Cuando la corrupción llega a los directivos…

El 8 de marzo de 2016, la vida de Marcelo Odebrecht dio un giro. Con una fortuna estimada en 4,000 millones de dólares, dejó el lujo para vivir en una celda de 16 m2. El magnate brasileño fue detenido en junio de 2015 por sospechas de corrupción y, seis meses después, renunció a sus cargos de presidente y CEO de la empresa de ingeniería y construcción Odebrecht, fundada por su abuelo.

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Ahora, está a punto de festejar su aniversario 49 en la prisión de Curitiba, donde cumple una condena de 19 años por pagar más de 30 mdd en sobornos a Petrobras.

Los siete años que estuvo al frente de la compañía fueron suficientes para atar el apellido a uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, que extiende sus brazos a varios países.

También para alimentar las estadísticas: 25.5% de los casos de fraude y corrupción que sufrieron las organizaciones de la región en 2016 los cometieron sus altos mandos, 6.6% más que en 2014, indican cifras de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés).

UN ACTO COTIDIANO

En México, las malas prácticas son populares. En los últimos dos años, 33% de los directivos confesó ahorrarse trámites gracias a un soborno, mientras que 67% obtuvo beneficios para su organización bajo esquemas de pago indirectos a través de socios comerciales, señala Moisés Pérez Peñalosa, socio de Pensiones, Beneficios y Analíticas de RH en PwC.

Los empresarios están dispuestos a corromperse con la finalidad de sobrevivir en un ambiente competitivo, en el que la volatilidad de los mercados parece no esfumarse. Pero la confianza hacia las empresas disminuyó con la crisis financiera. El mercado ya no está dispuesto a perdonar las prácticas ilícitas. Las compañías empezaron a implementar programas regulatorios para erradicar el mal comportamiento de sus altos mandos.

A pesar de que la renuncia forzada de los directivos por prácticas ilícitas se incrementó 36% entre 2007 y 2016, hay países, como Estados Unidos y Canadá, donde los porcentajes han disminuido gracias a las políticas de cero tolerancia. La creación de regulaciones de gobierno corporativo, los estatutos antisoborno y códigos de conducta se han vuelto más estrictos, lo que ha hecho que sus directivos sean más conscientes y responsables.

PRESTIGIO EN DUDA

Los costos reputacionales también han aumentado. Un empresario que pisa la cárcel difícilmente retoma su carrera. Además de ensuciar su reputación, el CEO que comete un ilícito pone en duda el prestigio de su compañía. El estigma acompañará siempre a la empresa, lo que se traduce en la reducción de tratos comerciales, la caída de ingresos económicos y muy poca participación en el mercado.

Por ello, 90% de los CEO mexicanos están preocupados por temas éticos y de malas prácticas, según la ‘7 Encuesta de CEO en México’, de PwC.

Económicamente, la inversión también es alta. El escándalo de Odebrecht perjudicó su credibilidad en el mercado, lo que provocó pérdidas por 606 mdd, al cierre de 2016. Fue su primer resultado negativo desde 1999, año en el que iniciaron sus registros económicos. Las empresas privadas pierden alrededor de 180,000 dólares por cada acto ilícito cometido, una vez descubierto.

Por todo esto, la aprobación en México de iniciativas como la Ley 3 de 3, que entró en vigor el pasado 19 de julio y sancionará a las empresas que incurran en prácticas como soborno, tráfico de influencias y uso indebido de recursos.

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