Parque Reforma Social: ¿pasará a manos de particulares?

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instó a las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo (DMH) y del Gobierno del DF agotar las acciones legales necesarias para evitar la entrega del parque Reforma Social a un particular, acción que ha movilizado a los vecinos de la zona quienes se enteraron a mediados del año en curso que el predio - otrora expropiado - pasaría al dominio privado.

El parque se encuentra en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, y se ubica en la avenida Tecamachalco y Sierra Mojada, en la zona de Palmas. En 1977, por decreto presidencial, el área que ocupa el parque Reforma Social fue declarada “zona verde”, con  destino a uso recreativo y social en beneficio de la comunidad. En efecto, el Gobierno Federal, presidido por el entonces Presidente  López Portillo, expropió el 1º de julio de 1977 una extensión de 29,190 metros cuadrados a favor de la comunidad de la colonia Reforma Social y zonas circunvecinas.

El decreto presidencial ordenó, textualmente, “...sin desincorporar de los bienes del dominio público de la Federación, se destina al servicio del Departamento del Distrito Federal, el predio … con superficie de 29,190.00 metros cuadrados a fin de que se continúe utilizando ... con la estación de transferencia de basura, e instale en el terreno restante un conjunto de servicios deportivos con áreas arboladas y zonas verdes...”.

Sin embargo, el decreto fue impugnado por la familia Cuevas Lascuráin, porque el predio era (o es) de su propiedad. En la copia de la escritura del área, de acuerdo con el diario Reforma, se señala a Cuevas Lazcuraín como el dueño desde septiembre de 1946. Por escrito de fecha 22 de julio de 1977, Leonor Leónides Barrigón Viuda de Cuevas y Ana Cristina Cuevas Gómez de Escobar, por su propio derecho y en su carácter, respectivamente, de legataria y universal heredera de la sucesión testamentaria a bienes de Carlos Cuevas Lascurain y en representación de dicha sucesión, en su calidad de albaceas mancomunadas, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de las diversas autoridades y en contra de diversos actos, entre ellos la expedición del decreto de fecha 1° de julio de 1977, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4.

Más de 30 años después, la jueza Ana Luisa Mendoza Vázquez, responsable del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ordenó al GDF entregar el predio. La resolución del proceso fue favorable a los demandantes, por lo que el Poder Judicial ordenó al GDF la entrega del parque. Los apoderados de Cuevas Lascurain obtuvieron una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los acredita como propietarios legítimos del terreno.

Los herederos interpusieron el juicio de amparo y el 15 de noviembre de 2007 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del DF resolvió que el jefe de gobierno del DF debe devolver los terrenos a la sucesión del señor Carlos Cuevas Lascuráin, dado que se declaró inconstitucional el Decreto, puesto que se probaba la legítima propiedad del terreno en litigio. El 4 de septiembre de 2009, el GDF, por conducto de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, DEVOLVIÓ A LA SUCESIÓN DE CARLOS CUEVAS LASCURAIN la superficie de terreno delimitada e identificada.

Los propietarios del predio, de acuerdo con Leticia Bonifaz, consejera jurídica del GDF, donarían 40% del área total, a fin de que permanezca el área recreativa que por tres décadas y media ha funcionado como zona de convivencia vecinal. En general, se tiene proyectado que el predio sea un complejo inmobiliario. De materializarse esta transformación de “zona verde” a zona urbanizable, se perderían más de 34 mil metros cuadrados de áreas verdes que perjudicaría la convivencia e integración social de unos 5 mil vecinos.

La colonia Reforma Social cuenta con unos 4,726 habitantes, de los cuales poco más del 7% son menores de 5 años. La colonia comprende 1,263 hogares, de las cuales el 26% son conducidos por jefas de familia. La resolución judicia, que cambiará el paisaje arbolado de la zona, es definitiva por lo que no se puede apelar. De ahí que la única solución, de existir, es por la vía política.

Sin embargo, existen algunas irregularidades en la resolución que abren la posibilidad de impugnarla. Por un lado, la resolución establece entregar 34 mil 179.56 metros cuadrados, cuando el predio originalmente requisado es de 29 mil 192 metros. Por otro lado, se pretende entregar la superficie que ocupaba el cauce de lo que fue el río “Polanco”, llamado también de “Tecamachalco” o de “Los Morales”, que cruzaba a lo largo de parque, el cual es de dominio público de la Federación, es decir, inalienable, imprescriptible e inembargable (a pesar de que fue entubado), según establecen los artículos 6, 7 y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Los vecinos han emprendido una lucha para no perder el equipamiento que ha formado parte de su hábitat durante más de tres décadas. El delegado en MH, Demetrio Sodi, les informó el 6 de julio sobre la pérdida del parque. No obstante, los habitantes de la colonia iniciaron un movimiento en defensa del parque. El 15 de agosto realizaron una cadena humana para defenderlo y  exigieron la participación del gobierno federal para evitar perder el espacio. El 12 de agosto marcharon hacia la residencia oficial de Los Pinos para pedir al presidente Felipe Calderón su intervención y evitar que los despojen del parque. Alertaron de las irregularidades en una carta al gobierno federal. Los vecinos han sostenido reuniones con la Subsecretaría del Gobierno del Distrito Federal.

A principios de julio, el delegado de Miguel Hidalgo se comprometió con vecinos de la colonia Reforma Social a no otorgar permisos de construcción en el parque del mismo nombre, salvo expresa orden judicial. La Asamblea Legislativa del DF, por su parte, aprobó un punto de acuerdo para que el jefe de gobierno capitalino envíe toda la información jurídica del predio donde se encuentra el parque “Reforma Social”.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, en acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno del Distrito Federal cataloga como “área verde” el predio que comprende el parque Reforma Social, lo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en octubre de 2008. Sin embargo, Seduvi recibió la solicitud formal de cambio de uso de suelo para el parque, documento que será analizado por una comisión interinstitucional para determinar si cumple con todos los requisitos; de ser así será turnada por ley a la ALDF, única instancia facultada para determinar cualquier cambio en materia de uso de suelo.

De acuerdo con L. Bonifaz, el juicio no lo perdió el GDF sino la Federación y desde el sexenio pasado. Precisamente, fue el ex Presidente Vicente Fox quien ordenó la desincorporación del parque para devolverlo a sus dueños. Bonifaz ha declarado que el GDF no cuenta con el dinero suficiente para poder expropiar el terreno, pues está en una zona de mucha plusvalía.

La clave para que los vecinos no pierdan el parque o en general que la ciudad no pierda un área verde más, es en el cambio de uso y en los permisos de construcción, ya que la solución del gobierno central de comprar el terreno o expropiarlo no prosperaría. Es en la arena de la formulación y dictaminación de las normas y leyes que rigen el destino de la ciudad donde los vecinos podrían perder el parque. Los legisladores no la tienen fácil; deberán elegir entre dar a la ciudad más metros cuadrados de área urbana o conservar un área verde social y ambientalmente importante.

Video: Salvando el Parque Reforma Social