La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa espera el resultado de las investigaciones que ha iniciado la Contraloría Interna del Tribunal Electoral local en contra del magistrado Miguel Covián Andrade para resolver la crisis interna que afecta a ese organismo.

Luego de la comparecencia del Contralor Roberto Cánovas ante las Comisiones Unidas de Transparencia y de Asuntos Político Electorales y del propio magistrado Covián, quien personalmente solicitó asistir para rechazar todas las imputaciones en su contra, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el perredista Leonel Luna, espera una salida tersa, que no afecte más a la institución.

"Decidimos esperar los resolutivos de la Contraloría y una vez que tengamos el resultado tendremos qué tomar una decisión; en caso de comprobarse alguna irregularidad de parte del magistrado (Covián), tendremos que dar vista a la Comisión de Gobierno y ella resolverá si llama a la Comisión jurisdiccional para resolver la destitución del acusado", dijo Luna.

Para Covián, la decisión de los diputados está encaminada a su destitución; sin embargo, advierte que dará la pelea para demostrar que existe una acción concertada en su contra, derivada de los resolutivos que apoyó contra el PRD en el proceso electoral de 2009.

La crisis del TEDF estalló en abril del año pasado, cuando tres ex colaboradores de Covián denunciaron ante la Contraloría Interna del TEDF la supuesta venta y renta de sus plazas, extorsión, y abuso de autoridad.

Las investigaciones de la Contraloría del TEDF, cumplen ya 9 meses sin resolverse, y a las denuncias iniciales se han sumado tres más por las mismas irregularidades, dos de ellas con extensión a la Procuraduría local.

Miguel Covián, magistrado a quien se relaciona con la corriente Nueva Izquierda del PRD y el senador René Arce, ha interpuesto los recursos de amparo correspondientes a cada acusación, pero en diciembre pasado, se sumó una denuncia más: la presunta violación al Código Electoral del DF por presuntamente pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y percibir un ingreso salarial.

Covián acusa al pleno del Tribunal y a su presidente, Adolfo Riva Palacio de contratar un artículo periodístico en una revista por un monto superior a los cien mil pesos, y mostró una copia de la publicación.

Afirma que el texto constitucional del artículo 134 prohíbe la apología de cualquier servidor público a través de cualquier medio.

Sin embargo, el magistrado presidente mostró copia del contrato correspondiente, que ascendió a 105 mil pesos, y que incluyó tres contraportadas de la revista y un publirreportaje que no hacía referencia a funcionario alguno.

Covián también acusa una aprobación atípica, a deshoras y sin mediar advertencia alguna, de un contrato suscrito con la empresa DEN Constructora para la adecuación y diseño del edificio sede por 5 millones de pesos.

Ante ello, el Secretario Administrativo del TEDF, Antonio Nava, mostró los documentos que respaldan la modificación legal del contrato, acompañados del Acuerdo 021/2009 aprobado por la mayoría del pleno del TEDF con base en lo que marca el artículo 5 del TEDF el cual establece que "lo no previsto en los presentes lineamientos (referentes a los contratos suscritos con particulares) será resuelto por el pleno".

En cuanto a la investigación iniciada contra Covián a partir de una denuncia anónima presentada ante la Contraloría por presuntamente violar el Código Electoral del DF por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, el magistrado se defiende y muestra copia del Acuerdo presidencial por el que se establece dicho Sistema.

"El artículo 20 de este Acuerdo lo señala que las cantidades que se otorgan a quienes reciben tal distinción (la de investigador nivel 1) constituyen un estímulo, el cual de ninguna manera se considera como un salario o contraprestación por un servicio prestado (...) esto es una prueba más de la persecución en mi contra", concluyó Covián.