La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), cuyo núcleo es la ciudad de México, es la metrópoli más grande e importante del país, la de mayor población en América Latina, y una de las más grandes a nivel mundial. Este hecho la convierte en laboratorio paradigmático de lo que ocurre en el campo de los derechos humanos en otras muchas metrópolis de México y América Latina,  sin que podamos borrar sus notorias  diferencias y particularidades (Pradilla y Márquez, 2007). 

Difícilmente podríamos añadir nuevos elementos al cuidadoso, extenso y detallado diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el Distrito Federal en el 2008, realizado y publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otras instituciones (Comité ..., 2008), el cual nos brinda una visión integrada sobre el tema.

A continuación una serie de breves reflexiones al respecto:

1. Una problemática metropolitana

El Distrito Federal (DF) es solo una parte de la ciudad real, la ZMVM por lo cual, directa o indirectamente, la satisfacción de los derechos que garantizarían la seguridad humana a todos los habitantes, debería establecerse en ese ámbito y no fragmentadamente en el del DF o de los municipios mexiquenses conurbados.

Las dos partes de la metrópoli se asientan mayoritariamente sobre un ámbito geográfico único, el valle de México, y el crecimiento demográfico, económico e inmobiliario de la metrópoli en las últimas 6 décadas, ha agotado en gran medida sus recursos naturales, y desbordado su capacidad de regeneración ambiental.

La disponibilidad de agua potable proveniente del subsuelo o de fuentes externas cada vez más alejadas, la capacidad de absorción de las aguas lluvias, o de extracción de ellas y de las aguas negras del valle, o los procesos de  contaminación del aire, el agua –superficial o subterránea–, o el suelo, no se detienen frente a los límites administrativos particulares; y gran parte de las determinaciones de estos procesos por la cultura del automóvil privado, o la del consumo productivo o doméstico suntuario, irreflexivo o abiertamente irracional de los recursos naturales, desborda ampliamente el ámbito metropolitano, llegando al nacional y, cada vez más, al mundial.

La satisfacción de otros derechos, como a la salud o la educación, a la vivienda adecuada o al trabajo, debido a la movilidad de la población con la migración permanente o itinerante entre ámbitos territoriales, pueden también desbordar los límites administrativos. Y por tanto, la garantía del derecho a la movilidad incluyendo los medios para lograrla, más amplio que la libre circulación y aún no reconocido legalmente, también desbordará estos límites.

Lo que conocemos suficientemente es que el abordaje unitario o coordinado de la garantía y satisfacción de estos derechos se enfrenta a la diferenciación del tratamiento legal y normativo en las tres entidades donde se asienta la metrópoli, a la gran fragmentación de la gestión y las políticas públicas, a la ineficacia e insuficiencia de los instrumentos de coordinación metropolitana, y a los enfrentamientos políticos partidarios en torno a las alternativas de solución (Pradilla y Sodi, 2006: 254 y ss.).

2. En la metrópoli no se garantizan los derechos humanos universales

El análisis realizado por la CDHDF, y muchos trabajos de investigadores universitarios, nos indican que, a pesar de encontrarnos en la metrópoli más importante y con más altos ingresos públicos y privados de México, en ninguna de las partes de la ZMVM se garantizan plena y satisfactoriamente los derechos humanos a todos sus habitantes, usuarios y visitantes.  

Hay derechos que no han sido aún reconocidos legalmente (el derecho a la ciudad, o el derecho a la movilidad, por ejemplo).

En el marco de la insuficiencia crónica de recursos públicos destinados a los rubros de la seguridad humana, las prioridades establecidas por los gobiernos no necesariamente se orientan hacia la garantía de los derechos humanos básicos como la dotación de agua potable, el drenaje y saneamiento, la educación o la salud. Con frecuencia, las prioridades se otorgan a gastos suntuarios, simbólicos, publicitarios, de interés para sectores particulares de la economía, o a la construcción de infraestructuras útiles solo para sectores minoritarios. Así, la satisfacción universal de los derechos se pospone indefinidamente.

La cobertura de la infraestructura y la producción de bienes y servicios públicos que garantizan derechos humanos básicos (dotación de agua potable y drenaje, servicios de salud y educación, programas de vivienda, protección ambiental) muestran una aguda desigualdad tanto cuantitativa como cualitativa, en el tiempo, entre territorios y sectores sociales y de ingreso. Los sectores sociales de más bajos ingresos, en su vivienda y sus colonias, son los que sufren la más tardía rotación, y las más adversas condiciones de accesibilidad, cobertura y calidad de estos servicios.

Aunque los derechos humanos implican relaciones sociales entre individuos, grupos e instituciones, en particular el Estado, la ausencia de condiciones legales de exigibilidad y justiciabilidad del derecho, o de condiciones económicas y sociales para exigir su garantía, los hace en muchos casos inoperantes.

En general, la ciudadanía cuenta con  escasos espacios de participación en la gestión de estos derechos, lo cual dificulta su acción colectiva e individual para exigir políticamente y demandar jurídicamente el cumplimiento de la responsabilidad de garantizarlos.

