Las 3 del día

empresario Carlos Slim

Slim será el ‘policía’ de AMLO

Darío Celis

Entre los grandes capitanes empresariales de México no había duda de que Carlos Slim, como el ave Fénix, renacería de entre las cenizas del desprecio público de Andrés Manuel López Obrador.

Los desencuentros sobre el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México quedaron atrás y hoy el presidente le reconoce al ingeniero sus méritos por colaborar con la 4T.

A Slim lo tuvo a raya de su Consejo Asesor. Fue explícito con Ricardo SalinasBernardo GómezOlegario Vázquez Aldir, Miguel Alemán Magnani, Carlos Hank GonzálezMiguel RincónDaniel Chávez y Sergio Gutiérrez Muguerza: no intercedan por Slim.

Sin embargo se sabía que el quinto hombre más rico del planeta tarde o temprano lograría congraciarse con AMLO. Y es que el dueño de América Móvil vaya que se aplicó.

Carso, amparada aún frente a la CFE y promovente de varios arbitrajes contra esa dependencia, fue la primera en llegar a un arreglo con las huestes de Manuel Bartlett Díaz.

Es precisamente “la empresa mexicana” a la que se referió antier López Obrador cuando adelantó que mañana se debe firmar el arreglo con los consorcios internacionales que demandaron a la CFE.

En otra muestra de los acercamientos, Slim fue uno de los 9 empresarios que se reunieron con AMLO en casa de Alberto Bailleres hace un par de semanas. Los demás fueron Valentín Diez Morodo, Fernando SenderosEmilio Azcárraga JeanAntonio del Valle PerochenaBernardo QuintanaFernando Chico Pardo y Germán Larrea.

Sin embargo y más allá de esos rounds de sombra, Slim está terminando de pavimentar su regreso triunfal al buen ánimo del tabasqueño. Lleva más de dos semanas pegado a sus pupilos.

Resulta que le entró a AMLO por donde más le gusta: el combate a la corrupción. Telmex está desarrollando para la 4T una plataforma tecnológica para que ciudadanos y sobre todo empresas denuncien anónimamente a funcionarios corruptos.


Texcoco, entre berrinches y leyes

Cancelar nuevo aeropuerto
Foto: Imagen de MVS

Raymundo Riva Palacio

El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, tomó una decisión la semana pasada cuya alta politización oculta sus alcances. Uno de ellos podría ser que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, uno de los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se construya. El otro podría ser que el aeropuerto cancelado en Texcoco pudiera ser revivido como obra en algún momento. El destino de estas obras no pasa por la política. De hecho, las decisiones políticas de López Obrador, soslayando la Constitución, son las que han puesto en un brete a Santa Lucía. Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha sido benevolente con él. No importa lo que haga con la ley, cierra los ojos.

El juez Guzmán emitió dos resoluciones en el fallo de un amparo del colectivo #NoMasDerroches, donde suspende cualquier obra en Santa Lucía hasta determinar si la decisión del gobierno, como señala el artículo 134 constitucional, “cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público”, y que mientras eso se prueba cancela el desmantelamiento de las obras en Texcoco. La reacción del Presidente fue una vez más política y mediática, pero jurídicamente errática. “Es un sabotaje legal”, describió la acción del juez, acusándolo implícitamente de actuar de manera ilegal. Pero estas escaramuzas nos plantean diáfanos escenarios, la política contra la ley, y viceversa, la ley contra la política.

El amparo contra Santa Lucía es parte de la estrategia del colectivo #NoMasDerroches, que encabezan Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, al que se han sumado organizaciones civiles, despachos de abogados y, como afirman, “cientos de ciudadanos”. En el campo político son probablemente los ‘enemigos número uno’ del presidente López Obrador, y su estrategia se compone de 147 juicios de amparo para que se revise la legalidad de la cancelación de Texcoco y se asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos.

