Las 3 del día

el INE

El Bronco, ¿de patitas en la calle?

La aventura de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco con la candidatura presidencial independiente de 2018, está a nada de costarle la gubernatura de Nuevo León y, lo peor para su causa, es que la situación general de ese estado es de tal deterioro que difícilmente podrá encontrar la fuerza política suficiente para evitar que el Congreso local lo destituya o inhabilite en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En abril de 2018, el propio TEPJF avaló la primera y polémica candidatura presidencial independiente porque se “violó su derecho de audiencia” cuando el INE procesaba contundentes evidencias de que había hecho trampa al recabar las firmas requeridas.

Pasado el tiempo, con demandas en proceso, el máximo tribunal electoral resolvió el primero de junio del año pasado que El Bronco violó la Constitución federal (artículo 134) al utilizar a 572 empleados del gobierno de Nuevo León y mecanismos ilegales de financiamiento para recabar las firmas de marras, por lo que lo multó con 739 mil pesos y ordenó al Congreso de Nuevo León aplicarle las sanciones correspondientes.

Ante el desacato de esta última determinación, la Sala Regional del TEPJF envió el pasado 25 de julio un incidente de incumplimiento de sentencia al “rebelde y contumaz” Legislativo neolonés, en el que le recuerda que está obligado a sancionar al gobernador durante el actual periodo ordinario de sesiones que empezó el pasado primero de septiembre y termina el próximo 20 de diciembre, si sus diputados no quieren incurrir en responsabilidades y ser sancionados.

 A esta secuencia de hechos se sumó el pasado 1 de agosto un punto de acuerdo de las fracciones parlamentarias del Senado (promovido por el senador del MC, Samuel García quien, debe decirse, no oculta sus aspiraciones a gobernar Nuevo León), en el que se exhorta al gobierno local a cumplir la sentencia del tribunal electoral y sancionar al mandatario.

Esa sanción puede ser apercibimiento, amonestación, multa, destitución e inhabilitación, lo que deberá resolver el legislativo local con al menos 22 votos de sus 42 integrantes. El MC y sus seis votos ya cuentan con el apoyo de los siete de Morena, los 7 del PRI y uno del PES, que suman 21. Faltaría otro que bien podría ser el del Verde o el del Panal, o bien salir de los cuatro del PT o de los 15 del PAN, cuya dirigencia nacional ya dijo estar a favor de la sanción a Rodríguez Calderón.

Pero El Bronco dice —ya sin sus modos burlescos y desafiantes— que el Congreso local no lo puede sancionar, a lo que el senador García ha respondido que el Legislativo local está obligado por un fallo inapelable, que no es un tema de facultades sino de obligatoriedad y que, a su juicio, el procedimiento concluirá en la destitución del mandatario.

El incidente de incumplimiento del TEPJF ya se discute en el Congreso de Nuevo León y está listado como una prioridad que estiman se resolverá a más tardar en octubre. Pero quienes conocen a El Bronco creen que aún le falta por agotar la vía de la cooptación económica de legisladores o, más aun, la del chantaje.

Dicen los que saben que esa última opción incluye la amenaza de hacer público que su candidatura fue impulsada desde Los Pinos, con recursos federales y el aval de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, para restarle fuerza a la campaña de AMLO. Eso es lo que dicen. ¿Será?


La carrera por Morena y la ventaja de Mario

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió a su partido que dejaran de pelearse por la dirigencia nacional y que utilizaran el método de las encuestas para definir quién debía ser el nuevo presidente de Morena, la “sugerencia” fue tomada, literalmente, como una orden, como la “línea” que durante los últimos meses el líder real del partido gobernante no había querido dar, al decidir ausentarse de la vida y las decisiones internas de su partido.

Con su “recomendación”, que fue acatada de inmediato como método oficial para definir quién dirigirá los destinos del partido oficial con miras a las elecciones intermedias de 2021, López Obrador buscaba dos efectos específicos: el primero, poner orden ante el desgarriate y las pugnas desatadas entre grupos morenistas por la sucesión partidista; y el segundo, cortar de tajo y neutralizar una operación puesta en marcha, desde su gabinete, para que la estructura de  “servidores de la nación”, los delegados estatales de Programas federales y hasta el “Censo del Bienestar” con un millón de beneficiarios de programas sociales, se pusieran al servicio de una de las candidatas a la dirigencia nacional, según denuncia que otros aspirantes hicieron en contra de Gabriel García Hernández, coordinador de Programas de la Presidencia, a quien acusaron de “dar línea” a los superdelegados para apoyar a Bertha Luján.

