Impera corrupción entre funcionarios e inmobiliarias

El Jefe Delegacional de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos (PAN), denunció hace poco más de una semana la existencia, en el trienio pasado, de una red de corrupción en la que participaban funcionarios de la demarcación y gestores inmobiliarios.

Los actos irregulares y sobornos se dieron durante la administración de Remedios Ledesma (PRD), y con éstos se violó la normatividad en materia de construcciones en Cuajimalpa.

De acuerdo con la información recabada por el equipo de Orvañanos, se cobraban entre un millón y 2.5 millones de pesos por autorizar construcciones fuera de los límites establecidos por la normatividad; por ejemplo, agregar un piso más a una torre, rebasar la cantidad de metros cuadrados de construcción permitidos e incluso invadir suelo protegido.

"Había terceras partes que no eran de la Delegación; eran intermediarios entre ciertos funcionarios de Cuajimalpa y ciertos gestores de empresas constructoras. Se dedicaban a llegar a acuerdos con funcionarios de la Delegación, y por fuera se establecían convenios para autorizar ciertas licencias", denunció Orvañanos.

"Lo que hemos detectado es que, en promedio, se cobraba entre uno y 2.5 millones de pesos, dependiendo de la zona y el tipo de desarrollo", reveló.

En virtud de ello, la Delegación Cuajimalpa denunció penalmente al ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, Ildefonso Román Navarro, al ex director de Desarrollo Urbano, Fernando Cruz Mercado, y al ex subdirector de Licencias de Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo, Rodolfo Montaño Salazar, por otorgar un permiso de ocupación irregular al desarrollo City Santa Fe.

El Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recibió documentación que intenta probar que los entonces funcionarios firmaron el aviso de terminación de obra en favor del conjunto de tres torres City Santa Fe días antes de concluir la Administración de Remedios Ledesma, en septiembre de 2009, a pesar de que los trabajos continuaron hasta este año.

Además, aprobaron la construcción de 17 pisos adicionales a los permitidos por las normas.

Orvañanos informó que esos mismos empleados extendieron permisos para construir en suelo de conservación ecológica complejos inmobiliarios que en estos días son objeto de verificaciones por parte de las autoridades delegacionales.



Admite contralor general que existe corrupción

El contralor general del Gobierno del DF, Ricardo García Sáinz, admitió que en la Ciudad existe un régimen de corrupción entre funcionarios y desarrolladores del sector inmobiliario.

Entrevistado sobre las denuncias en torno a la existencia de una red de corrupción en la anterior administración de Cuajimalpa, aseguró que la información partió de la dependencia a su cargo, donde se elaboró el expediente y se inició la investigación.

En este sentido, García Sáinz consideró que no se trata de una red de corrupción en esa delegación, puesto que, en todo caso, se trata de un sistema, una fórmula de uso frecuente en el DF.

"Existen casos donde se otorgan licencias sin cuidar asuntos normativos, o bien, existen casos de omisión. La omisión es lo más recurrente. Vivimos en un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección pero, sobre todo, omisiones.

"El no hacer nada por parte de los funcionarios es la omisión; no revisan. Por eso nuestro trabajo es la revisión periódica del ejercicio del Gobierno y el actuar de los funcionarios", explicó el contralor a pregunta expresa.

Sobre el caso de los permisos de ocupación irregulares otorgados en la administración de Remedios Ledesma al desarrollo City Santa Fe en Cuajimalpa, dijo que no es un hecho aislado; ese modo de actuar forma parte de las investigaciones que recurrentemente realiza la Contraloría para detectar anomalías administrativas u omisiones en verificaciones a construcciones.

De hecho, en el escritorio del contralor hay una carpeta con un reporte mensual sobre presuntas anomalías similares detectadas en distintas delegaciones.

Al ser cuestionado sobre el ex contralor interno en Cuajimalpa, Abel Hernández, quien debió detectar esas irregularidades, dijo: "Ya no trabaja con nosotros".

- ¿Existen cuotas periódicas para funcionarios, como lo denunció Orvañanos?, se le cuestionó.

"Sí", respondió.

- ¿Son del monto que dice Orvañanos, de hasta 2.5 millones de pesos?

"Depende el desarrollo, la licencia. Lo más fácil para ellos es no hacer nada, la omisión, la venta de protección para evitar el asedio de la revisión, y eso lo debemos detener", expresó.

En 2009, la Contraloría del DF inició la investigación de 16,258 casos registrados por los órganos internos de las 16 demarcaciones y de la propia dependencia capitalina. De éstos, en 695 se fincaron responsabilidades a algún funcionario público.

Y, aunque García Sáinz no precisó la cifra de cuántos de estos casos estaban relacionados con temas inmobiliarios, admitió que sí es un rubro "socorrido".

Conclusión

Es inadmisible que en la ciudad se siga actuando de esa manera en perjuicio de todos los habitantes de esta urbe; y peor aún, que la autoridad sea la primera en señalar la corrupción pero no haga nada para combatirla.

Insistimos en lo que hemos señalado antes en este mismo espacio: el desafío que representa responder a la demanda de vivienda a lo largo de los próximos años implica enfrentar con mucha imaginación fuertes limitaciones espaciales. Cada vez es más amplio el consenso entre la sociedad urbana sobre la no sustentabilidad medioambiental de la expansión horizontal del área urbana, incluso hacia las áreas de conservación, por lo que el espacio ya urbanizado constituye la única reserva territorial para atender las futuras necesidades de suelo urbano en el DF.

Es urgente conciliar el interés público con las demandas de los vecinos y los desarrolladores inmobiliarios.


Fuente: Reforma.