México necesita programas sociales sin política social

Por Guillermo N. Cejudo

Todas las promesas de campaña, los planes de desarrollo, los spots que presumen los logros de cada administración y los informes de gobierno de los gobernadores anuncian y presumen programas sociales para combatir la pobreza.

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Pero, ¿qué tanto podemos atribuir la disminución de la pobreza al trabajo de los gobiernos estatales? Esta pregunta es particularmente relevante en un entorno en el que los gobiernos subnacionales han tenido un papel cada vez mayor en el combate a la pobreza.

En los últimos años, los gobiernos estatales de todos los partidos han incrementado sus programas sociales y anunciado estrategias de política social. El problema es que, a pesar de que podemos contar con información sobre las condiciones de pobreza en cada entidad federativa, es imposible conocer la contribución específica de los gobiernos estatales a la reducción de este fenómeno.

Ello se debe a que en lugar de una política social integrada, con programas sociales dirigidos hacia metas comunes y con responsables definidos, tenemos miles de programas sociales desarticulados y con efectos limitados sobre la garantía de los derechos sociales.

Una política social fragmentada

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La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) señala que el Estado mexicano debe contar con una política social que sea responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno.

Dicha política debería tener un espacio de decisión y coordinación y una institución que mida la pobreza y evalúe la política social. Además, habría de guiarse por una definición compartida de la pobreza y contar con una metodología para medirla.

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Las disposiciones de la Ley no se han reflejado en una política social integrada, cuyos programas sean coherentes y se dirijan de manera coordinada hacia un objetivo compartido bajo la responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno.

En la federación se ha avanzado en reducir la fragmentación gracias a una preocupación cada vez mayor por la consistencia en el diseño de los programas y por compartir información para tratar de evitar duplicidades.

La mayor parte de los municipios no cuenta con las capacidades ni recursos para construir una política social con posibilidades de incidir en la pobreza.

Sin embargo, los estados sí podrían contar tanto con los recursos como con la capacidad operativa suficientes para buscar garantizar los derechos sociales en complemento con el gobierno federal, pero, la mayor parte de los programas sociales estatales son pequeñosopacosdiscrecionalesempalmados e insuficientes.

Política social que no garantiza derechos

Tener una política social conformada por una serie de programas y sin una definición clara de quiénes son los responsables de lograr que este conjunto de programas integre de manera coherente la política social es una mala noticia en sí misma: se están desperdiciando recursos y es imposible que alguien rinda cuentas sobre los avances o retrocesos en materia de desarrollo social.

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Pero hay una consecuencia más grave: los derechos sociales de los mexicanos están garantizados de forma distinta para cada uno. En la práctica, un ciudadano mexicano puede tener acceso a ciertos programa sociales si vive en determinado estado, pero estar excluido de ellos si vive en el de al lado.

El problema complejo y persistente de la pobreza no puede atenderse con intervenciones fragmentadas ni con la ilusión de coordinación que se genera cuando los gobiernos alinean sus intervenciones a los indicadores de carencias sociales.

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Los estados tienen el mandato, los recursos y la información para orientar sus intervenciones a complementar, reforzar o mejorar los programas federales.

Los incentivos de corto plazo (la próxima elección o la siguiente medición de la pobreza) no deberían sustituir la lógica de derechos sociales como guía de las políticas públicas de combate a la pobreza.

Mientras no tengamos responsables claros, no sabremos a quién pedir una mejor política social, ni los ciudadanos a quién exigir sus derechos.