Toca a gobierno bajar índices de accidentes

Los Estados deben reducir los índices crecientes de riesgos por accidentalidad en el transporte público, mediante políticas integrales que permitan mejorar el deficiente manejo de la infraestructura y promover una cultura vial entre conductores y usuarios.

Así lo considera la Evaluación del Diseño e Instrumentación de la Política de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el DF, elaborada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM.

El estudio, hecho a petición del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalua-DF), destaca que la ciudad se caracteriza por la congestión vehicular, obsolescencia de las unidades, la anarquía en la conducción, principalmente los microbuses, y la contaminación.

La seguridad en el transporte público es uno de los derechos de sus usuarios y se encuentra establecido en las Observaciones Generales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se detalla en el documento.

La evaluación señala que el transporte colectivo concesionado —como vagonetas tipo combi, microbuses y en pequeña medida autobuses— representan para la ciudad uno de los servicios más importantes, dado el volúmen de tramos de viaje que realizan.

En 2007, de las 30 mil 170 unidades que circulaban por la ciudad, 20 mil eran microbuses que cubrían 9.6 millones de viajes por día, es decir el 60.1% de los desplazamientos que se efectuaban en 104 rutas y mil 150 ramales en un recorrido de 8 mil kilómetros.

Además hay zonas de la ciudad donde no hay transporte del gobierno local, como unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) o Metro, lo que genera que taxis, combis y microbuses definan las rutas, horarios y tipo de servicio que se presta en esos lugares.

El servicio, señala el estudio, está determinado por el interés de transportistas y empresas privadas, lo cual ha generado como consecuencia competencia por el pasaje, falta de sustitución de unidades, horarios excesivos de los choferes, inseguridad y “en términos generales insatisfacción de una necesidad básica de los ciduadanos: la movilidad accesible, asequible y de calidad”.

Los investigadores de la UNAM que elaboraron el análisis consideran que el transporte público debe tratarse como un bien social y cultural y no como un bien económico. Señalan que “los criterios esenciales para un derecho al transporte público adecuado deberían reunir los siguientes parámetros: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad, equidad y sostenibilidad”.

Al hacer el análisis de la legislación actual en la materia, mencionan el artículo 16 de la Ley de Transporte y Vialidad del DF, que refiere a la obligación de que el Programa Integral de Transporte y Vialidad local contenga medidas que garanticen al usuario y al peatón las condiciones para su tránsito.

En el reglamento correspondiente se reconoce que “para garantizar los derechos de los usuarios, la Secretaría (de Transporte y Vialidad del DF) debe vigilar que el servicio público de transporte de pasajeros (...) se proporcione garantizando seguridad, comodidad, higiene y eficiencia”.

De continuar la actual tendencia en esta materia, vislumbran los investigadores de la UNAM, el servicio de transporte concesionado seguirá sin una adecuada regulación y control, “con vehículos en condiciones de chatarra, contaminantes, insalubres y muy peligrosos”.

Sugieren refomar este servicio con una regulación que organice a las empresas prestadoras del servicio, que se establezcan paradas fijas, se evite la pelea por el pasaje, se instalen sistemas para el prepago y se eleve la calidad de los traslados.

“Convendría ligar la renovación del parque vehicular con una política industrial que fabrique nuevos tipos de unidades con características adecuadas para un servicio de calidad.

Fuente: El Universal