
La Procuraduría Social del Distrito Federal (Prosoc) tiene identificadas al menos 50 unidades habitacionales donde los conflictos vecinales hacen difícil que se cumpla con las leyes de Propiedad en Condominio y la nueva de la Procuraduría Social, que entró en vigor en enero pasado.
En dichas unidades hay grupos con intereses particulares, los cuales no permiten que se constituyan las mesas administrativas, generando problemas internos.
Esa situación provoca que no se pueda hacer una adecuada recaudación, tampoco permite establecer reglas claras de convivencia y se desgasta el tejido social interno, además del deterioro de sus estructuras.
“Al no tener esta recaudación de cuotas, pues se lleva a que el deterioro del inmueble se vea aún más agravado. Esos grupos entorpecen los trabajos de mejoras”, dijo en entrevista con MILENIO la procuradora social Dione Anguiano.
De acuerdo con la Prosoc, hay otras unidades que acaparan el mayor número de las 5 mil 730 quejas condominales que se presentaron de enero a septiembre: Lindavista Vallejo, manzanas 2 y 3, y Joyas Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero; Campo Encantado, en Azcapotzalco; Copilco Universidad, Villa Panamericana e Integración Latinoamericana, en Coyoacán.
Asimismo, Fuentes Brotantes, en Tlalpan; Torres Coyuya y Parque Modelo, en Iztacalco; y Galaxia Oceanía, en Venustiano Carranza, además de los condominios ubicados en Insurgentes 300 y Romero 113, en la delegación Benito Juárez.
El 63 por ciento de esas quejas fue por morosidad, 37 por afectación a la tranquilidad, actos de administración, filtración de estacionamiento y por las mascotas.
Debido a esas situaciones, en esos conjuntos la Prosoc ha tenido que actuar también como conciliador entre los vecinos que tienen problemas, como se los marca la nueva ley, después se procede al arbitraje y por último a las multas.
“La mayoría de los problemas son individuales, por ejemplo cuando un vecino se queja de otro por la afectación a la tranquilidad, la invasión de áreas comunes y las filtraciones cuando un departamento afecta a otro”, mencionó Anguiano.
Para el caso de la morosidad en las cuotas, la Procuraduría Social realiza un proceso de conciliación, llama a las partes para saber por qué no hay pago, incluso se les da facilidades y les señala que puede cambiar el dinero por trabajo comunitario, en favor de su unidad.
No obstante, la Prosoc busca aplicar la ley e incluso que las medidas no lleguen al arresto, aunque la norma actual lo permite.
“Hoy dentro de la ley se maneja el arresto hasta por 36 horas, que puede ser conmutable pagando una multa; la más alta es de 100 salarios mínimos, más o menos 6 mil pesos”, expuso la funcionaria.
“Las cuotas vienen girando entre 20 y 50 pesos, en el caso de viviendas de interés social, en el de recursos económico más altos es de 2 mil a 4 mil, entonces siempre está por encima la multa que el pago de sus cuotas.”
De acuerdo con la Ley de la Procuraduría Social, en sus artículos 61 a 77, y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en sus artículos 66 a 73, se establece la facultad de intervención de la Prosoc mediante la queja en materia condominal para la resolución de conflictos.
En el DF hay 7 mil 250 unidades habitacionales, distribuidas en las 16 delegaciones.
Con mayores problemas
••• Las unidades más conflictivas da a conocer por la Procuraduría Social del Distrito Federal son:
1.- Unidad habitacional 14 de Diciembre. Problemática: existe una administración convencional, que no contaba con registro emitido por la Prosoc y se rentaba el espacio de área común a un servicio de transportadora particular.
2.- Unidad habitacional Copilco. Existía una “administración” general que no contaba con registro emitido por la Procuraduría Social.
3.- Unidad IMSS Santa Fe. Problemática: una gran morosidad y el descontento de los condóminos con la administración por no rendir cuentas.
4.- Unidad Loma Hermosa. Tiene 20 años con administración no reconocida ante la Procuraduría Social, problemas de cobros indebidos en las cuotas y maltrato a las personas de la tercera edad
5.- Unidad habitacional Petrarca. Problemática: existía una administradora registrada ante la Prosoc, además de las diferencias que existían de ella para los condóminos, por lo que ella misma solicitó asesoría a la procuraduría para elegir administrador.
6.- Unidad habitacional Torres de Quiroga. Problemática: los condóminos solicitan que se legalice la administración por problemas de representatividad y poder actuar contra la invasión de áreas comunes y ambulantaje.
7.- Unidad La Cantera. Existía una persona que se ostentaba como administrador, los condóminos solicitaron que la Prosoc emitiera la convocatoria.
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