El director general Jurídico y de Gobierno de Coyoacán, Enrique Sánchez Aguilar, informó que dos amparos judiciales han impedido que cerca de 100 mil habitantes de demarcación tengan acceso a servicios e infraestructura.
Comuneros y ejidatarios reclaman indemnizaciones por la expropiación de los terrenos que hoy ocupan una decena de colonias, algunas de las cuales enfrentan situaciones de marginación.
Los amparos prohíben a las autoridades delegacionales construir cualquier tipo de obra pública, así como otorgar licencias de construcción, declaración de apertura de negocios o número de alineamiento oficial.
A esto se debe que desde hace 10 años no hay obras, ni infraestructura nueva en la zona.
Fuente: La Jornada; 28 de febrero de 2005.
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