Supermercados no, mercados sí

Una nueva iniciativa del GDF considera que los supermercados, minisúpers y tiendas de autoservicio representan una competencia desleal para los mercados públicos porque  pueden dar mejores precios, compran a gran escala y pueden devolver lo que no alcanzan a vender .  Estas declaraciones provienen nada menos que de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del DF, Laura Velásquez, de quien cualquiera esperaría una argumentación congruente con los objetivos de “desarrollo económico” que persigue su dependencia y no una iniciativa para imponer restricciones al comercio de autoservicio que pretende sean aprobadas en la Norma 29, que será entregada a la Asamblea Legislativa para que sea agregada a los Planes de Desarrollo Urbano y a los Planes Parciales. Pero la iniciativa también viene apoyada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por lo que respecta al suelo de los predios donde se permitirá el establecimiento de supermercados y similares.  

“Los establecimientos mercantiles en los que se pretenda operar…bajo el sistema de autoservicio, sólo podrán situarse en predios cuya zonificación secundaria sea Habitacional Mixto (HM) así como en predios con frente a vías públicas en los que resulte aplicable alguna ‘norma de ordenación sobre vialidad’, que otorgue la zonificación HM indicada en el plano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente”, según se expresa en el texto de la Norma propuesta. 

La Norma, dijo Laura Velásquez, busca regular la instalación de las grandes cadenas al interior de las colonias: “Con las restricciones, lo que estamos haciendo es expulsar a los supermercados de todos los centros de barrio para proteger a las tiendas y a los mercados públicos que se enfrentaban a una competencia desleal”. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las principales asociaciones empresariales como Concamin, Concanaco, Coparmex, Canaco Ciudad de México, la Asociación de Bancos de México, Canacintra, Antad, entre otras,  expresaron su rechazo inmediato en un desplegado publicado en los diarios de la Ciudad: “La comunidad empresarial del país rechaza enérgicamente este tipo de controles porque vulneran libertades básicas de desempeño de los negocios…los límites a la actividad económica afectan la libre competencia, inhiben la inversión privada y el empleo y lesionan el interés de los consumidores de la capital del país”.  

El editorialista Sergio Sarmiento también señala: “No sólo se impediría la instalación de supermercados sino que las tiendas de conveniencia sólo serían autorizadas caso por caso. Un burócrata sería quien definiera así si alguien puede poner un Oxxo cerca de un mercado. Gran oportunidad para la corrupción”. 

En realidad, continúa Sarmiento, “son los supermercados los que sufren una competencia desleal de mercados y tianguis. Los primeros tienen que pagar alquiler o el costo de adquisición e impuesto predial de los locales que operan. Pagan además impuesto sobre la renta y seguro social de sus trabajadores. Los mercados y tianguis operan con frecuencia en la economía informal. Es verdad que los supermercados han logrado generar mejores cadenas de distribución, pero esto es una ventaja competitiva construida a base de esfuerzo e inversión no de una competencia desleal”.  

“Es muy probable que una ley como la que pretende Ebrard sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la nación . El artículo quinto de la carta magna establece que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”…. La Comisión Federal de Competencia podría también intervenir, ya que prohibir la instalación de supermercados para proteger a locatarios de mercados y permitirles cobrar mayores precios por sus productos parecería una práctica ilegal monopólica”, agrega Sarmiento. 

Los principales afectados por la medida de Ebrard, serían los consumidores de las zonas vecinas a los mercados que se ubican en los barrios más pobres de la capital. De ser aprobada la iniciativa, se generaría una situación de enorme desigualdad. Los vecinos de las zonas prósperas tendrían acceso a supermercados con precios bajos pero los habitantes de zonas pobres tendrían que pagar precios altos en los mercados. 

“El propio Jefe de Gobierno, quien vive en la Hipódromo Condesa, tiene la posibilidad de elegir. A unas cuantas cuadras, en la colonia Roma, se encuentra el mercado de Medellín. En la Condesa también está el mercado de Michoacán. Por otra parte, en la esquina de Ámsterdam y Michoacán cuenta con un supermercado de tamaño mediano.

