El problema de los penales

EN FLAGRANCIA

Gustavo Fondevila

Los reclusorios de la Ciudad de México ya ostentan un dudoso récord: por tercer año consecutivo lograron reprobar la evaluación anual que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el DF ha conseguido nuevamente aparecer en el último lugar y además con una calificación a la baja: 5.75 en 2007, 4.85 en 2008 y 3.57 en 2009. Por puro prejuicio, se cree que los peores penales están en lugares como Sinaloa o quizás en los Estados más pobres como Oaxaca. Pero no es así, lo peor de lo peor, lo tenemos aquí en la Ciudad de la Esperanza.

Desde atención médica deficiente, pésimos alimentos, falta de higiene, sobrepoblación (72.83 por ciento), hacinamiento y quizás, lo peor, prácticas de autogobierno y pagos para todo, tanto para tener visitas como para acceder a una televisión o un teléfono. Abusos y violaciones de derechos humanos son moneda común en nuestras cárceles. Y como contraparte, los custodios no reciben capacitación, no saben manejar conflictos y en algunos reclusorios, tampoco hay manuales ni reglamentos que aplicar.

Pero lo más interesante es que no pasa nada. Nadie renuncia, ni se hace responsable, ni sale a hacer declaraciones explicando que las cosas van a cambiar. Los reclusorios no interesan demasiado: son tierra de nadie donde se puede hacer cualquier cosa sin rendir cuentas.
 
El problema
 
¿Por qué sucede esto? Básicamente por tres motivos. 1) Para comenzar, tenemos un sistema penal represivo que considera que la cárcel es la mejor solución para todo tipo de delincuencia, desde robo simple sin violencia hasta homicidio. Esto provoca que apenas terminemos de construir un reclusorio nuevo ya esté abarrotado sin remedio (Santa Martha). Y podemos construir 20 cárceles más, para después descubrir que también son insuficientes. 2) En segundo lugar, las autoridades no están dispuestas a pagar más. Hoy cada recluso le cuesta al erario público alrededor de 120 pesos diarios cuando en una cárcel del primer mundo, esa cifra se triplica con facilidad. No se puede tener cárceles de primera que cuesten como de tercera o cuarta. Y esto no es solamente un problema técnico sino estratégico. ¿Qué funcionario va a arriesgar su capital político por los reclusos? ¿Quién va a aumentar impuestos o destinar más recursos del presupuesto exiguo de la ciudad para las cárceles? 3) Y por último, hay que reconocer que los reclusorios son un gran negocio que genera mucho dinero. Y si esto no se cambia, siempre va a haber mucha gente interesada en que todo siga igual, porque cuantos más presos, mayor hacinamiento, más problemas y necesidades hay mayores ganancias. Para darle un panorama rápido del asunto, según la encuesta a población en reclusión del CIDE, la institución entrega sábanas solamente al 1.64 por ciento de los reclusos, cobijas al 3.52 por ciento, ropa al 1.38 por ciento, zapatos al 1.07 por ciento. El resto de los 42,000 reclusos de la ciudad pagan por esos artículos, al igual que por recibir visitas (62 por ciento), por mandarlo a llamar (55 por ciento) o por pasar comida o ropa (60 por ciento). Imagínese el tamaño del negocio. El reclusorio no le da ropa pero le cobra a su familia por traérsela y así sucesivamente con los zapatos, los medicamentos, la comida, las sábanas, etc. Lucrar con personas que no tienen ninguna otra posibilidad de satisfacer sus necesidades que mediante el único proveedor es el intercambio comercial perfecto. Y si esta larga cadena de corrupciones no se rompe, vamos a seguir teniendo cárceles vergonzosas donde los motines son casi un futuro cierto.

Al ser liberado de su largo encarcelamiento, Nelson Mandela solía decir que se puede conocer rápidamente el estado moral de una nación, a través del estado de sus cárceles. Con seguridad, en la Ciudad de México, ese examen también lo reprobaríamos.