Las 3 del día

Y, después del estancamiento, ¿qué?

No hubo sorpresa. Los datos que ayer por la mañana ofreció el Inegi confirman el estancamiento que padece la economía mexicana, que en los primeros nueve meses del año tuvo cero crecimiento.

Si nos ponemos optimistas y pensamos que en el cuarto trimestre tendremos un crecimiento de 0.7 por ciento –por ejemplo–, el resultado del año completo será de 0.2 por ciento.

Si nos ponemos pesimistas y proyectamos una caída como la del tercer trimestre, el saldo sería -0.1 por ciento.

Si no hay grandes sorpresas terminaremos 2019 en ese rango y pronto veremos que la mayor parte de los analistas ajustan sus expectativas a esos niveles.

Lo importante realmente ya no es 2019, es 2020.

También para el próximo año hay contrastes.

Por un lado, se encuentran quienes piensan que las cosas se van a poner peor.

El argumento es que, si la economía ha caído fundamentalmente por la desconfianza en las políticas del gobierno, no se ve en el horizonte la posibilidad de que resurja la confianza.

Por otro lado, están quienes piensan que la falta de crecimiento económico derivó del proceso de adaptación que las inversiones presentan durante el primer año de gobierno, y suponen que esto va a cambiar en 2020.

Mi opinión es que no hay garantía de que el desempeño de la economía vaya a ser mejor el próximo año, pero pueden darse condiciones que así lo propicien.

Le enumero tres.

1.- La ratificación del TMEC. Si en medio de todo el ruido político, logra darse un acuerdo para que el Congreso de EU ratifique el nuevo tratado comercial, puede haber una recuperación de las inversiones. Es notorio que, en Estados Unidos, el líder de la central sindical más poderosa, AFL-CIO, Richard Trumka, está haciendo campaña para evitar la ratificación hasta que no se cumplan algunas exigencias poco viables. Del otro lado, la representante Cheri Bustos, presidenta del Comité de Campaña de los demócratas en el Congreso, está empujando por la ratificación pronta y sin demasiadas exigencias, para apuntalar la posición competitiva del Partido Demócrata. Veremos cómo va la política que hoy tiene un episodio importante respecto al impeachment.

2.- El programa de infraestructura. Ya se ha hablado por muchas semanas de este catálogo de proyectos de infraestructura que pueden catapultar la inversión, pero no se anuncia. Un aspecto positivo es que hayan comenzado las licitaciones que van a ir contra el presupuesto del próximo año. Pero falta una hoja de ruta de más aliento si se quiere cambiar el ánimo.

3.- Una realineación de la política en materia de energía. Tendría que rectificarse el tema de los Certificados de Energía Limpia (CEL) que esta semana volvió a propiciar incertidumbre entre el sector privado, pero además debería considerarse de nuevo los ‘farmouts’ o las rondas. Eso sería un gran aliento para la inversión privada.


Culiacán, cómo tiraron la toalla

La esperada relatoría sobre lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre pasado, finalmente se dio a conocer. El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, mostró la manera como antes de que capturaran a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el Ejército y la Guardia Nacional estaban derrotados. La descripción de cómo fueron sucediendo los eventos aquella tarde, son la radiografía de un gobierno incapaz, estratégica, táctica y operativamente en materia de seguridad, y que, ante el chantaje de criminales, tira la toalla. Las fuerzas federales tienen más capacidad de fuerza que los criminales, dijo bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien precisó que no la usaron porque eso habría significado iniciar una lucha armada que habría cobrado muchas vidas de civiles. Sin embargo, la justificación del momento esconde el sofisma gubernamental.

La línea de tiempo no refleja una “acción precipitada”, como desde el día 18 el general Sandoval reconoció, sino la incompetencia de quien diseñó la operación y la falta de conocimiento de campo y de información de todos aquellos que la aprobaron en el gabinete de seguridad. El arquitecto del culiacanazo no apareció en la conferencia de prensa donde se reconstruyó la ruta de la derrota de las instituciones, que fue el general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, bajo las órdenes formales del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero en realidad al servicio del general Sandoval. Tampoco estuvo el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, responsable de la información sobre la capacidad de fuego y organización del Cártel de Sinaloa, que humilló en cuatro horas al gobierno federal.

En la reconstrucción por horas y minutos del culiacanazo, el general Sandoval detalló con candidez –en política eso no significa transparencia– la forma como los perímetros de seguridad nunca pudieron ser sellados, porque la velocidad con la que las células del Cártel de Sinaloa actuaron para ganarles las posiciones en las calles, esquinas, puentes estratégicos y los accesos a la capital, fue más eficiente que la planeación realizada por el general Rodríguez Bucio. Según el general Sandoval, al no tomar sus posiciones los militares para impedir el rescate de Guzmán López, el plan de extracción no fructificó.

Las imágenes que dio a conocer el general desnudan el desastre de la operación. Desperdiciaron el factor de la sorpresa, por la torpeza en la operación de campo y porque la orden de cateo que presumiblemente debió haber pedido la Fiscalía General –este dato es fundamental para entender la derrota de ese día– nunca llegó. Quienes intervinieron en la detención de Guzmán López no la consumaron porque nunca salió de su casa, limitándose a aplicar meramente la doctrina de abrazos no balazos, para que “persuadiera” –verbo utilizado por el general Sandoval– a sus hermanos (principalmente a Iván Archivaldo) a que dejaran de atacar a los militares y que permitieran la detención. Como cualquier persona podría imaginarse, eso nunca sucedió, sino que escalaron las amenazas y ataques. Esas imágenes, acompañadas de la narrativa militar, probablemente arrancarán sorpresa y sorna entre los cuerpos especiales altamente entrenados para operaciones contra objetivos de alto impacto, en México y en el extranjero.

