
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (Seduvi) y la delegación Coyoacán extienden certificados de uso de suelo y licencias de construcción que violan el uso de suelo, autorizan giros comerciales en zonas de vivienda, construcciones en vialidades saturadas, apertura de antros irregulares o se muestran omisos en construcciones que rebasan los niveles permitidos en el Plan Parcial de Desarrollo.
Todo eso refleja “tráfico de dinero e influencias”, denunció el presidente de la Agrupación Ciudadana de Coyoacán, Manuel Palacios y Sierra, quien tiene documentados por lo menos 30 casos. En todo ello, señala, estaría involucrado el director general Jurídico y de Gobierno en Coyoacán, Roberto Sánchez Lazo Pérez.
Arena Coyoacán
Ejemplo de lo que sucede en Coyoacán es el antro denominado Arena Coyoacán, que inició su adecuación en octubre de 2010 en lo que antes fue el cine Coyoacán, en la esquina de Viena y Centenario. Las obras de lo que ellos llamaron remodelación arrancaron sin el aviso de obra oficial y documentación apócrifa.
El área Jurídica y de Gobierno y la Dirección de Obras autorizaron permisos para una construcción en el 153 de la calle Viena, cuando en realidad ese número lo ocupa un espacio habitacional desde 2006.
Los vecinos protestaron. Para el siguiente mes se emitió una nueva nomenclatura, ahora con el número 159. El espacio tendrá sala de cine, venta de bebidas alcohólicas, auditorio y espectáculo de box y lucha libre, todo ello con un aforo para mil 300 asistentes; sin embargo, Viena es una calle angosta.
El promotor de ese espacio es Alberto de Alba, dueño de varios antros en Coyoacán, “y muy amigo del delegado”, denuncia Palacios. “Hay dolo, tráfico de influencias y pretenden trampear a la delegación”.
Otras anomalías
A Lazo Pérez se le ubica como participante en varias irregularidades. Es el caso de lo que sucede en Cerro del Encinal 33, fraccionamiento Pedregal de San Francisco, donde su dueño, Ángel Roberto Tanús Vargas (nieto del ex jefe policiaco José Salomón Tanús) construyó su casa sin separación de barda con la casa vecina, y en lugar de tres niveles o 7.50 metros de alto, como lo marca el Plan Parcial de Desarrollo de la zona, puso un nivel más, lo que dio una altura de 11.15 metros.
Además, ayudado por alguna autoridad en la administración de Miguel Bortolini, realizó el pago predial como si su casa fuera de interés social, denunció la Asociación de Vecinos Pro Coyoacán.
Según la organización, es Lazo Pérez el que opera a favor de Ángel Tanús. El funcionario prometió a Alma Betancourt, vecina afectada por la obra: “Vamos a seguir con los juicios y vamos a hacer que pague por daños”. Luego propone que reciba 300 mil pesos.
La vecina aceptó, pero el propietario va más allá y quita los sellos de clausura. Sánchez Lazo lo había aprobado así, pero nunca se lo dijo. La afectada pide al subdirector de Procesos Jurídicos, Miguel Ángel García, la reposición de los sellos. Éste, junto con Sánchez Lazo, responde: “Para qué quiere que pongan los sellos si ya viven ahí”.
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