Admite la Suprema Corte 4 impugnaciones a ley Bonilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad para anular la extensión de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. Las demandas fueron presentadas por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Bonilla, argumentando que no está cuestionado la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.

El ministro Fernando Franco, explicó que “no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó.

¿Qué se necesita para invalidar la ley?

Para invalidar la reforma a un artículo transitorio de la Constitución estatal será necesario el voto de al menos ocho de los 10 ministros en funciones.

En la Legislatura pasada en Baja California se aprobó que el gobierno de Bonilla, que inicia en noviembre, dure cinco años.

Lo anterior, aunque al acudir a las urnas para la elección de gobernador se había informado a los ciudadanos que el periodo sería de dos años, para armonizar o empatar la fecha de sus comicios locales con las elecciones federales de 2021.

Ante las críticas, el nuevo Congreso de Baja California aprobó realizar una consulta, donde se pregunte a la gente si está de acuerdo con la reforma que amplió el gobierno de Bonilla.

De los 2 millones 811 mil 75 electores que integran la lista nominal del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), solo el 1.9% participó en la consulta sobre la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, según informó el Congreso de Baja California.

El actual mandatario estatal, Francisco Vega, descalificó la consulta organizada por el Congreso de Baja California al considerar que carece de validez, y confió en que haya una respuesta definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).