Esta es la forma en que diputados locales también “mochan” recursos públicos

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Los diputados locales de 17 estados se gastaron 1,355 millones de pesos de sus presupuestos en dar “ayudas sociales” a la población, una función que no está dentro de sus atribuciones como legisladores y, que, además es discrecional.

En su Informe Legislativo 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) denomina a los gastos por este concepto “moches”, debido a que son recursos públicos que se usan para funciones diferentes a las que están asignadas, en este caso, de legislar.

Este uso indebido que los legisladores dan al dinero público se conoce como porkbarrel, y “frecuentemente se utiliza para ganar votos”, se lee en el informe. Y es que las ayudas para el desarrollo social es una función del Poder Ejecutivo, no de diputados.

Los estados en que los legisladores gastaron dinero público en ayudas sociales son Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Solo de los gastos en los congresos locales en Ciudad de México, Guerrero y Veracruz se gastaron 878 mil 19 millones, lo que representa el 64.7% del total de los recursosgastados por “ayudas sociales” el año pasado.

La cantidad de recursos por “moches” que se gastan los legisladores locales podría ser más, ya que, en Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Sonora no se ha publicado la Cuenta Pública del ejercicio de 2016.

Pero el IMCO encontró en pruebas de que los legisladores en estos estados también utilizan recursos del presupuesto legislativo para programas sociales que están fuera de sus funciones.

Como en el Estado de México, donde se aprobó una partida por 187 millones 500 mil pesos para el programa “Apoyo a la Comunidad”. A través de este programa, los diputados mexiquenses pueden gastar recursos en “materiales diversos” para atender demandas ciudadanas.

Estos (recursos) deberían ser ejecutados por el Poder Ejecutivo a través de una de las secretarías de desarrollo social y deberían tener un diagnóstico, una justificación técnica de cómo y a quién”, dijo.

“Estos (recursos) deberían ser ejecutados por el Poder Ejecutivo a través de una de las secretarías de desarrollo social y deberían tener un diagnóstico, una justificación técnica de cómo y a quién entregarles ayudas sociales”, dijo Ramiro Suárez, investigador del IMCO. “Y seguramente lo que pasa en los poderes legislativos es que es discrecional, pues el legislador elige como se va a ejecutar y a quien se lo va entregar”.

Suárez, que forma parte del equipo detrás del Informe Legislativo 2017, explica que una razón detrás del gasto indebido de recursos legislativos para ayudas sociales es que es parte de una negociación política entre el gobierno del estado y los diputados.

JHay gente que hace estas negociaciones: te voy a aprobar esto, pero a cambio vamos a tener este programa de apoyo a la comunidad”, dijo.

“Esto se aprueba en el presupuesto de egresos del gobierno del estado. Entonces, justo el gobernador presenta un proyecto de presupuesto al congreso y hay gente que hace estas negociaciones: te voy a aprobar esto, pero a cambio vamos a tener este programa de apoyo a la comunidad, que va a ser ejercido por el poder legislativo”, dijo Suárez.

Y aunque el gasto de estos recursos es legal, pues está dentro de las leyes que rigen al presupuesto de egreso del estado, repartir recursos para ayudas sociales no es una función de los legisladores.

La consecuencia, además de que la entrega es discrecional, es que el legislador se distrae de sus funciones que son legislar y ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. “Está esta distracción de ir a los distritos electorales, de hacer la entrega de estos recursos en lugar de estar en el Palacio Legislativo”, explica el investigador.

“(Estos recursos) se dan justo para construir sus plataformas políticas o para tener una bolsa, una partida, de las próximas campañas electorales o crear cuadros políticos fines a ellos”, dijo.

“Además, no lo puedo afirmar, pero sí presumir que (estos recursos) se dan justo para construir sus plataformas políticas o para tener una bolsa, una partida, de las próximas campañas electorales en las que participarán o crear cuadros políticos fines a ellos, sin que sean auditados y monitoreados estos recursos”, dijo Suárez.

Los congresos locales, se explica en el documento, están para legislar no para ser “caritativos ni filantrópicos, tampoco electorales ni de plataformas políticas”.

“Si bien es razonable que los congresos puedan destinar recursos a instituciones sin fines de lucro en temas culturales, de investigación o académicos, éstos deben ser limitados y no formar parte de una política asistencialista o de obra pública que rompa el equilibrio de poderes en las entidades federativas”, se lee en el Informe Legislativo 2017.

Alejandra Arteaga

Fuente: Huffpost México | Foto: Animal Político

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