Como el presidente no quería denuncias de uso de recursos públicos en la contienda interna de Morena, justo cuando él mismo impulsó y apoyó la ley que castiga con cárcel a quien desvíe programas y fondos gubernamentales en elecciones, tenía que ser congruente y no exponerse a que fueran los de su  partido quienes violentaran esa ley y se expusieran a las sanciones. Por eso optó por el mismo método que a él le ha funcionado muy bien desde que fundó y dirigió Morena, cuando empezó a definir candidaturas por medio de encuestas —aunque no sin algunas inconformidades y divisiones— e incluso desde antes, cuando en 2012 su segunda candidatura presidencial por el PRD se decidió también con base en las encuestas que arrojaron un empate entre él y Marcelo Ebrard en los tres sondeos levantados, que al final se definió a su favor con el gesto del entonces Jefe de Gobierno capitalino de hacerse a un lado para dejarle la candidatura.

El tema es que, al decidirse por las encuestas, en Morena casi automáticamente se inclinó la balanza a favor de uno de los candidatos, el diputado Mario Delgado, que es, al menos en el arranque, el aspirante más conocido y por lo tanto el que aparece con ventaja en los primeros sondeos que han comenzado a levantarse por parte de diversas casas encuestadoras. La única que se acerca al nivel de conocimiento de Delgado es la actual dirigente nacional Yeidckol Polenvsky que es la segunda más conocida y que buscaría continuar por otro periodo en la presidencia morenista, a partir del argumento de que ella nunca fue electa como presidenta, sino como secretaria general que terminó haciendo las funciones de la presidencia, aunque de cualquier modo los estatutos de Morena permiten la reelección en el cargo.

Pero la que sí se vio afectada, al menos de inicio, por el método de las encuestas, es Bertha Luján, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, y a quien muchos ubicaban como “la más cercana” a los ánimos del presidente López Obrador. Luján es la menos conocida de todos los aspirantes porque que en su trayectoria solo aparece como excontralora del gobierno capitalino en el sexenio de López Obrador; incluso antes que Luján aparece Alejandro Rojas Díaz Durán el senador suplente que también busca la dirigencia.

La ventaja preliminar que mantiene Mario Delgado significa políticamente que los grupos más moderados podrían avanzar en el control de Morena, por la cercanía que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro mantiene con el canciller Marcelo Ebrard y su ya conocida alianza también con el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal. Por ahora los grupos más “duros” del morenismo, que se dividen entre Bertha Luján y Yeidckol Polenvsky, inician la carrera en ligera desventaja en las encuestas, aunque falta todavía que se emita la convocatoria que haga oficial el método estatutario por el que se resolverá la elección interna del partido gobernante.


Cierran gasolineras que boicoteaban al ejército

gasolineras
Foto: Megalópolis MX

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró ayer 12 gasolineras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se negaron a cargar combustible a convoyes del Ejército y la policia estatal por órdenes del crimen organizado, como se dio a conocer desde el martes en esta columna. Encontré ayer de manera casual en la Ciudad de México al procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y me comentó que se trató de un operativo desde las primeras horas de este martes en contra de gasolineros que impedían el suministro a los efectivos de seguridad.

En este espacio se había contado que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, tuvo que enviar pipas de combustible, custodiadas por tierra y aire, para que pudieran llegar hasta las unidades para que no fueran presa del crimen y entonces pudieran seguir con sus labores de patrullaje.

Scheffield me dijo ayer que los operativos van a continuar para impedir acciones de boicot contra las fuerzas federales y locales.

También reconoció que tres gasolineras ya estaban cerradas por sí solas, debido a las amenazas de los grupos criminales en contra de los gasolineros. Se dijo el lunes en esta columna que en su visita a TamaulipasLópez Obrador, el presidente que más ha recorrido el México moderno, atestiguó que no se vive feliz, feliz, como ha declarado, porque en ese estado como en el resto, hay una situación complicada en seguridad.


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