3. Una coyuntura regresiva para los derechos humanos

Como lo señala el estudio de la Comisión (Comité..., 2008: 112), la adopción del patrón neoliberal de acumulación luego de la profunda recesión de 1982, ha tenido un impacto directo sobre la garantía y satisfacción de los derechos relativos a la seguridad humana  de la población residente o transeúnte en la ZMVM.

En la medida que el patrón de acumulación neoliberal no ha garantizado ni un crecimiento sostenido de la economía (recesiones de 1982, 1986, 1995, 2001 y 2008, y una tasa de crecimiento anual promedio de la economía en el período mucho menor que en el intervencionista), ni un mejoramiento de la distribución del ingreso entre los diversos sectores sociales, a nivel nacional o metropolitano, y que el DF –y posiblemente toda la metrópoli– ha presentado, al menos desde 1993, tasas de crecimiento económico menores que la nacional, tasas de desempleo mayores que la nacional y un proceso articulado de desindustrialización y terciarización informal que le han hecho perder productividad, las nuevas condiciones económicas acentuaron las carencias del pasado en los rubros de la seguridad humana, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales (Pradilla y Sodi, 2006: 24 y ss.).

Hoy, enfrentados a escala mundial, a la más grave y profunda crisis estructural  de los últimos 70 años, modifiquen las políticas neoliberales, hay razones suficientes para adelantar que la coyuntura traerá un retroceso en las condiciones de seguridad humana conquistadas hasta ahora.

En este marco estructural y coyuntural, el desempleo masivo, la gran masa de informalidad, la ausencia de cobertura de la seguridad social, el reducido y descendente ingreso de la mayoría de la población, aparecen como los vectores socio-económicos mas importantes y más negativos para la situación de satisfacción de los derechos que garantizan la seguridad humana.

4. El proyecto de ciudad y los derechos humanos

Dominadas por el pragmatismo, y los imperativos de la competitividad en la globalización, las políticas públicas de los fragmentos administrativos de la metrópoli, no constituyen cada una un proyecto de ciudad, y su sumatoria tampoco forma un proyecto integral de metrópoli.

Por otra parte, tanto los Programas Generales de Desarrollo, como los Programas Sectoriales, por las mismas razones, y por la perdida de terreno del Estado frente al capital privado, ni alcanzan el estatuto de proyecto urbano integrado, ni tienen como prioridad y objetivo central la garantía universal de los derechos humanos que forman parte de la seguridad humana.

No hace falta señalar que los intentos por llegar a la construcción y, sobre todo, aplicación coherente y coordinada de un Programa de Desarrollo Metropolitano, han sido coronados por el fracaso.

5. Sugerencias para la discusión

Creemos que de estas breves reflexiones se derivan varios temas fundamentales para la discusión y la búsqueda de acuerdos colectivos para la acción:

En primer lugar, la necesidad de analizar la situación de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad humana, y en otros ámbitos, y encontrar y aplicar las soluciones a escala metropolitana, lo que implica encontrar opciones eficaces y eficientes de coordinación o gobierno metropolitano.  

En segundo lugar, en estos momentos en que el patrón neoliberal de acumulación atraviesa por su mas profunda crisis, debatir y aplicar adecuaciones y reformas que coloquen de nueva cuenta a los derechos a la seguridad humana, responsables en gran medida de la calidad de vida de toda la población, en un lugar prioritario como objetivo y meta central del patrón de desarrollo impulsado por el Estado y la sociedad civil a escala nacional y de las partes de la metrópoli.

En tercer lugar, la discusión y adopción de políticas de desarrollo que realmente coloquen en primer plano y como prioridad central, la promoción y facilitación de la creación de empleo suficiente, estable, bien remunerado y con protección de la seguridad social, como piedra angular de la satisfacción de las necesidades esenciales de la población.

En cuarto lugar, colocar a la garantía y satisfacción universal de los derechos a la seguridad humana (agua, drenaje y saneamiento, educación, salud, medio ambiente, salud reproductiva) como la trama básica, determinante de las prioridades de acción e inversión, de los programas de desarrollo, en el marco de un proyecto metropolitano de largo plazo, incluyente, equitativo, elaborado con participación ciudadana real.

Finalmente, buscar y aplicar las acciones efectivas para avanzar hacia la inclusión y la equidad distributiva en la dotación de los bienes y servicios que conforman la seguridad humana, en términos cuantitativos y cualitativos, temporales, sociales y territoriales, pues solo así podremos hablar de democracia real.

Notas

* Ponencia (abreviada) presentada en el Encuentro Internacional “Derechos Humanos y Metrópolis”, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 23 y 24 de abril de 2009

** Doctor en Urbanismo. Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores de México.  Miembro de la Junta Directiva de Metrópoli 2025.

Bibliografía

Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008, Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal 2008, México DF, México

Pradilla Cobos, Emilio y Demetrio Sodi de la Tijera, 2006, La ciudad incluyente. Un proyecto democrático para el Distrito Federal, Editorial Océano, México DF, México.

Pradilla Cobos, Emilio y Lisett Márquez López, 2007, “Presente y futuro de las metrópolis de América Latina”, Cadernos Metrópole, núm. 18, 2º semestre 2007, Sao Paulo, Brasil.

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