
El litigio que provocó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe del Gobierno del Distrito Federal en 2005 volvió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras casi nueve años de pleito entre la administración capitalina y la empresa Promotora Internacional Santa Fe.
Luis María Aguilar Morales propuso al pleno dejar sin efecto la sentencia del 5 de diciembre de 2008 que emitió el juez noveno de distrito en materia administrativa, Álvaro Tovilla León, que obliga al GDF a devolver dicho terreno a la citada compañía.
El motivo, explicó, porque regresarlo afectaría a la sociedad, ya que en las zonas expropiadas se construyeron obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, por lo que es necesario que las autoridades locales paguen a precio comercial, previo avalúo, el valor del mismo.
“El proyecto considera que el razonamiento del juzgador federal es inexacto, porque la simple existencia de obra pública es denotativo de gasto público, el cual, conforme al artículo 134 de la Constitución, debe administrarse con eficiencia y eficacia, lo que no se lograría con la devolución de los inmuebles, pues toda la obra ya construida no podría aprovecharse”, comentó el ministro.
El 6 de enero de 2009, después del amparo que otorgó el juez Tovilla León a Promotora Internacional Santa Fe, la Consejería Jurídica de la Administración local presentó, a través del Ministerio Público federal, un recurso de queja para que fuera el Tribunal Colegiado el que se pronunciara al respecto en este pleito legal.
Sin embargo, el caso llegó a la Segunda Sala de la Corte y a petición del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano decidieron turnarlo al Pleno, quien tras casi 10 años de juicio pondrá fin a este caso que acabó con el mandato de López Obrador, quien incurrió en desacato al no cumplir con la sentencia que ordenaba la devolución del predio.
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