El problema de las detenciones

Cada tanto -alrededor de dos o tres meses-, recibimos noticias de detenciones mal hechas. Es un problema endémico del Distrito Federal que no se ha logrado resolver con ninguna medida. Hace pocos días, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) ha emitido la recomendación 6/2010 dirigida a la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad por el caso de Gabriel Ulises Valdez Larqué. Esta recomendación es apenas la última de una lista que comienza con la 11/1994. Desde el año mismo de su creación, la CDHDF ha emitido regularmente recomendaciones a las autoridades por las detenciones.

Hay problemas de todo tipo. Por ejemplo, un fenómeno recurrente es la detención policial realizada por una supuesta "actitud sospechosa" de una persona. Esto significa una violación a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, pues sin orden judicial y sin estar cometiendo ningún delito, la Policía detiene a las personas y revisa sus cosas. En general, esto provoca retenciones y cateos ilegales así como otros abusos, basados en la capacidad intuitiva de la Policía para identificar "actitudes" posiblemente delictivas.

Pero esto es apenas la punta del iceberg judicial. El corazón de las tinieblas está en el debido proceso.

 
 
Todas las violaciones posibles
 
Según la encuesta a población en reclusión "Delincuencia, Marginalidad y desempeño institucional" del CIDE, la violación de garantías en las detenciones es sistemática. En el 94 por ciento de las detenciones no se le muestra ninguna orden de aprehensión a la persona, en el mismo porcentaje no fueron llevados ante un juez -como dice la ley- sino a una agencia del Ministerio Público o a un módulo policial. La mitad de los internos fue informado de los motivos de su detención recién en la agencia del Ministerio Público. Y lo más inquietante es que alrededor del 10 por ciento fue informado directamente en el reclusorio. El 72 por ciento de los detenidos no fue informado de su derecho a no declarar, y en el 70 por ciento de los casos, ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. La mitad de los internos no contó con un abogado en el momento de la declaración.

El traslado de las personas detenidas tampoco cumple con el carácter de "inmediatez" que señala la ley. En la tercera parte de los casos, el traslado no es inmediato ni rápido. Esta demora en la presentación ante el juez es muy importante porque abre la posibilidad de que el detenido sea sometido a tratos crueles, humillantes o tortura por la policía. Esa "demora" en el traslado es un tiempo en el cual la persona no tiene abogado ni protección de ninguna clase frente a la posibilidad de abusos por parte de la Policía. Casi todas las denuncias de tortura, abusos psicológicos o maltrato de algún tipo se dan en ese lapso en que el detenido está indefenso en manos de la autoridad policial. Y cuando eso sucede, regularmente llegan los golpes y amenazas.

En este sentido, nuestras cifras han empeorado respecto de 2005. La Policía Judicial sigue siendo la peor, pero la Policía Preventiva ha comenzado a aumentar su violencia y los ministerios públicos también. Los detenidos que se muestran en televisión y en los periódicos aparecen casi siempre golpeados...

¿Por qué pasa esto? Hay muchas razones. El 73 por ciento de las detenciones ocurren a menos de 24 horas de cometido el delito. Casi la mitad de los mismas (44 por ciento), se produce a menos de una hora de la comisión del delito (realizadas por la policía preventiva). La mayoría de las detenciones se realizan bajo la figura de "flagrancia equiparada" que es la más sensible a las arbitrariedades. Pero más allá de esto, la verdad es que se detiene como se puede y como sea necesario, sin miramientos a los derechos. Al mismo tiempo, la confesión sigue siendo -aunque nadie lo acepte- la reina madre de todas las pruebas. Y las confesiones en la Ciudad de México no se consiguen investigando...

Esta cadena termina en los jueces que no controlan las detenciones, aceptan esas confesiones y sentencian sin importar los abusos y arbitrariedades. La culpa del detenido está por encima de sus garantías. Y este es un problema central: no hay jueces penales garantistas que pongan límites a los policías. Los jueces del sistema son buenos para condenar -de hecho muy eficientes- no para cuidar las garantías de las personas, que terminan a merced de los abusos del poder. Y eso es simplemente una inmoralidad.