Vive la ciudad desorden por tiraderos de cascajo

Desde el 27 de julio de 2011, tirar cascajo en sitios no autorizados es un delito ambiental en el Distrito Federal, pero eso no ha impedido que áreas verdes, públicas o privadas, baldíos, banquetas y grandes camellones sean usados para dejar cerros de residuos de obras.

En los últimos seis meses, este delito ha generado 13 detenciones, cuatro consignaciones y una sentencia en contra de dos personas, informó el fiscal de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Samuel Ibarra.

Sobre esta última, detalló que el pasado 26 de octubre dos hombres fueron sorprendidos tirando cascajo en una zona de conservación de Xochimilco. El 27 de diciembre fueron condenados a tres años y dos meses de prisión, además de pagar más de 70 mil 500 pesos de multa y siete mil 700 pesos por concepto de reparación de daño.

En entrevista, el funcionario dijo que la mayoría de los detenidos dijeron no saber que era un delito tirar cascajo en lugares no autorizados o mintieron al decir que tenían permiso de algún particular para hacerlo.

Tiraderos prohibidos

En 2010, el relleno sanitario del Bordo Poniente fue cerrado para el tiro de cascajo. Desde entonces, en el Distrito Federal sólo hay dos lugares con permiso para el depósito de cascajo: una planta de reciclaje ubicada en la colonia El Triángulo y un tiradero a pie de cerro en la Tenorios, ambos en la delegación Iztapalapa.

Sin embargo, la zona oriente de la ciudad se ha convertido en un inmenso tiradero clandestino, en particular, las inmediaciones de la Central de Abasto (Ceda).

Allí, cerros de escombro ocupan camellones y banquetas del Eje 6, que incluso obstaculizan el paso al peatón, además de que tapan las coladeras y afectan mantos freáticos.

La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) elabora un estudio sobre el tratamiento de la basura en la ciudad de México y abarcará el tema del cascajo.

“La ciudad ha estado metida en un proceso de obras, tanto públicas como privadas a lo largo de este último año. Hemos detectado junto con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) una serie de problemas asociadas con el cascajo, porque es llevado también a basureros clandestinos ubicados en el oriente de la ciudad y sobre mantos freáticos”, dijo el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

Agregó que con esta situación “se estaría produciendo contaminación por enterrar este tipo de basura y se estaría obstaculizando la alimentación de agua para la ciudad”.

Uno de los sitios de reserva natural convertido en un tiradero clandestino de basura y cascajo, pese a los letreros que el cuidador del lugar ha colocado, es el Parque Recreativo y Ecológico Yecaxustitla, en San Miguel Teotongo, Iztapalapa. En ese lugar hay pedacería de excusados, mosaico, loseta y escombros de construcción sobre las áreas verdes.

El valor del cascajo

Antes de ser tiradero autorizado, el predio conocido como La Mina–El Poli, en la colonia Tenorios, fue explotado de 1970 al 2004 para extraer arena y grava.

Dos años después, el GDF otorgó la concesión 0001, al ingeniero Carlos Medina, para ser usado oficialmente como disposición final de desechos sólidos generados por la ejecución de obras.

En este sitio, el costo por descarga es de 200 pesos para un camión de hasta ocho metros cúbicos. El precio sube a 250 pesos para uno de hasta 18 metros cúbicos y 500 pesos para una “góndola” con capacidad de 32 metros cúbicos.

También se pueden llevar cantidades; el costo es 25 pesos por cada metro cúbico, equivalente a ocho costales, cuyo contenido deberá ser vertido por el propio interesado.

La Mina-El Poli tiene capacidad para seis millones de metros cúbicos. Ahí se desecha el cascajo y luego se aplana. El proyecto indica que cuando esté saturado, se colocarán capas de tierra vegetal para reforestarlo y convertirlo en un pulmón para el Distrito Federal, pues hasta ahora su suelo es arenoso y sólo unas cuantas plantas crecen allí.

El horario de este tiradero es de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y hasta las 13:00 horas los sábados. En ese lapso, no sólo llegan los camiones con cascajo sino grupos de pepenadores, entre 14 y 30 años de edad, para sacarle provecho.

Con mazos y picos, retiran varillas y fierro entre trozos de cemento que antes fueron techos y castillos. Luego lo venden, a tres pesos por kilo.

También recuperan el aluminio de ventanas, que es pagado a 10 pesos el kilo, y el bronce de restos de lavabos, tinas y codos de tubería, para obtener 40 pesos por kilogramo. Aunque lo mejor pagado es el cobre -60 pesos el kilo- que generalmente encuentran en cables de electricidad.

En La Mina-El Poli no se recibe basura, costales de plástico o cartón ni lodo de aguas negras, para evitar la contaminación del subsuelo.

Sin embargo, a un costado de ese lugar existe un sitio de tiro clandestino llamado Rancho Capulín, propiedad de los herederos de Teófilo Aguilar Rioja, el llamado “patriarca minero” de esa zona, investigador y benefactor de Tláhuac.

Se ahorran costos

De acuerdo con quejas de vecinos, ahí los costos son más bajos y no hay control. Incluso se hace quema de cables para recuperar cobre. A pesar de que fue clausurado en septiembre de 2011, continúa el desecho.

“Aquí me cobran cien pesos más barato que al lado”, dijo un cascajero. En consecuencia, ahí llegan más camiones con cascajo que al sitio autorizado para recibirlo.

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que al interior del Rancho Capulín arriban carros cargados con basura y material no apto para ser vertido a cielo abierto como lodo contaminado y cascajo mezclado con otros residuos. De ese material hay montañas en su interior.

Omisión de secretaría

Aunque a través de clasificados, letreros en postes, anuncios en bardas e incluso por internet se puede ubicar la forma de trasladar cascajo, no hay una lista al día sobre quiénes tienen permiso para hacerlo.

Samuel Ibarra, titular de la Fiscalía de Delitos Ambientales de la PGJDF, responsabilizó a la Secretaría de Obras que dejó pasar por alto la actualización.

“Es un delito el transporte de cascajo, sí, pero a la hora que entró en vigor la ley, empezaron a sacar sus pecados las autoridades y el registro de transportistas que debía haber estado en la Secretaría de Obras, tenía cinco años sin actualizarse. Entonces no podemos saber cuál es el cascajero bueno o el malo”, aseguró.

Explicó que por esta razón se decidió suspender la sanción de ese delito ante la falta de certeza jurídica.