Hasta la ciencia quiere despenalizar las drogas

Tomada de orbita10.blogspot.com

Hasta la ciencia quiere despenalizar las drogas

Veintiséis expertos en política de drogas, de diferentes países y de disciplinas muy diversas exigieron a las Naciones Unidas reconsiderar su posición a favor de soluciones basadas en evidencia científica y atender la problemática como la crisis mundial de salud pública que es.

La supuesta objetividad del conocimiento científico lo eleva sobre otro tipo de “saberes”.  En la práctica, sin embargo, a veces es secuestrado por quienes detentan el poder. Cuando esto sucede se puede terminar justificando graves tragedias humanitarias. Por ejemplo, la marginación de personas y la violación sistemática de sus derechos.

Así ha sido el caso de la guerra mundial contra las drogas.

La política internacional criminalizó a lo largo del siglo XX la producción, comercio y uso de ciertas sustancias. Ya sabemos cuáles. Esta demonización ha mutado en un mecanismo de control social sin precedentes, que hasta la fecha se sostiene sin prestar atención a las actualizaciones científicas. Y a pesar de esta negligencia, las políticas internacionales son cada vez más represivas.

De manera paradójica, las instituciones de poder nos siguen vendiendo la idea de que esta guerra es necesaria para proteger a la humanidad. Mientras tanto, violan el espíritu de un principio básico en el campo de la salud pública: to reduce harm. Durante décadas se ignoró a la mayoría de las voces que criticaron el enorme daño de la prohibición y criminalización de algunas sustancias. Pero, poco a poco, se les ha empezado a escuchar, y ahora sabemos con certeza que esas voces  críticas no se equivocaban.

Lo sabemos porque la sociedad civil se ha defendido ante la represión. Incluso el conocimiento científico ya respalda abiertamente esta posición. El pasado 24 de marzo —en una llamada a la acción de suma importancia dentro de la ciencia en torno a las drogas— se publicó en la revista The Lancet un estudio titulado sencillamente Public health and international drug policy[1]. Con un enfoque interdisciplinario, este artículo confronta la paradoja de reprimir —muchas veces de manera muy violenta— a los consumidores, productores o comerciantes de drogas bajo el pretexto de mitigar un malestar social.

Veintiséis expertos en política de drogas, de diferentes países y de disciplinas muy diversas, elaboraron el artículo, como parte de los objetivos esenciales de la John Hopkins-Lancet Comission on Drug Policy and Health. El artículo exige a las Naciones Unidas reconsiderar su posición a favor de soluciones basadas en evidencia científica. Y demanda también se tome en cuenta la protección de los derechos humanos en la política antidroga.

Los autores advierten que las drogas son una problemática que ya no se puede enfrentar a modo de guerra, sino como la crisis mundial de salud pública que es. Entre las once recomendaciones de alta prioridad para enfrentar esta crisis, destaca la protección de derechos humanos y la disminución del daño que causan las autoridades. Incluyen también recomendaciones específicas y urgentes, como habilitar programas que faciliten el acceso a sitios con inyecciones limpias para usuarios y así bajar la incidencia de tuberculosis y VIH.

Estas recomendaciones se emiten en el marco de la UNGASS (United Nations General Assembly Special Session), que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, del 19 al 21 de abril del presente año. Esta asamblea no se convocaba desde 1998 (cuando el lema de la comunidad internacional ahí reunida fue “A drug-free world. We can do it”). Casi dos décadas después, este artículo señala que “la guerra contra las drogas y las políticas de cero tolerancia que emergieron del consenso político, ahora están siendo confrontadas desde múltiples frentes”. El fracaso es estrepitoso, de dimensiones trágicas, y en las próximas semanas la comunidad internacional tendrá la oportunidad de tomar decisiones importantes para el cambio de rumbo en la política de drogas.

¿Tendrá este artículo impacto significativo?

Si bien su llegada fue tardía, este artículo podría marcar un antes y un después en los contradiscursos científicos en materia de drogas. Distinto a una serie de esfuerzos académicos aislados, éste es un documento coordinado estratégicamente desde importantes epicentros científicos y gestado en la plataforma de una de las revistas más influyentes en el campo de la salud pública a nivel mundial. Además, se dirige directamente a la ONU y a los líderes políticos inmersos en la toma de decisiones, quienes difícilmente podrán seguir interpretando a su discreción aquellos “saberes” escogidos de acuerdo a sus intereses.

Corremos el riesgo de que millones de personas sean olvidadas, como meras cifras, dentro de los basurales donde se han ocultado los errores de las políticas de drogas durante los siglos XX y XXI. Es difícil que esas víctimas sean partícipes activas e incidan en el diseño de la política internacional. Sin embargo, el uso y la prohibición de las drogas son parte de un proceso de larga duración y los tiempos que estamos presenciando se intuyen como un momento de coyuntura histórica; por lo que este documento puede —desde la instancia teórica— ayudar a redimir las voces sepultadas por las ideologías hegemónicas.

Es difícil que la ciencia por sí misma tenga el impulso para provocar cambios pragmáticos. Cualquier conocimiento científico necesita el respaldo y la divulgación por parte de otros agentes de poder. En el caso de la prohibición de las drogas tenemos que quitar las barreras. Esto requiere, en gran medida, el apoyo total de la comunidad internacional, incluido el autor intelectual de la fallida política antidroga a nivel global: los Estados Unidos de América.

Pero, ¿se puede ganar este reto en un futuro cercano?

