Las 3 del día

Herrera, en el filo de la navaja

Vaya reto es el que tiene el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Si saca adelante lo que falta, seguramente cuando pongan su cuadro en el salón de los secretarios, va a ser recordado por el trabajo muy complejo que realizó.

El Paquete Económico 2020, en el que ha estado trabajando desde hace varios meses, requiere algo así como encontrarle la cuadratura al círculo.

Debe satisfacer muchas condiciones y cumplir con una cantidad enorme de requisitos. Todos al mismo tiempo.

Le explico. El Paquete debe cumplir las siguientes condiciones:

1-Tiene que gustarle al presidente López Obrador. Esa es la primera condición, pues el secretario finalmente es un subordinado al presidente de la República, quien es el que finalmente toma las decisiones.

Sabemos que AMLO va a insistir en la austeridad republicana, pidiendo más y más apretones de cinturón en múltiples ámbitos. Y también va a demandar que haya recursos para los proyectos que para él son los más importantes. Y todo ello, sin más deuda y sin más impuestos.

2-Tiene que convencer a los mercados financieros. Herrera sabe que, aunque trabaja para el presidente López Obrador, tiene que asegurarse que el Paquete sea bien recibido por la mayoría de los inversionistas. Esto quiere decir en primer lugar que exista la convicción de que se mantiene la disciplina de las finanzas públicas, es decir, que habrá un superávit primario que no solo esté en el papel, sino que parezca realmente alcanzable en la práctica. Esto supone un escenario realista en la recaudación y un mayor control del gasto.

3-Tiene que convencer a las calificadoras. Algunas de ellas, señaladamente Moody’s, han dicho que una de las premisas para no bajar la calificación de la deuda mexicana, es que se establezcan las condiciones para que haya un mayor crecimiento económico. Un estancamiento crónico erosiona la base tributaria y deja al gobierno en una situación más vulnerable, que eventualmente se castigaría con una reducción de la nota de México.

4-Tiene que convencer al Poder Legislativo. Más allá de que Morena cuenta con mayoría en las dos cámaras, el Paquete que debe ser aprobado debe ser convincente para legisladores que eventualmente deben responder también tanto a electores como diversos grupos con intereses específicos.


Seguridad pública: el dinero no está fluyendo

Foto El Universal

El país vive una emergencia en materia de seguridad. O al menos eso opina el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo

El 28 de mayo, en una visita a Michoacán, declaró lo siguiente: “Vivimos una emergencia que no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones en materia de seguridad”.

El 30 de junio señaló que, en administraciones anteriores, “se dejó avanzar la inseguridad a niveles de emergencia nacional”. Y regresó al tema hace tres días, al afirmar que “vivimos una etapa de emergencia nacional”.

Si ese es el diagnóstico oficial, si la situación es de emergencia, uno supondría que se harían esfuerzos denodados para que los recursos públicos llegaran con premura a las instituciones de seguridad y justicia.

Uno se equivocaría, al menos en lo que respecta a los recursos para los estados.

En el anexo estadístico del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se incluye una tabla titulada Financiamiento conjunto para los Programas de Seguridad Pública (p. 16-18 del anexo). Allí se detalla el destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), más los recursos estatales de contrapartida (es decir, lo que los gobiernos estatales ponen para recibir recursos de ese fondo). Se incluye información sobre el presupuesto aprobado y ejercido de 2006 a la fecha.

Según la tabla, en 2019 se presupuestaron 9.4 miles de millones de pesos, un monto similar en términos reales al de 2018. Pero resulta que, al 30 de junio, sólo se habían erogado 665 millones de pesos. Es decir, 7% del total.

Y si uno se va a rubros específicos, el rezago es aún más notable. Para el programa denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, usado para financiar cosas como las unidades especializadas de combate al secuestro, se presupuestaron 425 millones de pesos, pero se habían erogado solo 6.7 millones de pesos en los primeros seis meses del año.

En el rubro nombrado “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos” —algo que parecería importante para atender el problema del homicidio y de la desaparición de personas— se habían gastado al 30 de junio solo 11 de los 601 millones de pesos de presupuesto aprobado.

El peor caso es del programa llamado “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”: allí solo se había gastado uno de los 589 millones de pesos de presupuesto. Es decir, 0.17% del total.

Este tipo de retraso no es inusual. El grueso de los recursos del FASP se eroga siempre en la segunda mitad del año. Sin embargo, la ejecución del gasto ha sido peculiarmente lenta en 2019: en el sexenio anterior, aproximadamente 10% del total se gastaba antes de la mitad del año.

El rezago se explica por muchas razones, desde la inexperiencia de los nuevos funcionarios hasta el cambio de reglas de operación, pasando por los controles establecidos por la Secretaría de Hacienda.


Necesaria consulta a pueblos indígenas cercanos al próximo aeropuerto

Santa Lucía no es viable
Imagen de Alto Nivel

No hay duda, todos deseamos que le vaya bien a México. No importa si somos afines a otro partido político al del poder. Todos queremos bienestar, desarrollo y armonía.

Como parte de la democracia, es necesario que se escuchen todas las voces: de la oposición, sociedad civil, sector empresarial o aquellos poco escuchados, incluso discriminados: los pueblos y comunidades indígenas.

Desde el inicio de esta administración se dijo que los pueblos indígenas serían prioridad, sin embargo, no han sido consultados en proyectos como el Tren Maya, el Plan del Istmo de Tehuantepec o la termoeléctrica de la Huesca.

Lo mismo sucede con la construcción del nuevo aeropuerto comercial en Santa Lucía.

No es asunto menor el de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Es un tema de legalidad.

A los cuestionamientos sobre el real impacto ambiental en la zona, el abastecimiento de agua potable para sus instalaciones o las vías de acceso, se suma ahora la omisión de la realización de la consulta a cerca de 19 mil personas, integrantes de pueblos y comunidades indígenas en los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla y Zumpango.

A estas comunidades nadie les ha consultado su opinión de cómo las obras de construcción del aeropuerto en Santa Lucía afectará su patrimonio, sus territorios y su cultura.

Los indígenas nahuas han sido propietarios desde tiempos inmemoriales de los territorios que habitan y, de acuerdo con su historia, los han defendido ante los embates externos.

Existe el marco legal para la consulta. Es un derecho, como otros relacionados con pueblos indígenas, establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También lo establece el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Gobierno de México.

La consulta no es un asunto de voluntad y buena disposición, sino un mandato de ley.


Las tres del día es un ejercicio de compartir columnas que tratan los temas más importantes del día. Pueden leerse en su totalidad en los links correspondientes.