Siete años violando la ley 
y no pasa nada

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Siete años violando la ley y no pasa nada

Ayer me encontré una nota muy interesante en la prensa. Se presentó el Violómetro Constitucional, un instrumento para medir qué tanto nuestros legisladores violan la ley cuando deberían ser los primeros en cumplirla. La idea es de Roberto Duque y contó con el apoyo de nuestros colegas Ricardo Raphael y Carlos Bravo. El problema es que, en México, los legisladores se pasan la ley por el Arco del Triunfo sin que pase nada lo cual es una pésima señal para el Estado de derecho.

Fíjese usted: ellos mismos establecen en la Constitución o en las leyes reglamentarias plazos para reformar ciertas normas pero luego incumplen los tiempos ordenados por ellos mismos. Doy un ejemplo, a finales de 2007, se adicionó al artículo 134 de la Constitución el siguiente párrafo: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Si usted ha visto últimamente la televisión o escuchado la radio, habrá presenciado al presidente Peña violar esta disposición: utiliza su nombre, imagen y voz para promocionarse en el contexto de su Tercer Informe de Gobierno. Pero no sólo Peña viola la norma. Todos los gobernantes, de todos los partidos, hacen lo mismo. Y pueden hacerlo porque el Congreso no ha legislado la ley reglamentaria sobre propaganda gubernamental por más de siete años. La reforma a la Constitución se promulgó el 17 de noviembre de 2007 con el mandato explícito de expedir las legislaciones secundarias treinta días después. Llegó el 17 de diciembre de 2007 y nada. Estamos a primero de septiembre de 2015 y nada. El Violómetro Constitucional marca hoy una falta de siete años, ocho meses y 18 días.

Diputados y senadores de tres legislaturas seguidas se han hecho guajes. Es lógico: a ninguno de los partidos le conviene reglamentar una ley que prohibiría la promoción personal de sus gobernantes. Pero, mire usted, no han legislado la ley de propaganda gubernamental pero sí añadieron a la ley electoral que, para efectos del artículo 134 de la Constitución, “el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor publico y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”. ¡Qué bonito!

De acuerdo con el Violómetro Constitucional, hay 22 violaciones actuales de los diputados y senadores incluyendo el nombramiento en un órgano importantísimo del Estado mexicano que actualmente se encuentra incompleto: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace cuatro meses 13 días los senadores debieron haber nombrado a un magistrado faltante de su Sala Superior.

Resulta preocupante que en el Violómetro Constitucional ya aparezcan algunas legislaciones de la ola reformista del gobierno de Peña. Veo, por ejemplo, que los legisladores no han adecuado el marco jurídico como resultado de la nueva Ley Federal de Competencia Económica (llevan un retraso de un mes 26 días). También hay violaciones con las nuevas disposiciones para controlar el endeudamiento de los estados y municipios y en un programa de reorganización administrativa producto de la nueva Ley General de Transparencia.

Los organizadores del Violómetro Constitucional argumentan, con razón, que los legisladores deberían ser los primeros en cumplir la ley. No lo hacen porque nadie los castiga. “De ahí la idea que, con la ayuda de internet, tengamos este mecanismo de marcaje y de exigencia ciudadana. Nos hemos propuesto ilustrar en tiempo real las violaciones constitucionales con ganas de que el Poder Legislativo cumpla con su deber elemental de respetar la ley”. Me gusta mucho esta iniciativa. Ojalá funcione para bien de nuestro débil Estado de derecho.

Leo Zuckermann
@leozuckermann

Excélsior