El gobierno de EUA tiene la posibilidad de realizar una revaluación crítica y capitular su guerra, pero de igual forma puede mantenerse como la principal barrera ante el progreso y la transformación de las políticas de drogas. Así como ignora las voces legitimadas desde la resistencia, también es capaz de darle la espalda a los avances científicos, a favor de intereses políticos o económicos envueltos en el conflicto.

Este tratamiento de las drogas por parte de EUA es una constante histórica. Durante el siglo XX, el discurso hegemónico que fundamentó la prohibición/criminalización fue muy parco en sus argumentos. Fue un discurso críptico el que justificó la tragedia internacional derivada del combate a las drogas. Además de EUA, varios países son responsables en este proceso. El gobierno mexicano, por supuesto, no se salva de esa acusación, especialmente al ser uno de los principales afectados en esta tragedia humanitaria.

Como señala el artículo en The Lancet, desde el 2006, cuando el presidente Felipe Calderón militarizó la estrategia contra las drogas, la expectativa promedio de vida en México ha disminuido significativamente, debido al aumento en el índice de mortalidad relacionado directamente con la guerra contra el narcotráfico. Pero más allá de la responsabilidad histórica del gobierno mexicano —que al final tiene consecuencias dentro de su propio territorio— es imposible ignorar el papel que las autoridades estadounidenses juegan para validar a nivel global los discursos que engendraron la guerra contra las drogas.

En la actualidad, esta lucha, donde EUA se colude al lado de varios estados, ha exacerbado el militarismo y paramilitarismo, creando un clima de alta violencia y abuso de derechos humanos. Según el artículo, hacen falta estudios concretos que cuantifiquen la criminalidad derivada de la prohibición de sustancias. Sin embargo, confirma la existencia de un vínculo directo, al menos en América Latina, entre esta guerra y la violencia sistemática. Quince países latinoamericanos enumeran la “violencia interpersonal” entre las cinco causas de muerte más comunes; además de que a nivel mundial los decesos por este tipo de violencia aumentaron 18.4% entre 1990 y 2013.[2]

Desde el punto de vista de EUA, esta guerra también promueve sólidos objetivos políticos y económicos, que para alcanzarse suelen prescindir de planteamientos éticos y obviar cualquier cuestión relacionada con derechos humanos. Se mueve mucho dinero dentro de la guerra contra las drogas, y no sólo en la clandestinidad. Debido a la prohibición, esos capitales flotan entre la ilegalidad del narcotráfico y la “legalidad” del sistema financiero.

El conflicto en México, Colombia, y los países de América Central promueve altos niveles de militarización y reestructuración institucional que brinda oportunidades para la pericia de las empresas estadounidenses, como la venta de equipo para las fuerzas armadas. Según la periodista Dawn Paley, en su revelador libro Drug War Capitalism[3], en México las grandes empresas transnacionales también sacan provecho del conflicto, particularmente las que se empeñan en extraer minerales y recursos naturales. Estas empresas aprovechan el ambiente de alta inseguridad, represión y desplazamiento, para apropiarse de terrenos y acabar controlando los recursos del país vecino, de una manera que no sería posible más que en condiciones de guerra.

Cambiar el curso de acción requiere un impulso de información desde la salud pública y las ciencias sociales. El artículo de The Lancet sugiere nuevos parámetros para valorar el éxito de la política de drogas, de tal forma que se incluya un conjunto de variables sensatas, como la salud y los derechos humanos, en lugar de indicadores que exaltan la violencia institucional, como las cifras de toneladas de droga destruida o el número de detenidos y encarcelados. Un punto clave para lograr esto será que el gobierno de EUA y otros agentes de poder cedan en sus estrategias oportunistas. Como la exitosa erradicación de varias epidemias en el mundo ha mostrado, no se trata de un reto imposible.

Son ya varios los estados que desde sus gobiernos y su sociedad civil han emprendido un camino distinto. Han modificado su política de drogas persiguiendo un objetivo legítimo, distinto al impuesto por las pautas globales:promover y proteger el bienestar humano. Sólo así se logró despertar a la comunidad política internacional tras casi un siglo de aletargamiento. Es por esto que el artículo Public health and international drug policy emerge en un evidente momento de coyuntura. Veintiséis expertos en política de drogas, firmando un artículo dentro de la revista más importante en el campo de la salud pública, es una declaración imperativa por parte de la comunidad científica. Se trata de una postura frontal en contraposición a los saberes crípticos, plantando cara a la ideología hegemónica responsable de una tragedia humanitaria.

Por José Domingo Schievenini (@DomSvn) y Marcie Neil

* José Domingo Schievenini es abogado e historiador, actualmente cursa el Doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Marcie Neil es Maestra en Estudios Latinoamericanos, American University, Washington DC.

[1] Joanne Csete, Adeeba Kamarulzaman, Michel Kazatchkine, Altice, Marek Balicki, Julia Buxton, Javier Cepeda, Megan Comfort, Eric Goosby, João Goulão, Carl Hart, Thomas Kerr, Alejandro Madrazo Lajous, Stephen Lewis, Natasha Martin, Daniel Mejía, Adriana Camacho, David Mathieson, Isidore Obot, Adeolu Ogunrombi, Susan Sherman, Jack Stone, Nandini Vallath, Peter Vickerman, Tomáš Zábranský, Chris Beyrer, “Public health and international drug policy”, The Lancet,Volumen 387, No. 10026, pp. 1427–1480, Abril de 2016. Disponible aquí.

[2] Según cifras del Global Burden of Disease Study citado en Csete, J., et al, op cit.

[3] Paley, Dawn, Drug War Capitalism, AK Press, Oakland, EUA-Edimburgo, Escocia, 2014.

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