Gasolinera amenaza al ecosistema; dueño obtuvo beneficios de Borge

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Desde 2015, la gasolinera Isla Isabel de Pemex, instalada a un costado de la Laguna Bojórquez en la zona hotelera de Cancún, opera de manera ilegal, pues viola las normas ambientales.

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Su operación representa un peligro de contaminación del Sistema Arrecifal Mesoamericano, advierten vecinos, y aunque instancias federales han reconocido que debe ser sancionada, no se ponen de acuerdo para hacerlo.

La gasolinera es propiedad de Ricardo Antonio Vega Serrador, uno de los beneficiarios del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en la adquisición de predios por debajo de su valor.

Vega Serrador es un personaje conocido en Quintana Roo por poseer una amplia red de gasolineras en esa entidad, en alianza con Anuar Fayad Hassan. En 2014, la PGR dio a conocer que se le investigaba por lavado de dinero.

Las violaciones a leyes ambientales

La Asociación Amigos Pok Ta Pok denunció que el derrame de combustible de los tanques hacia el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el más largo del Océano Atlántico Occidental, podría ocurrir en cualquier momento.

Además de la amenaza para el ecosistema, la operación de la gasolinera Isla Isabel pone en peligro a los vecinos del fraccionamiento Pok Ta Pok, a los empleados y huéspedes del Hotel Presidente Intercontinental y a los empleados y visitantes de una plaza comercial, pues se encuentra a 1, 10 y 100 metros respectivamente.

La gasolinera viola la NOM-022- SEMARNAT-2003, que prohíbe erigir infraestructura urbana a menos de 100 metros de humedales costeros, así como las Especificaciones Técnicas para la Instalación de Tanques en Estaciones de Servicio de Pemex Refinación, que obligan a instalar los depósitos de almacenamiento de hidrocarburos en fosas de concreto.

La Procuraduría se declaró incompetente para aplicar la ley al argumentar que “la Asea es la autoridad encargada de expedir o negar autorizaciones en materia de impacto ambiental de obras y actividades en humedales”.

 

Tanto la Asea como la Profepa se dijeron también incompetentes para sancionar a la estación y se responsabilizan entre sí para hacer cumplir la ley sobre el predio de Bulevar Kukulcán.

La Asea argumenta que la Norma Oficial Mexicana descrita no fue objeto de remisión a la Agencia, y que dicha Norma ha estado y sigue estando bajo la custodia de la Profepa, por lo que la Asea considera que es la Procuraduría la instancia que debe asumir “plena competencia” sobre los hechos vinculados con esta gasolinera.

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