
La Comisión de Derechos Humanos del DF envió la recomendación 03/2011 a la Procuraduría capitalina por dilación en la justicia y negativa a investigar, de manera adecuada, las denuncias interpuestas por ex trabajadores de la extinta Ruta-100 en contra de algunos titulares de varios fideicomisos a los que acusaron de fraude.
El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que para que una averiguación previa surta efectos deben existir elementos suficientes de prueba.
En éste sentido, la CDHDF afirmó que hubo escasa investigación, lo que ocasionó que no se agotaran todas las líneas de investigación, provocando la pérdida de evidencias para la correcta acreditación de delitos.
De acuerdo con los argumentos presentados por el órgano, por la liquidación otorgada a los trabajadores, se conformaron tres fideicomisos para la adquisición de concesiones de autobuses y la creación de nuevas empresas.
La investigación quedó radicada en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros (FDF) de la Procuraduría local, y, entre 2001 y 2003, la autoridad ministerial se limitó a recibir declaraciones y documentación aportada por los querellantes.
En este sentido, la CDHDF consideró que fue vulnerando el derecho a la pronta y oportuna impartición de justicia.
Por tal motivo giró siete puntos recomendatorios en el expediente entre los que destacan la revisión por especialistas en materia mercantil a fin de que desahoguen observaciones realizadas por la Juez 47 Penal.
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