Casi la mitad de asaltos a transeúntes es para obtener celulares

Más del 40 por ciento de los robos a transeúntes tiene como objetivo despojar a la víctima de su teléfono celular, para ser utilizado por los hampones en actividades delictivas.

Así lo informó Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, quien detalló que luego del registro de telefonos celulares, más de 23 mil aparatos fueron cancelados en todo el país, en 2011.

Cabe mencionar que al reportar el robo del celular y efectuar la cancelación, el aparato queda bloqueado para su uso en cualquier compañía.

Y es que las firmas de teléfonos celulares enfrentan el gran problema de la cantidad de fraudes que se realizan con aparatos de telefonía móvil, además del mercado negro que se ha generado con estos aparatos.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el 90 por ciento de los celulares que funcionan en el país tiene tecnología GSM y cuenta con número de serie IMEI (International Mobile Equipment Identity), o número de serie del teléfono, con el que se identifica el equipo.

En tanto que el resto de los teléfonos, que no son GSM, cuenta con un número de serie único.

En este sentido, Luis Wertman señaló que la no cancelación del IMEI, y por ende la anulación de los aparatos extraviados o robados, permite mantener el mercado negro por la facilidad de activación al insertar un nuevo chip.

Explicó que una medida efectiva y que puede aplicarse de manera inmediata sin necesidad de reformas legales es la cancelación del IMEI.

Por ello se propone que cualquier usuario que pierda su celular o sea víctima de robo deberá reportarlo al centro atención a clientes de su compañía, la cual establecerá los controles necesarios para asegurar la identidad del usuario y bloquear su número para inutilizar el teléfono.

Además, los teléfonos robados deberán formar parte de una lista negra compartida entre compañías para evitar su activación en cualquiera de ellas.

También el Consejo propuso que las autoridades federales deberán establecer este procedimiento en una ley o reglamento, en donde se deberán establecer sanciones a las compañías que activen celulares de la lista negra.