Minas que surtieron material al NAICM dejaron daños medio ambientales

El basalto y tezontle que fue utilizado en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, provino de minas ilegales. De 205 bancos pétreos registrados entre 2016 y 2018 en el nororiente del Estado de México, 106 cometieron algún tipo de irregularidad en su operación.

Estos materiales se utilizaron como cimientos de la terminal, con el fin de evitar que se hundiera en el antiguo lago de Texcoco.

Daños medioambientales y arqueológicos

Las obras de explotación se realizaron en 24 municipios del Estado de México. 26 minas trabajaron sin tener la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente federal o del Estado de México, 54 explotaron los cerros varios meses antes de tener los permisos y 26 se excedieron de los límites autorizados.

Por ejemplo, en Tepetlaoxtoc, Estado de México, existen las minas Las Cuevas y La Cueva. En el lugar existe una zona arqueológica protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el 18 de agosto de 2016. Sin embargo, los vestigios prácticamente desaparecieron debido a la sobreexplotación del lugar.

En Tezoyuca, la mina se encuentra dentro del pueblo, situación que ha generado temor entre la población. Durante meses, tuvieron que soportar ruido de manera constante, así como un fino polvo que afectó las vías respiratorias de la gente de la zona. Al día, podían pasar hasta 500 camiones con carga.

El mayor problema medioambiental, está en que son entre 160 y 200 cerros afectados, que que ya no van filtrar agua al interior. Al quitar la vegetación y el tezontle, rompen el equilibro ecológico que tiene el cerro, que permite que se recarguen los manantiales subterráneos.

Dueños de las minas

Entre los pequeños empresarios que explotaron las minas, hay unos pocos políticos locales, como Joaquín Carpintero Salazar, vinculado al PRD en Hidalgo, Francisco Javier Santillán Santillán, que fue alcalde de Hueypoxtla; Abigail Urrutia Hernández, candidata a puestos políticos en Chicoloapan; Mario Contreras Delgadillo, vinculado al PRI en San Martín de las Pirámides; Tomás Merlo Escutia, candidato a diputado del PRD por La Paz; el antiguo comisario ejidal de Santiago Cuautlalpan, Saúl Manuel Rodríguez Sandoval.

En total, más de 127 empresas y personas físicas solicitaron las autorizaciones. 33 de esas empresas, en su mayoría mexicanas, concentran 90 solicitudes de permisos. Una de las empresas, Garcher Evolution, tiene entre sus accionistas fundadores en 2014 a Rafael Isassi García, apodado “el 82” y vinculado a secuestros y extorsiones en Tamaulipas. Sus dos minas operaron ilegalmente.