Las 3 del día

Pobre presupuesto, pobres resultados

He dedicado las columnas de esta semana a analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020. Mi conclusión rápida es que no se está haciendo un esfuerzo a la medida de la crisis.

Eso, sin embargo, lleva a una pregunta obvia: ¿cuánto debería de gastar el gobierno en seguridad y justicia? Esa interrogante no tiene una respuesta obvia, porque no hay una relación directa y mecánica entre presupuesto y resultados: se puede gastar mucho y lograr poco. La orientación y la calidad del gasto importan tanto como el monto.

Pero, aún con esos bemoles, es posible (y hasta probable) que estemos gastando menos de lo que debiéramos.

Empecemos el análisis con el monto que se propone gastar el año que entra. Incluyendo todas las dependencias federales del sector (Sedena, Semar, SSPC, Segob y FGR), añadiendo al Poder Judicial de la Federación y sumando los fondos de subsidios y aportaciones para estados y municipios (FASP, Fortaseg y Fortamun), se llega a un monto de 306 mil millones de pesos. A eso habría que agregar el gasto que realicen gobiernos estatales y municipales con recursos propios. No hay un dato oficial sobre ese monto, pero difícilmente rebasa los 80 mil millones de pesos (la CDMX tiene a 40% de los policías estatales del país y la SSC capitalina recibe aproximadamente 17 mil millones de pesos al año).

Eso suma, más o menos, 386 mil millones de pesos. Sin embargo, una parte importante de ese gasto no es para funciones de seguridad pública, sino para tareas de defensa. Aproximadamente una tercera parte del personal militar está involucrado en labores de policía. Entonces, habría que restar dos terceras partes del presupuesto de Sedena y Semar. Eso nos dejaría con 304 mil millones de pesos, una cifra equivalente a 1.2% del PIB.

¿Cómo se compara esa cifra a nivel internacional? No es fácil hacer el contraste con otros países, porque los marcos legales e institucionales son muy distintos. Se puede, sin embargo, intentar una aproximación.

Según cifras de la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), el gasto de gobierno general (es decir, incluyendo a gobiernos subnacionales) en la función de seguridad pública y justicia (policías, prisiones, tribunales, bomberos y otros) fue en promedio 1.7% del PIB en la Unión Europea. De 28 países de la UE, solo cuatro gastan proporcionalmente menos que México. Además, nuestro país tiene una tasa de homicidio 10 a 30 veces mayor que la de los países europeos.

Por su parte, Estados Unidos gasta al año aproximadamente 300 mil millones de dólares en policías, tribunales y prisiones, según datos de la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS por sus siglas en inglés). Eso equivale a 1.5% del PIB.

En la región latinoamericana, Brasil eroga aproximadamente 2.5% del PIB en su sistema de seguridad y justicia (http://bit.ly/2kH41h6). En Colombia, solo el presupuesto de la Policía Nacional equivale a 1.2% del PIB (es decir, lo que México gasta en total).

Entonces, cualquiera que sea la comparación internacional, salimos mal librados. Pero olvidemos lo que pasa en el extranjero y veamos lo que sucede en el país: 93% de los policías estatales ganan menos de 15 mil pesos al mes; 80% de los policías tienen que pagar de su bolsa una parte de su equipo; hay estados donde cada agente del ministerio público debe procesar más de 600 carpetas de investigación por año; hay apenas 1000 médicos forenses en todas las fiscalías del país, etc.

Entonces sí, tenemos que gastar mejor, con base en evidencia, sin despilfarros, sin corrupción. Pero tenemos que gastar más. Con lo que erogamos, no alcanza para contener la crisis de seguridad ni, mucho menos, para revertirla.


México y la selección: mismo problema

Nuevo Aeropuerto de México
Imagen de Tiempo

Para nadie es secreto que la visión del gobierno en México es de corto plazo. Los presidentes anuncian obras faraónicas que deben estar listas para su inauguración dentro del mismo sexenio y así poder develar la placa que agregue su nombre a los anales de la historia.

En cuanto a problemas estructurales se refiere, ocurre lo mismo. Se prometen reducciones en tasas criminales y de desempleo, y aumentos sustanciales en los indicadores económicos, todo en pocos meses. Con esta nueva fórmula creceremos a tanto por ciento, se escucha. Ahora sí veremos resultados inmediatos.

