¿Existen espacios para la participación ciudadana?

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En la pantalla aparece una niña sola cantando y moviendo la cuerda como si jugara con otros niños, las imágenes revelan con fuerza que no se divierte. Este era el spot que el Instituto Electoral del Distrito Federal lanzó a inicios de año con el eslogan “sin participación nada funciona”. El mensaje transmitido era: la participación ciudadana es la esencia de una sociedad democrática. Sin embargo, ¿hoy las instituciones públicas mexicanas tienen mecanismos reales para que la sociedad incida en las decisiones públicas? ¿Cuáles y de qué tipo son? Si existen los mecanismos, ¿permiten a la población participar, implementar y evaluar el proceso de toma de decisiones? Estas y otras preguntas tienen respuesta en la Métrica de Gobierno Abierto que en marzo pasado presentó el INAI de la mano con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los resultados son claros: la mayoría de las 908 instituciones públicas evaluadas, de todos los poderes y niveles de gobierno, han institucionalizado e internalizado la transparencia, pero no la participación ciudadana. En una escala de 0 (apertura nula) a 1 (apertura satisfactoria), la calificación nacional promedio en transparencia es de 0.50, mientras que en participación es de 0.28. Las instituciones que mejor posibilitan la participación son diversas: Coyoacán (delegación), DIF Hidalgo y Secretaría de Educación de Coahuila (ejecutivo estatal), Cámara de Senadores (legislativo), Procuraduría General de la República (ejecutivo federal) y la Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco. En contra punto, los partidos políticos, los fideicomisos y los sindicatos son los que obtuvieron las calificaciones más bajas.

La Métrica mide la participación desde la perspectiva gubernamental y ciudadana. Sus resultados nos dicen qué tanto las personas pueden incidir en la toma de decisiones y qué posibilidades reales tienen de activar mecanismos para participar en las políticas de su interés. Como se puede ver, en general, enfrentamos retos significativos en la materia. Las instituciones públicas en ocasiones cuentan con mecanismos de participación, pero su grado de adecuación es mínimo, disperso e ineficaz. No tienen vinculación con las tareas sustantivas de las instituciones, los procedimientos son poco claros, no se les da seguimiento a las opiniones y propuestas que formula la población y están poco institucionalizados.

Dos hallazgos me parecen relevantes. En el ámbito local, los municipios tuvieron mejores resultados que las autoridades estatales, lo cual es loable porque es el nivel de gobierno más cercano a la población. Esperemos que esta tendencia se refuerce y que el impulso municipal contagie a los estados. El otro tema a destacar es que las instituciones representativas tradicionales, como congresos, sindicatos o partidos políticos, se ubicaron por debajo del promedio. Son las instituciones en las que menos confían los mexicanos por considerar que están alejadas de ellos. En este sentido, estos resultados pueden tomarse como una oportunidad para que se sensibilicen a la apertura y fortalezcan sus mecanismos de participación ciudadana.

Como lo establecen los objetivos de la Ley General de Transparencia, la población debe estar en el centro de los asuntos públicos, no marginada de ellos. Las autoridades ganan más si permiten que la población interesada colabore con ellas en la identificación de los problemas públicos y en la propuesta de soluciones y mejoras. La Métrica demuestra que en México poco a poco se reconoce que las personas tienen derecho a intervenir en los asuntos públicos más allá de lo electoral, pero esto aún no se institucionaliza. El interés de la población por participar y contribuir a solucionar los problemas públicos debe tener su espejo en la voluntad de las autoridades para diseñar, implementar y dar seguimiento a mecanismos que involucren realmente a la sociedad en la toma de decisiones. La participación debe ser algo natural para las autoridades y para la población.

La Métrica de Gobierno Abierto presenta las áreas de oportunidad que las autoridades debemos atender para generar un piso mínimo de transparencia y participación ciudadana, es decir, para que la apertura gubernamental como lo establece el artículo 59 de la Ley General de Transparencia sea efectiva. No basta la información, ahora son necesarios los espacios para utilizarla, los espacios para participar e incidir de manera real en lo público.

Josel Salas Suárez | @joelsas

Fuente: La Silla Rota

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