Acusan a policías por torturar a familia

Al menos cinco agentes de la SSP-DF son investigados por privar de su libertad a una familia el 17 de agosto pasado, robarles un vehículo, dinero, joyas y torturar al padre para que confesara ser narcomenudista.

De acuerdo con la averiguación previa FSB/BT1/1957/10-09, se encuentran bajo investigación los policías Mario Ávila Estrada, Ricardo Guerrero Leyva, Gerardo Efrén Torralba Mendoza, Félix Solano Durán e Itzel Israel Canales Millán, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF).

El expediente, del que REFORMA tiene copia, detalla que ese día los agentes llegaron a un domicilio en la Colonia Doctores en varios vehículos sin balizar y con armas largas sometieron a cuatro integrantes de la familia y dos amigos, entre ellos un menor de edad.

En cuestión de minutos, despojaron a la familia de dinero en efectivo, joyas, ropa, artículos electrodomésticos y hasta documentos oficiales para luego subir a los seis agraviados a una camioneta, mientras soltaban disparos al aire con rifles AR-15, para ahuyentar a los vecinos.

La familia fue golpeada en la camioneta, los dos amigos liberados, y algunas horas después fueron remitidos a la PGR acusados de posesión de cocaína y cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército.

El padre de familia señaló que lo retuvieron cerca de 40 horas en una oficina, en cuclillas y debajo de un escritorio, para que firmara una confesión de los delitos que se le imputaban para que dejaran ir a su esposa e hijos.

Las investigaciones de la Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos de la PGJDF señalan que la declaración de la víctima supuestamente se llevó a cabo en presencia de Alonso Tepatitla, ministerio público federal, y el defensor público José Antonio Arista Chávez.

Cuando se llevaban al agraviado al Reclusorio Oriente, lo amenazaron con matarlo a él o a su familia si decía lo que había pasado.

El 26 de agosto, el juzgado federal al que le turnaron el caso y determinó liberar al padre de familia, asentó: "(...) Existen inconsistencias que llevan a este juzgado a concluir que el aseguramiento de los inculpados no ocurrieron bajo las circunstancias que expusieron los aprehensores".

Además, durante el desahogo de pruebas, nunca se presentaron ni los cartuchos ni las drogas supuestamente decomisados.

En la causa penal 165/2010, se expone que "es creíble que el inculpado haya sido obligado a firmar su declaración"; sin embargo, los agentes que lo inculparon no han sido detenidos, ni tampoco ha declarado el ministerio público que lo consignó.