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Nace el Instituto de Verificación Administrativa del D.F.

febrero 9, 2010

Antecedentes

El recién nacido Instituto Verificador del Gobierno del Distrito Federal fue propuesto en julio de 2008 a los padres de familia y jóvenes afectados por el operativo en la discoteca New’s Divine. Se hablaba de incorporar a la ciudadanía a la verificación de antros.

La consejera jurídica del GDF planteó, en ese entonces, la creación de un consejo ciudadano a nivel distrital y consejos delegacionales en los que fueran convocados a participar padres de familia.

La iniciativa – que también sería consensuada con los jefes delegacionales – proponía atribuirle al instituto el carácter de autoridad en materia de protección civil para verificar este tipo de lugares.

De hecho se propuso reformar la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para dotar a las delegaciones y al nuevo organismo de atribuciones legales para vigilar a los antros.

En concreto se trataba de que el nuevo instituto diera su visto bueno a la expedición de las licencias de funcionamiento que otorgan las delegaciones a los establecimientos.

También realizarían verificaciones de espectáculos públicos masivos con el propósito de prevenir incidentes tumultuarios.

Para integrar este nuevo órgano, al que darían atribuciones para verificar y sancionar, se tendrían que reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Procedimiento Administrativo, de Protección Civil y el Código Penal local. 

Centralización versus delegación

Hacia finales de 2009, el GDF entregó a la ALDF un paquete de iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con las que busca facilitar la operación de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios.

Con tales leyes se establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal en caso de falsear información sobre la operación de un negocio.

Concentra en un solo organismo, el Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas y por lo menos seis secretarías del GDF.

El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tendrá atribuciones de supervisión en materia de protección civil, medio ambiente, estacionamientos, establecimientos mercantiles, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano, uso de suelo, mercados y abasto, espectáculos públicos, salud, turismo y servicios de alojamiento.

Además, el organismo, descentralizado de la administración pública, practicará visitas domiciliarias, auditorías, revisión de dictámenes, así como visitas de inspección y verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal por la operación del negocio. 

Tendrá atribuciones para imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal, y a las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada al gobierno local.

Por una parte, las delegaciones políticas pierden todas sus facultades de verificación administrativa, aunque no quedarán relegadas de todas las decisiones, pues los jefes delegacionales tendrán atribuciones para solicitar la remoción de directores ejecutivos territoriales que trabajarán para el nuevo instituto de verificación local.

Con la creación de este ente administrativo, el GDF busca hacer más rígido el sistema de control sobre las verificaciones; se argumenta que en no pocas ocasiones las tragedias han evidenciado la operación irregular de algunos establecimientos mercantiles.

Pero las visitas rutinarias que celebraban las delegaciones de hecho ya constataban las anomalías con que funcionaban algunos establecimientos. Por esto parecería inexplicable el retiro de esta función a las delegaciones.

La mayoría de los delegados prepara plantear su inconformidad ante varias de las atribuciones que ahora tendrá el Instituto. Hasta el momento, las otras entidades del GDF cuyas atribuciones han sido menguadas o minimizadas no han expresado protesta alguna, al menos públicamente.

La razón de peso es la corrupción. Los dueños de antros tuvieron que reconocer que para seguir operando le tienen que entrar. La “mordida” que reconocen pagar mensualmente a los verificadores delegacionales va de los 15 mil a los 17 mil pesos para poder cerrar hasta las 5:00 horas y desde 150 mil hasta 2 millones de pesos por evitar una clausura.

El GDF, al concentrar esta función, lo único que estaría haciendo es hacer suyas las jugosas mordidas que los mismos dueños reconocen proporcionar, por lo que no es la falta de un institución lo que se necesitaba para que un establecimiento opere con base en la normatividad, sino un cambio radical en el sistema de prácticas corruptas que burlan la ley para beneficio privado.

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