Reformar el sistema penitenciario mexicano: ¿se puede?

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¿Para qué sirven las cárceles? ¿Tiene solución el sistema penitenciario? La historia nos enseña que es en situaciones de crisis institucional cuando, en su gran mayoría, la sociedad y los gobiernos deciden emprender cambios significativos en el statu quo. La génesis de una política pública implica el reconocimiento de un problema, y prácticamente no hay una semana en la cual la prensa no dé cuenta de la crisis del sistema penitenciario en México.

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El diagnóstico es conocido: sobrepoblación, autogobierno, violaciones de derechos humanos, corrupción, motines, gestación de delitos dentro de los penales, y en general, condiciones de vida desalentadoras. Lo cierto es que los penales son un eslabón muy importante de la cadena del sistema de justicia y seguridad pública, tanto como la procuración y administración de la justicia, la prevención del delito y la investigación del mismo.

La vocación del sistema penitenciario debe ser respetar los derechos que no se encuentran limitados específicamente por la pena, y proporcionar a las personas privadas de la libertad las condiciones necesarias para un mínimo desarrollo personal.

Por ello, se requiere un sistema penitenciario profesional, moderno, eficaz y que tenga como centro de su actuar la dignidad de la persona y la protección de sus derechos humanos. Esto es, garantizar los internos las condiciones necesarias para la compurgación de su pena en un ambiente de orden y respeto.

El reto es implementar forjar los eslabones de una cadena causal entre el establecimiento de metas y las acciones necesarias para alcanzarlas. De entrada, nunca ha existido en México una política penitenciaria como tal y menos aún una política nacional penitenciaria digna de ese nombre. Una política pública con intenciones, metas y objetivos claros, y cuyos resultados se evalúen.

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La transformación debe partir en dos sentidos: la profunda reestructuración de la autoridad administrativa encargada de controlar y regular los penales en cada estado de la República y la reorganización al interior de cada uno de sus centros.

Es necesario un nuevo andamiaje institucional que facilite la supervisión, evaluación y control de las instalaciones penitenciarias y la homologación de procesos que reduzcan la discrecionalidad en la aplicación del régimen penitenciario y disciplinario.

En suma: fortalecer sus capacidades institucionales. Los dos grandes elementos transformadores son:

  1. Profesionalización
  2. Métodos y procesos

Ante este panorama, debemos ser claros en los objetivos de la transformación: ¿Qué está mal? ¿Qué queremos cambiar? En los penales se limitan ciertos derechos (la libertad) a partir de la sentencia condenatoria, pero el resto de ellos deben permanecer vivos y vigentes.

¿Son compatibles los derechos humanos con la seguridad? ¿Cómo se asegura el Estado de cumplir con su función de ejecutar una sanción privativa de la libertad en un contexto de respeto a la dignidad y los derechos humanos? El orden, el respeto, la disciplina, no están reñidos con los derechos, al contrario; permiten justamente el ejercicio igualitario de los derechos al interior de los centros.

Cuando existe autogobierno en un penal, un conjunto de personas somete a otro grupo violando sus derechos: falta gobierno; mientras que cuando las autoridades transgreden los derechos humanos, estamos ante un exceso del poder del gobierno. Ambas circunstancias se generan en contextos institucionales débiles;  capacidades frágiles. Por ello es necesario poner en el centro de la política la dignidad de todas las personas que conviven en la cárcel: los servidores públicos penitenciarios, los privados de libertad y los familiares.

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