Según el juez Guzmán, el gobierno debe determinar si actuó en función de que Texcoco no reunía todos los preceptos indicados en el artículo 134 constitucional. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así fue, y tiene publicado en su Home de internet un largo alegato sobre el porqué canceló el Presidente Texcoco. Todas sus afirmaciones técnicas, ambientales y financieras fueron desmentidas por las autoridades de la administración pasada. Este documento está lleno de valoraciones subjetivas y calificativos, alineado en su retórica al discurso de López Obrador, contrario al de la dependencia, de que se canceló por actos de corrupción.

En todo caso, como lo estipula el artículo 134, serán instancias técnicas las que evaluarán los resultados de los ejercicios; es decir, la cancelación de Texcoco y la construcción de Santa Lucía. Un abogado comentó que nadie va a auditar al Presidente, por lo que todo lo que diga no será tomado en cuenta por el Poder Judicial, que ha sido consistente en sus omisiones sobre el Ejecutivo. En ningún momento ha externado alarma, preocupación o extrañamiento por sus constantes violaciones a la ley, como quizás en la más notable, presentar al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo sin cumplir con los fundamentos legales. López Obrador no tiene problema en este sentido. Al tener controlado al Congreso, hace lo que quiera con la legislatura y las leyes. Al tener amedrentado al Poder Judicial, neutraliza al otro contrapeso. Como agregó el abogado, al final se reducirá a un análisis constitucional teórico y los jueces resolverán a modo.

Esto es lo que probablemente sucederá con Texcoco, donde los técnicos revisarán los alegatos de las dos partes para tomar su decisión. En el caso de Santa Lucía, como sugiere un observador de la industria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haría bien en comenzar a preparar un escenario ante la posibilidad de que pierda el amparo sobre esa obra. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un permiso de impacto ambiental por 28 años para la construcción de Santa Lucía, pero condicionado a que la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, amplíe sus estudios, porque el primero que entregó tenía 52 errores, de acuerdo con la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.


Bonilla, gobernador (que se ve en el puesto) por 5 años

Salvador Camarena

Jaime Bonilla contó ayer que cada mañana se despierta con la convicción de que gobernará Baja California durante 5 años, y no 2, que fue el término establecido en la reforma de 2014 para la elección del pasado 2 de junio.

De visita en Ciudad de México, en un encuentro con tres periodistas, Bonilla es contundente: “No hay marcha atrás. Mi periodo de gobierno es por 5 años. Yo me registré por 5 años, yo hice campaña y un proyecto de gobierno de 5 años”.

Desestima la polémica que ha surgido en la capital luego de que la anterior legislatura de Baja California, en modo constituyente, ampliara –pasada la elección del 2 de junio– de 2 a 5 años el periodo para el que fue votado Bonilla. “Es una mamada, aquí hay una desinformación de la chingada”.

Es igualmente enfático al decir que va a ganar la disputa legal para gobernar 5 años, como al afirmar que aceptará cualquier decisión que sobre el periodo de su gubernatura tomen instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Yo respeto la decisión de la Suprema Corte. Creemos que vamos a ser exitosos. Estoy seguro de que la vamos a ganar. Pero si dicen que dos años, me quedo dos años, a ver cuánto alcanzo a hacer de mi proyecto”.

Los argumentos de Bonilla sobre su optimismo van desde errores de la reforma electoral de 2014 (no se cumplieron debidamente notificaciones, según él), hasta la soberanía del Estado: “yo he preguntado cuál es el artículo que se viola, ninguno. Los diputados (como constituyentes junto con las alcaldías) votaron ampliar el periodo porque fue un mandato del pueblo. Ellos se van con el ganador. ¿Nunca han oído esa frase?”. No descarta, eso sí, que los diputados hayan votado también buscando un bien personal: “para congraciarse, para que no se les persiga”.

Incluso en la reunión se llega a mencionar que en una de esas el periodo de Bonilla como gobernador es de 6 años, porque no hay ningún límite, salvo el que marca el Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que topa en esa cifra el máximo de número de años para un mandatario estatal.


Las tres del día es un ejercicio de compartir columnas que tratan los temas más importantes del día. Pueden leerse en su totalidad en los links correspondientes.