
Vecinos y ejidatarios de Tláhuac presentaron un escrito en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, a través del cual le solicitaron al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, información a detalle del proyecto ejecutivo del Metro y sus respectivos estudios de impacto ambiental.
De acuerdo con los opositores a la edificación de la Línea 12 del Metro, desde que se inició la obra en la zona de Terromotitla, el GDF se comprometió a transparentar todo el proyecto.
Sin embargo, acusaron al mandatario local de no haber atendido dicha demanda, la cual también se hizo extensiva para al subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, Héctor Hernández Llamas.
Cabe destacar que entre las peticiones de los ejidatarios a la administración de Marcelo Ebrard está el clarificar montos, días de retransacción y personas que intervinieron en las negociaciones para la venta de tierras ejidales.
Esto cobra relevancia después de que se dio a conocer que el Sistema de Transporte Colectivo Metro compró algunas parcelas a personas que ya habían fallecido.
Aunado a los pagos duplicados que aparecen en el oficio obtenido a través del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual representa otra irregularidad.
El documento fechado el 8 de septiembre de 2010 también fue girado a Héctor Adrián Aguilar Cruz, quien es el coordinador Territorial en Tláhuac; a Emiliano Aguilar Esquivel, diputado local; al jefe delegacional Rubén Escamilla y al director general del Proyecto Metro.
Como peticionarios aparecen en el documento enviado al GDF los habitantes de la zona chinampera, vecinos de los pueblos de San Pedro Tláhuac y San Francisco Tlaltenco.
Entre las peticiones de los ejidatarios destaca la presentación de planos y maquetas con relación al proyecto Metro, y demás proyectos u obras inducidas en el territorio delegacional, cuando se aprobaron y cuando fueron publicados en el Diario Oficial.
Así como la presentación del proyecto ejecutivo y el general del Metro y las obras inducidas certificado por el director general.
Además, requirieron los estudios de impacto ambiental certificados por la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) y demás autoridades ambientales.
Por otro lado, solicitaron a la administración capitalina la documentación del proceso expropiatorio y la resolución donde exista certeza legal de la construcción de estas obras.
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