La corrupción del deporte mexicano

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La cloaca del deporte mexicano la ventiló el mismo director de la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte (Conade), el abogado Alfredo Castillo, apenas llegó al cargo en abril de 2015 después de apaciguar a los grupos de autodefensas contra el crimen organizado en Michoacán.

“Aquí nadie quiere dar cuentas a nadie”, dijo sobre las federaciones de las disciplinas deportivas que se negaron a entregar facturas sobre los gastos que otorga el gobierno mexicano que ha invertido en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto alrededor de 1,700 millones de dólares para impulsarlas.

Desde el 2014,  la Auditoría Superior de la Federación había enviado focos rojos sobre el desempeño de las federaciones mexicanas que finalmente llevaron a 126 deportistas a los Juegos Olímpicos de Río.

A la Federación de Tiro con Arco, por ejemplo, se le encontró un “probable daño o perjuicio” por alrededor de 1.5 millones de dólares por la falta de comprobación de gastos realizados en eventos nacionales e internacionales, por la adquisición de material deportivo e insumos médicos.

El máximo órgano fiscalizador del país encontró además que las federaciones de Taekwondo y Natación otorgaron varios contratos con licitaciones dudosas y encontró un subejercio (dinero que no se usó) por alrededor de 2.5 millones de dólares en varias áreas deportivas, entre ellas el Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento.

Pero una cosa es que la ASF dé sus números y otra que los reconozca la autoridad involucrada directamente y tras las declaraciones de Castillo sobre la presunta corrupción en las federaciones la relación de éstas con la Conade fuede mal en peor.

Castillo negó reembolsar gastos al equipo de tiro con arco y el hospedaje de niños atletas en Tamaulipas y en respuesta el grupo de pugilistas de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) salió a pedir dinero a las calles de la Ciudad de México para financiar su viaje al campeonato de Qatar, en octubre de 2015.

Ricardo Contreras, presidente de la FMB, dejó entrever que para tener acceso a dineros del gobierno se tiene que dar un porcentaje del presupuesto otorgado al funcionario que lo designa. Una práctica que en el lenguaje burocrático se conoce como “diezmo”.

Las federaciones se quejaron abiertamente de la inexperiencia deportiva de Castillo (exfiscal del Estado de México cuando Peña era gobernador) y apostaron por un argumento que durante años usaron los sindicatos para justificar la falta de transparencia: la no injerencia del gobierno.

Por su cuenta, la legisladora Ana Gabriela Guevara (medallista de plata olímpica 20o4) arrancó una campaña en el Senado que denominó “Deportistas sin Miedo” en las que convocó a atletas de alto nivel a denunciar actos de corrupción y a la que acudieron sólo unos cuantos porque se acercaban los Juegos Olímpicos de Río.

“La falta de dinero no es el problema”, afirmó Juan Luis Barrios, medallista de plata en los juegos Panamericanos de Toronto. “El problema es que no se invierta en los atletas”.

Tras una primera semana de descalabros en los Juegos, la arquera Aída Román, medallista de plata en Londres 2012, puso nuevamente el dedo en la llaga con sus declaraciones  a su regreso de Río.

Lamentó que el director de Conade hubiera preferido llevar a su novia Jaqueline Tostado, en lugar de especialistas médicos para atender a los atletas y se quejó de que la guerra de acusaciones entre la Conade, el comité olímpico y las federaciones. “Es un divorcio y nosotros (los deportistas) estamos en medio”.

Fuente: La Opinión


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