Penalizarán a empresas que obliguen a sus trabajadores firmar documentos en blanco

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Diputados aprueban reforma contra despidos injustificados

La modificación a la ley del trabajo prohibe obligar a empleados a firmar papeles en blanco; el dictamen, que fue enviado al Senado, fija multas hasta por 133,000 pesos a quien incumpla la ley.


La Cámara de Diputados aprobó este jueves reformas a la Ley Federal del Trabajo que penalizarán que patrones o empresas obliguen a sus trabajadores firmar documentos en blanco para privarlos de sus derechos laborales.

El proyecto de decreto avalado en lo general y lo particular por 299 votos a favor fue turnado a los senadores para su discusión y eventual ratificación.

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El documento establece multas para quienes realicen esas prácticas, las cuales van de 125 y hasta 1,900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual equivaldría a 133,190 pesos.

Con la modificación al artículo 33 queda prohibido obligar a los trabajadores firmar documentos en blanco. En caso de que esto suceda, el trabajador podrá denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) o las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal.

La firma en blanco es aquélla puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos, precisa el dictamen.

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Los legisladores reformaron el artículo 1006 que considerará que son documentos falsos aquéllos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador.

Las reformas tienen como objetivo hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente, así como a garantizar medios probatorios adecuados en caso de que sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia voluntaria.

El documento advierte que la ley anterior a la reforma es omisa en cuanto a las renuncias involuntarias, omisión perjudicial para los trabajadores, quienes al carecer de pruebas para acreditar la simulación desisten de hacer valer sus derechos fundamentales por vía jurisdiccional.

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La reforma pretende establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar los abusos de ese tipo, sin poner en riesgo su contratación, y sancionar a los patrones que incurren en este delito, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de los empleados.

CNN Expansión

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