Así elegirán al nuevo ministro de la Suprema Corte

Este martes, el pleno del Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. 

La renuncia se da 11 años antes de terminar su periodo en 2030, por lo que la Constitución establece un procedimiento para cubrir su salida.

De acuerdo con el artículo 98 constitucional, las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia “solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”. 

Presidente mandará terna

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mandará una lista de tres aspirantes al Senado. Una vez hecho esto, deberán ser convocados a por la Comisión de Justicia del Senado, la cual podrá interrogarlos para después elaborar un dictamen sobre su idoneidad que se presentará al Pleno.

Posteriormente, los integrantes de la terna tendrán oportunidad de exponer sus motivos para ocupar la nueva vacante.

Para ser designado, el o la aspirante deberá obtener los votos de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro plazo de 30 días.

“Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”, detalla el artículo 96 constitucional.

Hasta ahora, López Obrador ha propuesto a dos actuales ministros de la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá, en diciembre de 2018, y Yasmín Esquivel Mossa, en marzo pasado.

Si la terna es rechazada…

Si lo senadores rechazan la totalidad de la terna propuesta, el presidente debe enviar una nueva terna, pero si esta segunda es rechazada nuevamente, “ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”, según el mismo artículo.

Requisitos para ser elegible

Para participar en una terna, los electos por el presidente deben tener al menos 35 años; contar con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; no haber sido secretario de Estado, fiscal, senador, diputado federal, ni gobernador durante el año previo al día de su nombramiento.