El gobernador de Chihuahua denuncia represalias por investigar un caso de corrupción que sacude al PRI

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Con el 2018 comienza de lleno la lucha descarnada por el poder de México. Y una de esas batallas se está librando en Chihuahua, al norte del país. El Gobernador de Chihuahua, en manos del panista Javier Corral, investiga una presunta trama de corrupción que habría desviado 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a través de gobiernos locales para triangularlos a campañas del PRI en 2016. El caso promete convertirse en un tema que desarrollará junto a las campañas presidenciales, que han abanderado la batalla contra la corrupción como uno de los asuntos principales.

Este lunes, Corral dijo en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, que su Gobierno ha sido castigado por la investigación sobre el “saqueo” de su antecesor, el priista César Duarte. De acuerdo con el mandatario, su Administración no recibió 700 millones de pesos (36.4 millones de dólares) que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debió haber transferido al cierre de 2017 para pago de salarios, aguinaldos y proveedores. Corral cree que la pesquisa que lleva adelante la Fiscalía local fue el motivo que frenó el depósito. “El Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado”, dijo Corral.

La investigación ha iniciado 39 procesos penales y cuenta, hasta el momento, con 15 procesados que habrían participado en la triangulación de recursos públicos. Entre ellos, empresarios y exfuncionarios que están colaborando con la justicia. Los jueces locales han librado 30 órdenes de aprehensión, una tercera parte de ellas en contra del exgobernador Duarte, quien se encuentra en Estados Unidos tramitando un asilo político y una visa especial para empresarios.

Corral afirmó que Chihuahua fue la única de las 32 entidades que no recibió el dinero prometido por el Gobierno federal. “No están estrangulando económicamente”, acusó. La Secretaría de Hacienda le ha respondido señalando que el ministerio no “atiende a situaciones electorales” y, mediante un boletín, dijo que durante 2017, el Estado recibió 23.387 millones de pesos de participaciones federales, lo que representa un incremento de 8% comparado a lo recibido en 2016.

Sin embargo, el gobernador dice estar convencido de que la investigación ha dolido a Los Pinos. Corral describió una reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio González Anaya, celebrada el jueves 4 de enero en Palacio Nacional. En ella, el gobernador quiso saber por qué no habían enviado los recursos prometidos. “Ahí nos fue informado de que la investigación por peculado que la Fiscalía lleva pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos”, dijo. En la reunión, que ha sido confirmada por Hacienda, estuvieron el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher; el procurador fiscal, Max Diener e Isaac Gamboa Lozano, de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Gustavo Madero, el expresidente del PAN originario de Chihuahua, acompañó a Corral.

“Hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente”, dijo este lunes Corral. El gobernador estuvo respaldado por ciudadanos y políticos simpatizantes con la coalición Por México al Frente, formada por el PAN y el PRD, como Jorge Castañeda, la activista Denisse Dresser, el diputado del PRD Agustín Basave, los senadores panistas Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, el exsecretario de Gobernación Santiago Creel y el actor Daniel Giménez Cacho, entre otros académicos y activistas.

La investigación de Chihuahua se enmarcaría en un escándalo más de corrupción local como los que se han dado en Veracruz y Quintana Roo de no ser por un detalle. El pasado 20 de diciembre el Gobierno de Chihuahua detuvo a Alejandro Gutiérrez, un colaborador muy cercano al expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. El Gobierno de Corral cree que Gutiérrez es el cerebro de un “elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales que nunca se realizaron”. Gutiérrez estará al menos seis meses en prisión preventiva en lo que se le juzga por el delito de peculado agravado. “No vamos a negociar esta investigación ni por 700 millones de pesos ni por todo el presupuesto de Chihuahua”, arengó Corral esta mañana.

Los aires políticos que soplan han hecho suponer a muchos que la investigación se dirige hacia Beltrones, una poderosa figura del PRI. Este lunes se confirmó que el exgobernador de Sonora, un hábil operador del tricolor en el Senado y la Cámara de Diputados, tramitó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, para no ser citado en la investigación y para tener acceso al expediente en contra de uno de sus colaboradores más cercanos. Corral confirmó este hecho diciendo que el político solicitó la garantía ante un juez federal. El gobernador chihuahuense fue muy cauteloso de no involucrar a Beltrones, de momento, en la trama. “No vamos a inventar ninguna responsabilidad a nadie”, dijo. Sin embargo, el camino a las elecciones es aún largo.

El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre la acusación de Javier Corral. El mandatario negó que su Gobierno haya limitado los recursos presupuestales a Chihuahua. “A esta entidad federativa, a Chihuahua, como a otras entidades federativas del país, si no es que más bien a todas, en la medida de su posibilidad, todas han recibido el apoyo y el respaldo del Gobierno de la república”, afirmó en un encuentro con medios de comunicación en el hangar presidencial. Su administración, reiteró, ha apoyado a los gobernantes locales sin importar su origen partidista. Los dichos de Corral, destacó Peña Nieto, parecían un acto político “auténticamente cargado de signo partidista”.

Por Luis Pablo Beauregard | El País

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