance mínimo en el proceso de participación ciudadana, porque se utilizan en muy contadas ocasiones, por el costo y tiempo que implican, y porque varios de dichos instrumentos han sido manipulados por la autoridad, los propios vecinos y militantes de los partidos políticos. 

Por otra parte, en la ley anterior (1994), los órganos de representación vecinal se limitaban a ser los intermediarios entre la población, los Consejos de Ciudadanos y las autoridades delegacionales para la prestación de los servicios públicos. 

En la nueva ley (1998) se establece la vinculación entre pobladores y autoridades, pero se amplía el espectro hacía la supervisión, evaluación, y gestión de las demandas ciudadanas en diversos temas como servicios públicos, modificaciones al uso del suelo, verificación de giros mercantiles, entre otros, tareas que serán realizadas por los Comités Vecinales (antes Asociaciones de Residentes) de cada colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional. 

Sin embargo, la extensión de atribuciones de los Comités Vecinales no significó  el fortalecimiento de la participación ciudadana. 

Con los Consejos de Ciudadanos se pretendía llenar los vacíos por la carencia de cabildos y por lo tanto los mecanismos para encauzar la participación. 

Los Comités Vecinales, en cambio, no tienen las atribuciones que se les otorgaron a los consejeros; además, quedan fuera de las decisiones de gobierno. 

En esta etapa del proceso de participación ciudadana en el DF no se contempló la conformación de un órgano que integre el conjunto de los representantes vecinales. 

Al no crearse ese órgano, el delegado trata individualmente con cada comité y al reunirlos sólo ocasionalmente se descarta la posibilidad de un tratamiento integral a los problemas de seguridad pública, uso del suelo, servicios, etcétera. 

Nuevo intento ¿una reforma a la medida del partido en el poder? 

Tras 11 años de no renovarse los Comités Vecinales, luego de que la Asamblea Legislativa del DF aprobara en diciembre de 2009 reformas a la Ley de participación Ciudadana, el Instituto Electoral del Distrito Federal tiene la encomienda de organizar elecciones vecinales en la Ciudad, en agosto de 2010. 

La renovación de los comités ciudadanos implica realizar una elección en cada una de las más de 1,300 unidades territoriales. El problema es que en la Ley no se establece el procedimiento electoral, el cual deberá establecer el IEDF por medio de acuerdos. 

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Lizbeth Rosas, comentó que esta elección costará cerca de 43 millones de pesos, que ya fueron asignados al IEDF en el presupuesto del 2009. 

Sin embargo, estas reformas a la ley no propician ni estimulan una participación ciudadana real; por el contrario la cooptan y obstaculizan a través de figuras designadas o electas bajo el sistema de partidos. 

De este modo, no se propicia la libre organización de de los vecinos, ni se promueve que determinen la forma en que por barrios, por colonias, por delegaciones, decidan las figuras que los representen. 

Esta acción de la ALDF, en consecuencia, carece de legitimidad al no haberse considerado a las agrupaciones ciudadanas y otros sectores sociales. 

Por tanto, resulta fundamental que los ciudadanos del DF cuenten con instrumentos de participación ciudadana cada vez más acabados, a través de los cuales puedan manifestarse e incidir en el rumbo de la Ciudad de México. 

El objetivo de la ley debe ser el de establecer canales que den origen a una relación fluida entre ciudadanos y autoridades, mediante mecanismos de carácter vinculatorio, que permitan ejercer plenamente los derechos públicos y ciudadanos, dentro del marco jurídico nacional. Sólo así los vecinos del DF ganarían mayores espacios para mejorar las condiciones de vida de su entorno urbano inmediato. 

Diversas fuentes, entre ellas:

María Cristina Sánchez Mejorada, La participación ciudadana en el Distrito Federal. Reflexiones sobre la Ley y las elecciones vecinales, El Cotidiano, número 99, enero – febrero, 2000, México, UAM – A.

Florita Moreno Armella, Representación Vecinal y Gestión Urbana en el DF, El Cotidiano, número 57, agosto – septiembre, 1993, México, UAM – A.

Red de Enlace Vecinal