Esta lógica se entiende, en parte, por el fantasma de la reelección. Cada presidente sabe que lo que haga en su sexenio será su única influencia. Que si acaso quiere permanecer en política no tendrá la fuerza de antes. Por eso Luis Echeverría preguntaba por qué nadie le tomaba la llamada una vez que dejó Los Pinos. Por eso Felipe Calderón no junta los afiliados necesarios para su partido en ciernes. Un presidente vive y muere por sus seis años en el poder.

Viene esto a colación por las portadas de los periódicos durante los últimos días. En ellas hemos visto los grandes problemas estructurales una vez más, como si nuestra historia nunca cambiara. Los maestros de la Coordinadora acampan afuera del Congreso porque se discuten, como cada inicio de sexenio, las nuevas leyes educativas. En Nuevo Laredo el Ejército es acusado de ejecutar extrajudicialmente a ocho personas y de sembrar evidencia para ocultar el crimen. En el gabinete presidencial hay señalamiento de enriquecimiento inexplicable de un funcionario, y la respuesta es el carpetazo presidencial al asunto. Lo de siempre, pues.


El enigma de Nuevo Laredo

Desde hace más de una década, la violencia en Tamaulipas ha sido muy difícil de explicar, no por sus desenlaces sanguinarios sin escrúpulos, sino por la complejidad de la anatomía del fenómeno. Durante años se ha tejido una red de políticos, empresarios, líderes sindicales, activistas y periodistas vinculados a organizaciones criminales, pero al mismo tiempo, políticos, líderes sindicales, activistas y periodistas han enfrentado a los cárteles y, en muchos casos, sufrido las consecuencias; es decir, el exilio o la muerte. El gran marco que envuelve a todos es la sociedad, mujeres, hombres, hijas, hijos, madres, padres, familiares, amigas, amigos, conocidos, que quedan en medio de todo, sin trincheras donde guarecerse y a la merced de aquél que, en ese momento, tenga la mayor capacidad de fuego.

Hoy es turno de Nuevo Laredo, la gran frontera mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde donde arranca la superautopista IH 35, que conecta hasta Toronto y sirve de distribuidor para alrededor de 100 mil millones de dólares de productos que exporta México anualmente a esa región, que lleva años atrapada entre esos dos fuegos. En los últimos días ha estado en el ojo nacional porque un grupo de gasolineras se negó a abastecer de combustible a militares por las amenazas del narcotráfico, y por la difusión de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de una posible ejecución extrajudicial de cinco hombres y tres mujeres.

Las autoridades estatales iniciaron una investigación, a la que se sumó, con la suya propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, frente al repudio que ha levantado este caso, que comenzó con una balacera entre Las Tropas del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas, y policías municipales. El Comité de Derechos Humanos afirmó que había sido un “montaje” y que los policías los habían asesinado. Lo que parece claro no es tan claro, y habría que caminar de manera muy prudente en esa investigación al haber antecedentes de eventos similares montados, empero por el CDN.

El pleito armado entre Las Tropas del Infierno y la Policía Municipal comenzó el 19 de agosto pasado, cuando inició un operativo contra los grupos criminales. Los municipales estaban instalando un filtro de seguridad en la carretera que conduce a Piedras Negras, Coahuila, cuando un presunto comando del CDN llegó a ese punto y comenzó a dispararles. Tres policías resultaron heridos y uno murió en el hospital. El 27 de agosto un grupo especial de la Policía Estatal, enviado como refuerzo, fue atacado en las inmediaciones del aeropuerto por presuntos miembros de ese cártel, donde murieron siete personas.

Esa misma noche decenas de personas fueron al hotel donde se hospedan para impedir la entrada y salida de personas y vehículos. Algunos de ellos llevaban niños en brazos que colocaron como escudo, demandando la salida de la Estatal de Nuevo Laredo. Al día siguiente, cuando la Policía Municipal iba a trasladar a tres internos del Centro de Ejecución y Sanciones a una cárcel federal, uno de ellos líder del CDN, estalló una protesta de aparentes familiares que acusaron a la Policía de movilizaciones irregulares. En medio de la confusión, los policías fueron atacados dentro del Centro y perseguidos hasta el hotel donde se hospedan.

La siguiente acción, el 4 de septiembre, fue resultado de las amenazas a las gasolineras para que no vendieran combustible ni a policías ni a militares, que trajo a Nuevo Laredo la atención nacional. Desde entonces, ante las presiones del gobierno federal para que no discriminen el servicio –el recurso legal para forzarlas a vender combustible a quien lo solicite–, el CDN extendió sus amenazas a todo tipo de comercio para que no les vendan ningún producto.


Las tres del día es un ejercicio de compartir columnas que tratan los temas más importantes del día. Pueden leerse en su totalidad en los links correspondientes.