En los catorce meses anteriores, el Circuito Interior (o Circuito Bicentenario) fue objeto de obras de reencarpetamiento con concreto hidráulico, cuya vida útil será de 30 años. Más allá de preguntar cuánto tiempo durará sin baches esta vialidad principal de la ciudad de México, inquieta conocer qué se hace con la carpeta asfáltica sustituida y, en general, con los desechos de la construcción y demolición.

El Instituto Nacional de Ecología (INE) define residuos sólidos de construcción y demolición como aquellos que se generan como resultado de dichas actividades. En consecuencia un residuo sólido de construcción y demolición incluye el clavo que ya no usó el carpintero porque estaba doblado, el pedazo de tablaroca que sobró luego de hacer un muro, la mezcla que ya no pudo terminar el albañil porque concluyó su jornada laboral, los botes de pintura vacíos o no que le dieron color a la obra y un interminable etcétera.

Un diagnóstico del INE ubica al sector de la construcción y la demolición como el que mayor cantidad de desperdicios emite al registrar un promedio de 13,130 toneladas diarias de materiales provenientes de obras para vivienda, comercios, industria e infraestructura. Con respecto al total de residuos sólidos, el sector aporta el 21%.

De acuerdo con las autoridades del Distrito Federal, basadas en estimaciones de las delegaciones, la generación de estos residuos alcanza valores cercanos a las 3,000 ton/día.

Ahora bien, en la capital del país no sólo es mayor el porcentaje que representan los residuos de construcción y demolición respecto a la generación total – si lo comparamos con el dato nacional –; el inventario de residuos sólidos del DF 2007 informa que sólo se tiene conocimiento que 386 toneladas de estos residuos se disponen en el relleno sanitario de Bordo Poniente Etapa IV, así que las toneladas restantes, obviamente, se tiran en barrancas, lechos de ríos, canales, caminos vecinales, etc.

La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal clasifica a los residuos de la construcción como uno de los que deben ser manejados de manera especial dentro de la Ciudad de México, tanto por la cantidad de material involucrado y su impacto en el ambiente (por una disposición inadecuada) como por su potencial de reuso y reciclaje. Asimismo, la NOM NADF-007-RNAT-2004 establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción en el DF, que busca fomentar el manejo adecuado de estos residuos así como fortalecer su reuso y reciclaje.

Pero el reciclaje de materiales provenientes de las actividades de construcción y demolición aún está lejos de ser norma en la ciudad pese a las ventajas que reportaría. En principio, el reciclado ayuda a que no se genere contaminación y basura en el medio ambiente. Además, los materiales obtenidos del reciclaje pueden llegar a ser 50% más baratos que uno normal, así como de mejor calidad.

Para la Secretaría del Medio Ambiente el empleo de reciclados contribuirá a disminuir el derroche de materiales vírgenes en la edificación de vivienda y a preservar áreas naturales y comunes, que en algunos casos sirven para tirar el escombro. Al mismo tiempo, los desechos también generan ahorros en los acarreos, pues cada vez se traen materiales vírgenes de sitios más lejanos.

Con todo, el compromiso de construir una ciudad sustentable no parece acercarse : las leyes y normas existen pero las autoridades y los ciudadanos las incumplen. Algunos ejemplos:

De las obras que realiza el GDF, que genera el 60% de estos residuos sólidos, sólo recicla la empresa CICSA, la cual obtuvo la licitación para construir la Línea 12 del Metro. Esta empresa traslada los desechos a Concretos Reciclados, la única empresa en México que convierte este residuo sólido en cemento, grava y arena. Por otra parte, sólo la delegación Iztapalapa, de las 16 que hay, lleva sus desechos a reciclar.

Los residuos sólidos generados por las obras del Circuito Interior irán a un tiradero que tiene Cementos Mexicanos (Cemex), la empresa encargada de esta obra, en Tecamac, Estado de México, si bien este tiradero es legal y no obstruye ningún manto acuífero.

Aún cuando existe la normatividad, tanto las autoridades delegacionales como las del gobierno central, carecen de la voluntad política para aplicarlas, por lo que lejos están de convertirse en los principales promotores del respeto a la ley.

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