Falta de recursos deja en el limbo caza de narcomenudeo

A siete meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue a las autoridades capitalinas las facultades para investigar y castigar el narcomenudeo, la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) aún no cuenta con dinero para esta tarea.

De los 150 millones de pesos que se necesitan para crear, al menos, tres Centros de Operación Estratégica (COE), donde se harán labores de inteligencia para perseguir la venta de droga en la ciudad, hasta el momento han recibido de la Asamblea Legislativa del DF “cero pesos”.

Esto pese a que desde agosto de 2009 la Cámara de Diputados aprobó reformas para que el narcomenudeo pudiera ser conocido localmente.

Además, en abril pasado la Asamblea Legislativa cambió la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Salud para que, a más tardar en agosto de 2012, los dealers sean llevados a instancias del DF y no a federales.

“Las reformas que se hicieron en la Asamblea Legislativa hacen mención a la disponibilidad de recursos y hasta el momento no hemos recibido dinero que nos permita armar las COE y contratar o formar nuevos ministerios públicos especializados”, lamentó José Ramón Amieba, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJDF.

Los COE, que sustituirán el trabajo que hacían las extintas Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, buscarían abatir los más de 800 puntos de narcomenudeo en la ciudad identificados por la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, pero sin el dinero sus planes se vuelven como castillos en el aire.

Se abrirían en zonas conflictivas de las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc e Iztapalapa, pero sus ubicaciones exactas aún no están definidas ni sus fechas de apertura. Tampoco saben en la PGJDF a cuántas personas, entre agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación, tienen que capacitar y contratar para ello.

Quedan pendientes

Incluso, todavía no se asientan los conceptos jurídicos con los que trabajarán en las COE, como “compras controladas”, es decir, la labor encubierta que hacen los policías de investigación cuando, disfrazados de civiles, compran droga a un narcomenudista para iniciar las pesquisas, reconoció el funcionario.

“Aún está pendiente de determinarse la figura, de definirse (…) Existen manuales, protocolos, pero aún estamos trabajando en el esquema definitivo de redacción”, explicó José Ramón Amieba.

Hasta el momento, el mayor avance se encuentra en el aleccionamiento de personal, para lo cual la PGJDF requirió la asistencia de la PGR: sólo 164 personas recibieron cursos sobre narcomenudeo y fue en cinco días, trascendió.

“Ésta es una tercera parte del personal que requeriríamos, por lo menos, para hacer frente al narcomenudeo”, señaló el subprocurador.

La falta de recursos, acusó el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de la ALDF, Julio César Moreno, se debe a que la PGJDF aún no ha solicitado el dinero para hacer frente a este delito.

“La Procuraduría, a ciencia cierta, no nos ha dicho cuánto es lo que requiere. Seguramente nos lo hará llegar ahora que viene el ejercicio presupuestal 2012”, indicó el diputado en octubre.

Mientras todo se define, los COE, la capacitación de personal y la infraestructura para combatir localmente este delito —considerado el punto financiero estratégico para los cárteles de la droga— están en pausa.