En el País, la cifra de mujeres residentes de los estados -sin incluir al Estado de México- que se trasladaron al Distrito Federal para tener acceso a un aborto legal y seguro se ha multiplicado. Entre 2007 y 2011, la cifra pasó de 80 a 737 casos, es decir, creció 800 por ciento, reportó el Fondo MARIA.
Desde abril de 2007 y hasta marzo de 2013, 97 mil 562 mujeres habían recurrido a la interrupción legal del embarazo; el 73 por ciento viven en el DF, el 23.6 por ciento en el Estado de México y el 3.4 por ciento en otros estados.
Organizaciones de la Sociedad Civil anunciaron que estarán atentos a que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dé cumplimiento a la recomendación 07/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre los hechos del 1 de diciembre pasado.
"Pedimos al jefe de Gobierno firmeza para aplicar las sanciones a los funcionarios que resulten responsables de las violaciones contra las personas que fueron detenidas y posteriormente liberadas", señalaron.
México está lejos de disminuir a 22 las muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos para 2015, como se comprometió en los Objetivos del Milenio. Actualmente la tasa es de 44, alertó Martha Juárez, integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres.
"Aunque los presupuestos en salud han aumentado, esto no ha incidido en una disminución esperada de la mortalidad materna, por lo que México no alcanzará la meta marcada", afirmó.
En México el embarazo adolescente es discriminado socialmente, sin reconocer que la mayoría de los casos son el resultado de abuso sexual, la violación y el aislamiento social, acusó la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La organización señaló que en 2011, 11 mil 512 niñas entre 10 y 14 años de edad registraron al menos a un hijo (2.1 de cada mil) y que 318 niñas tenían 10 años de edad cuando dieron a luz.
La sexta edición de la Green Expo abrirá sus puertas por primera vez a un congreso de sustentabilidad que reditúe en el intercambio de experiencias a favor del medio ambiente y la adopción de compromisos por la conservación por parte de las empresas relacionadas con el turismo.
En México y América Latina existe un patrón común de violencia contra las mujeres e impunidad en el sistema de justicia, motivo por el cual 92 por ciento de los feminicidios en la región quedan impunes, refirió Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
El Instituto de Desarrollo Social (Indesol) lanzó una convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil presenten proyectos que promuevan la igualdad de género, con un fondo de 30 millones de pesos.
La misma cantidad se destinará a otra convocatoria para el fomento de igualdad de trato y oportunidades a grupos vulnerables, que incluye a indígenas, discapacitados, menores de edad y adultos mayores.
Estas cantidades son menores a los 50 millones destinados a proyectos alimentarios en los municipios de la Cruzada contra el Hambre.
El proyecto Olla Escolar que Óscar Salmerón, profesor de la telesecundaria Aztlán, impulsa desde 2008 para mejorar la nutrición de sus alumnos del municipio de Chilapa fue retomado por ONG que ahora lo promueven en 25 planteles de Guerrero.
La obesidad y la hipertensión llevaron al académico a decidirse por cambiar no sólo sus hábitos alimenticios, sino también los de sus alumnos.
México fue incluido junto con Cuba, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Honduras en la lista de países de América Latina sin una prensa libre en el informe anual de la organización no gubernamental Freedom House.
De acuerdo con el Reporte sobre la Libertad de Prensa en el Mundo, México está ubicado en la posición 134 con 62 puntos, uno menos que el año pasado.
Con la detención y presentación de los "capos de la chatarra", actores y organizaciones de la sociedad civil propusieron que se prohiba la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños.
En conferencia de prensa convocada por la Alianza por la Salud Alimentaria, advirtieron que la difusión de anuncios publicitarios de cereales para niños, comida chatarra y refrescos es una práctica nociva para los derechos de niñas y niños