Pobreza, violencia y corrupción en México

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Fuente: El Diario

El 20 de enero, Donald Trump se convertirá en el Presidente 45 en la historia de Estados Unidos. Ese día podría empezar a hacer realidad su promesa de empezar a deportar a más de 11 millones de indocumentados que viven en su país, entre ellos unos 5.8 millones de mexicanos.

De ejecutarse, el plan, que según el Presidente electo arrancaría con la expulsión de 3 millones de indocumentados con antecedentes criminales, millones de compatriotas tendrían que volver a México, aunque sea de manera gradual.

El ambiente profundamente antiinmigrante que atizó Trump durante la campaña y que hoy tiene una extendida vida propia en EEUU, podría hacer que a la diáspora de compatriotas indocumentados sumen en su viaje al sur a otros miles de mexicanos que pudieran estar legalmente aquél país, pero que no encuentren su espacio en país gobernado por Trump. Entre ellos podrían estar sus propios hijos, que nacieron allá y por lo tanto son ciudadanos.

De darse el escenario anterior, una consecuencia potencial sería la reducción paulatina del flujo de remesas a México, de acuerdo con los analistas. Trump no necesitaría confiscarlas: con el solo retorno de paisanos, este importante flujo podría disminuir.

Los envíos llegan al país principalmente de EU y en 2015 alcanzaron casi los 25,000 millones de dólares, es decir, 33 por ciento más que los ingresos de México por las ventas de petróleo y derivados del crudo ese año.

Entre 2.5 millones y 5 millones de familias mexicanas son las que reciben el dinero, de acuerdo con el doctor Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

Según los cálculos del especialista, el total de receptores sería de por los menos 10 millones de personas, a quienes se sumarían millones de mexicanos más que se benefician de los envíos por la capacidad de consumo que generan.

Cada una de las familia beneficiarias recibe en promedio unos 280 dólares al mes, alrededor de 5 mil 800 pesos, con un tipo de cambio de 20.7 pesos por unidad.

Hasta un tercio de las remesas se destina directamente al consumo y, en algunos casos, llegan a ser el único ingreso de las comunidades receptoras.

“Si las remesas sirven para tener a un niño en la escuela, para asegurarle una buena nutrición o para pagar mejores servicios médicos, y además impulsan el consumo, por su puesto que son un factor de desarrollo” de esas comunidades, dijo el académico.

La gran víctima de una reducción en flujo de remesas sería el consumo, de acuerdo con el investigador y experto en economía del Tecnológico de Monterrey, Ángel Iván Olvera Lozano.

Las familias que reciben las remesas usualmente las destinan a cubrir la alimentación y sus necesidades básicas, incluso al arreglo o construcción de una casa o a la compra de un terreno.

Si la gente deja de consumir, las empresas dejan de producir porque la demanda de productos baja. Y si eso pasa, baja su producción, lo que podría obligarlas a despedir trabajadores, generándose dinámicas negativas para la economía.

“Si llegaran cientos de miles o millones de mexicanos crecería el desempleo, bajaría el consumo y se reduciría el ingreso de las empresas. Si eso pasara la economía mexicana se volvería menos atractiva y, en ese caso, el flujo de inversiones hacia nuestro país podría reducirse significativamente”, explicó Olvera Lozano.


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