La competencia en la zona ha hecho que los consumidores de esta zona tengan buenas opciones de precio y calidad. Pero Ebrard quiere impedir que los capitalinos que residen en áreas populares tengan esa misma libertad de la que él goza. Con el propósito de atraer el voto y el respaldo público de los locatarios de los mercados, está dispuesto a obligar a los consumidores más pobres a pagar precios más altos y tener menos diversidad de productos”, concluye el editorialista.  

En una acción paralela, las licencias para Establecimientos Mercantiles ya no serán tramitadas en las delegaciones sino en el gobierno central. La Delegación Miguel Hidalgo ha emitido la siguiente información que, es de suponer, comparten las otras 15 entidades de la Ciudad.  

En relación a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal que entró  en vigor el pasado 4 de Marzo, la Delegación Miguel Hidalgo, manifiesta:

1.      Con esta nueva ley, el trámite para adquirir una licencia para la apertura de un establecimiento mercantil ya no se realiza en este Órgano Político Administrativo. Esta tarea pasó directamente al Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico.

2.      Una vez que el interesado ingresa su trámite, el gobierno central está expidiendo el Aviso de Procedencia y Pago por Derechos para obtener la licencia de funcionamiento, no dando tiempo a los 5 días que prevé la ley para que, en este caso, la Delegación Miguel Hidalgo, de su opinión y resuelva sobre la procedencia o no de la licencia en cuestión.

3.      Al día 29 de marzo de 2011, hay 4 licencias en trámite, aprobadas ya por el GDF, sin haber pasado por el escrutinio de la Delegación Miguel Hidalgo, por lo que abre la posibilidad de que obtengan el permiso para abrir un negocio, toda vez que ya cuentan con un aviso de procedencia y pago por lo permisos.

4.      La Delegación Miguel Hidalgo no fue notificada sobre el ingreso de solicitud de apertura de estos  negocios. Esta nueva norma, quita facultades a la Delegación para decidir sobre la apertura de negocios en zonas donde, por el pulso social, la Miguel Hidalgo había rechazado la apertura de más negocios.

5.      Sobre estas 4 nuevas licencias en trámite, la MH fue notificada una vez que tuvo acceso a este nuevo sistema (el día de ayer), mientras los documentos fueron ingresados con anterioridad, por tanto, limita severamente nuestra facultad de resolver la procedencia o no de la licencia, además de pasar por encima de los Planes Parciales y acuerdos vecinales.

En los términos en que están redactados los documentos de Procedencia que les otorga el GDF a los solicitantes, la Delegación Miguel Hidalgo está obligada por ley a expedir los recibos de pago y a otorgar los permisos para la operación del establecimiento. A pesar que el órgano Político Administrativo tiene facultades para determinar si da lugar a una apertura, en los hechos queda fuera de dicha responsabilidad.

Hasta aquí, el boletín de la Delegación Miguel Hidalgo.  

Está claro que tanto en la iniciativa de la nueva “Norma” anti-supermercados/pro- mercados y  de la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles en vigor, la tendencia del GDF es hacia una mayor centralización en las decisiones que afectan no sólo a los intereses de comerciantes/empresarios sino a los ciudadanos en sí que así se distancian aún más de las decisiones que afectan a sus intereses individuales. Una muestra más de las decisiones incongruentes y del perfil

contradictorio  del gobierno central pues mientras el Jefe de Gobierno convoca a los 1,740 Comités Ciudadanos a una magna “reunión de trabajo” ( 31 de marzo), después del estrepitoso fracaso de la Consulta Ciudadana (27 de marzo), por otro lado promueve acciones - como las aquí descritas - que pueden perjudicar a esos mismos ciudadanos.

Fuentes: Reforma; Sergio Sarmiento, “Mercado o súper”;  Boletín núm. 53, 6 de abril, de la Delegación Miguel Hidalgo, www.miguelhidalgo.gob.mx