La debilidad del Estado de derecho

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Tal vez no haya un mayor obstáculo al desarrollo económico de México que la fragilidad de su Estado de derecho. La estrategia para superar esa deficiencia ancestral debería ocupar el centro de las plataformas de los contendientes en la próxima elección presidencial.

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Si bien, al tratarse de una realidad multifacética, no existe una definición única de Estado de derecho, una interpretación básica lo caracteriza como un sistema en que las leyes, no las decisiones individuales de los gobernantes, rigen un país.

En ese régimen, las normas restringen de forma igual el comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades. Su vigencia se constituye en un medio de defensa contra los abusos del poder y su violación implica sanciones. De ahí que ese arreglo se describa también como ‘imperio de la ley’, en oposición al ‘imperio del hombre’.

En la noción de Estado de derecho, el principio de aplicación universal de las leyes se suele combinar con el supuesto de que tales ordenamientos protegen los derechos de las personas, incluyendo la libertad, la seguridad individual y la propiedad privada.

La primacía del orden jurídico se justifica por sí misma, al considerar sus efectos sobre los individuos y la sociedad. Las ‘reglas del juego’ generan certidumbre y la aplicación equitativa de las leyes incrementa la percepción de justicia y favorece la convivencia.

Más aún, el acatamiento de las normas legales genera beneficios económicos sustanciales. En particular, el respeto a los derechos de propiedad propicia el ahorro, la inversión y la creación de empresas. Por otra parte, la ausencia de corrupción facilita la confianza en las decisiones económicas y promueve la asignación eficiente de los recursos productivos.

A la luz de lo anterior, diversos estudios estadísticos han confirmado que existe una relación positiva entre la calidad del Estado de derecho y el producto por habitante de los países. Aunque un mayor nivel de desarrollo puede incrementar el imperio de la ley, este último tiende a apoyar considerablemente al primero.

Así, la evidencia empírica ha demostrado que el fortalecimiento del Estado de derecho impulsa el crecimiento económico de mediano plazo. Las ganancias de este afianzamiento en el dinamismo del ingreso medio son mayores en aquellas naciones que parten de retrasos institucionales considerables.

Ahora bien, si la definición de Estado de derecho es compleja, lo es más su posible medición. Los estudios internacionales referidos utilizan indicadores producidos por diversas instituciones, generalmente, a partir de encuestas de hogares y expertos.

Una fuente ampliamente consultada es el Proyecto de Justicia Mundial que construye un Índice de Estado de Derecho en una escala de cero a uno (de menor a mayor cumplimiento), basado en ocho factores y 44 subfactores, con el cual califica a más de cien naciones.

En la evaluación más reciente, que corresponde a 2016, México recibió una nota de 0.46, lo que lo ubicó en el lugar 88 de 113 países. El posicionamiento desfavorable se mantiene si se toman subgrupos nacionales relevantes; por ejemplo, México ocupó el sitio 32 de 37 economías con ingreso medio alto, y el 24 de 30 países de América Latina y el Caribe.

La desventaja relativa de México se manifiesta en siete de los ocho factores medidos, en los cuales el país se ubicó dentro del tercio de naciones con más baja calificación.

Con mucho, la peor evaluación de México correspondió a los componentes de justicia civil y de justicia penal, en los que obtuvo la posición 101 y 108, respectivamente. Además, en ausencia de corrupción, el sitio fue el 99, y en orden y seguridad el 94.

Estas evaluaciones corroboran la existencia de un marco institucional muy endeble en México, caracterizado por una amplia inseguridad jurídica y física, así como elevados índices de corrupción e impunidad.

Además de los perjuicios en la vida y el bienestar de las personas, la debilidad del Estado de derecho ha representado una limitación severa a la inversión y a la expansión de la productividad, lo cual contribuye a explicar por qué el crecimiento promedio del PIB ha sido tan decepcionante.

Afortunadamente, parece existir un consenso social sobre la urgencia de resolver estos problemas. Sólo resta la ratificación de la voluntad de transformación por parte de quienes podrían conducirla.

El cambio de administración es una buena oportunidad para enfocar la agenda pública en la consolidación del Estado de derecho. A la luz de la precariedad prevaleciente, el ‘dividendo’ de una reforma de fondo en esta materia sería extraordinario en términos de progreso económico.

Por Manuel Sánchez González (@mansanchezgz)* | El Financiero

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* Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).


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