Las 3 del día

Medina Mora, la historia que viene

Alfredo González

Además de las investigaciones por lavado de dinero, Eduardo Medina Mora, quien recientemente presentó su renuncia como ministro de la Corte, es investigado por 10 presuntos actos de corrupción.

Tales delitos los habría cometido desde 2015, año en que tomó una silla en el máximo tribunal del país, por lo que en la Fiscalía General estiman que podría pisar la cárcel en cualquier momento.

En tan sólo uno de esos “delitos”, el afamado impartidor de justicia habría generado perjuicios por 700 millones de pesos al SAT.

De acuerdo con una fuente de alto nivel del gobierno federal, Medina Mora está consciente de las investigaciones, por lo que sus abogados han buscado acercamientos con las autoridades, pero no los habían recibido.

Su defensa, me dijo la misma fuente, está conformada por un grupo de 40 abogados, aunque no han podido hacer mucho, porque, cada vez que revisan un caso, surgen otros.

Como lo publicó mi colega Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, Medina operaba para un grupo de poder del sexenio anterior.

Se involucró en la defensa y el desbloqueo de cuentas a través de un engrose de amparo que publicó sin avisarle a otros ministros y sin tomar en cuenta jurisprudencias previas, lo que permitió a los “beneficiarios” sacar sumas millonarias de dinero.

En términos legales, me explicaron, lo que hizo fue “desaplicar” jurisprudencias en perjuicio de la hacienda pública y en beneficio de gente ligada al poder. Su objetivo era “impedir” el bloqueo de cuentas bancarias de personajes involucrados en “actos ilícitos”.

Algunos de estos casos llegaron a la Corte, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal tomó nota y, en su momento, emitió un comunicado interno del que hasta el momento se desconoce su contenido.

Eso lo supo el propio Medina Mora y optó por presentar su renuncia al cargo para el que fue designado por 15 años.

Sólo se mantuvo cuatro y su destino, en este momento, es incierto, aunque desde el gobierno ven que podría ser el primer ministro de este sexenio que pise la cárcel.


El avión que no se vende

avión presidencial
Foto: Palabras Claras

Raymundo Riva Palacio

En tres ocasiones, en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 ‘José María Morelos y Pavón’ ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador; ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irán para zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo que nadie en la industria de la aviación cree que sucederá, eso tendrá que esperar. El avión presidencial que compró el gobierno del presidente Felipe Calderón y que sólo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en este monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.

Sólo hay dos interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., de San Antonio, quien tiene entre sus empresas a Jetran, que es de aviación. Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al gobierno mexicano fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alrededor de otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde que asumió la presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70 helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.

De acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados terroristas en Estados Unidos, en 2001, y la dramática caída de pasajeros, que colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para remplazar su vieja flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López Obrador puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada por el avión presidencial, que llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo de “la opulencia y lo ridículo”.

El TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California, donde no hay aviación comercial, pero que entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing y, de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929 obtenido por Milenio a través de Transparencia en febrero de este año, se está pagando poco más de un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo por otro.


Una mujer, pero no una “incondicional” para la Corte

Salvador García Soto

Será hasta que la Suprema Corte le notifique oficialmente de la existencia de una “vacante”, lo cual ocurrirá una vez que el Senado acepte formalmente y por mayoría simple de sus integrantes la renuncia de Eduardo Medina Mora, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comience a integrar la terna que mandará a los senadores para el nombramiento del nuevo ministro o ministra.

Todas las apuestas y las opiniones apuntan, tanto en el Poder Judicial como en la sociedad civil, a que, por un tema de equidad de género, el Ejecutivo optará por mandar una terna exclusivamente integrada por mujeres. Se garantizaría así la llegada de una nueva ministra a la Corte, aunque también son muchas las voces que, sin dejar de reconocer la facultad exclusiva y constitucional que tiene el presidente, piden que los perfiles de quienes proponga López Obrador garanticen no sólo la experiencia, capacidad y reconocimiento que deben tener las o los candidatos que integren la terna, sino sobre todo la cualidad acreditada de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.

Y es que en el actual contexto, tras el cisma que representó la renuncia histórica de un ministro como Medina Mora, claramente opositor y adverso a la llamada 4T, parecería un despropósito y hasta un grave error político que el presidente López Obrador repitiera, como ya lo hizo en los dos nombramientos que le tocó hacer para la Corte, perfiles de juristas no sólo cercanas, sino abiertamente militantes comprometidas con su partido y con su movimiento político. Ese es el caso de las doctoras Celia Maya y Loretta Ortiz, que han sido ya dos veces rechazadas por el Senado, por su inocultable simpatía y militancia política con la “Cuarta Transformación”.

¿Podría el presidente repetir en la nueva terna a las dos juristas? Sin duda que podría, es su decisión y su facultad unipersonal; pero pretender que sea una de ellas la que resulte electa por el Senado sería no sólo una ofensa a los senadores, que ya en dos ocasiones se las regresaron por no cumplir con los criterios de autonomía e independencia que deben privar en los integrantes de la Suprema Corte, sino que representaría un error político monumental.

Porque si López Obrador cae en la tentación de mandar nuevamente una terna formada por mujeres u hombres incondicionales y políticamente comprometidos con su gobierno, le daría la razón a quienes han visto en la renuncia de Medina Mora un golpe político a la Corte y un intento del Ejecutivo por someter y controlar al máximo tribunal y dominar así al Poder Judicial federal, y no un tema de corrupción de un ministro investigado y que utilizó su cargo para hacer negocios y para operar políticamente para el grupo que representaba, que es lo que hasta ahora ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y lo que indaga la Fiscalía General de la República.