La destrucción de la operación diseñada por el general Rodríguez Bucio, ejecutada en campo por Carlos Alberto Flores –fichado por el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, para ser su próximo secretario de Seguridad–, quien tuvo la responsabilidad de darle seguimiento a Guzmán López desde una semana antes, fue apreciada en la relatoría del secretario de la Defensa en los videos que difundió, donde se puede ver con claridad la manera como actuaron las células del Cártel de Sinaloa, doblegándolos; la forma como tomaron Culiacán en sus manos, y la manera como fueron arrinconándolos y dejándolos aislados de cualquier refuerzo federal en apoyo. Estos refuerzos ni siquiera se atrevieron a tratar de recuperar el control de las casetas de peaje fuera de Culiacán, ante lo que han dicho superioridad numérica del adversario.

La relatoría del general secretario aporta más información, perturbadora. Por voz de él se sabe que fue ejecutada por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GAIN), sin mencionar que operaron de la mano del general Rodríguez Bucio. El problema es que legalmente el GAIN no podía actuar como la fuerza central en la operación, porque no puede perseguir a presuntos delincuentes civiles. Sus atribuciones solamente les permiten actuar como auxiliar de los fiscales o ministerios públicos federales. Es decir, si no fueron ellos quienes eran los responsables máximos de la operación, adicionalmente a las fallas tácticas en las que incurrieron, violaron la ley. El general Sandoval no mencionó la presencia de miembros de la Fiscalía General.

La fallida operación duró cuatro horas, como se adelantó en este espacio el lunes pasado, y nunca llegó la orden de cateo ni el apoyo militar para la extracción de Guzmán López. La decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de liberar al hijo de El Chapo Guzmán, fue correcta en ese momento. Lo incorrecto no está en esas cuatro horas, sino en la planeación que obligó a esa decisión, y en la falta de visión estratégica, política y jurídica para iniciar la persecución de su objetivo de manera inmediata, para su pronta recaptura. Reducir a un “error táctico” lo que sucedió en el culiacanazo, como dijo Durazo, es inadmisible. La humillación al Estado mexicano –porque no fue sólo al Presidente o al gobierno– no puede limitarse a la frivolidad política de disfrazar la profundidad de la derrota a un pie de página en la historia de este país.


El asiento trasero

La Guardia Nacional acumula tareas que seguramente nunca imaginó. En estos primeros 11 meses de gobierno ha cateado usuarios del Metro, detenido migrantes en ambas fronteras, ha sido desplegada por todo el país a petición de los propios gobernadores, ha participado en operativos como la detención del hijo de El Chapo, y, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación fechado el 29 de octubre, hará “acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal”, para que ningún servicio de aplicación de taxi (Uber, Cabify, Beat) recoja pasaje.

La imagen era impensable. Una chofer de algún servicio de taxi por aplicación recibe la notificación de un usuario en la terminal 2 de la Ciudad de México; al llegar al lugar es detenida por agentes de la Guardia Nacional en un operativo ordenado por la Segob. El desenlace aún no estaba tan claro, ¿cómo procedía la GN? ¿A dónde la llevaban? ¿Era una falta administrativa? ¿Su carro era llevado al corralón? ¿El usuario también era responsable de la falta? Ocurrencias con pintas de chantaje por parte de uno de los sindicatos más poderosos del país, el de los taxistas.

El culebrón sobre si esta información es falsa o verdadera surgió de la propia Secretaría de Gobernación, la cual publicó un comunicado titulado “Propone Secretaría de Gobernación foro nacional para homologar la regulación del transporte público concesionado y servicios en aplicaciones”, donde sugería el uso de la Guardia Nacional, como lo cité previamente. Después del escándalo, Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, tuvo que salir a distintos medios de comunicación a negar la información de su propio comunicado, y después, a través de Twitter, publicó: “Respecto a las versiones periodísticas y que circulan en redes se anuncia: No existe ningún operativo especial con #GuardiaNacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de servicio de transporte en zona federal. Las restricciones las señala la propia ley #Uber #Cabify”.

Sin embargo, no tardaron en responder los integrantes del Movimiento Nacional Taxista, al señalar que los operativos en los 56 aeropuertos del país fue un acuerdo al que llegaron antier con el subsecretario; de hecho, amagaron con protestas y bloqueos viales en caso de que las autoridades no respeten el compromiso de la realización de estos operativos.

Las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación se están convirtiendo en un embudo de acuerdos que no llegan a ninguna parte, sobre todo cuando se contradice lo firmado a las pocas horas de haber sido publicado.

Con la polémica de estos últimos días, lo único que queda expuesto es que el USUARIO es el último pendiente tanto de la Segob como de los propios taxistas. En ningún momento, en voz del propio Ricardo Peralta, se ha puesto sobre la mesa el costo excesivo de las tarifas de taxis autorizados en los aeropuertos, o la calidad del servicio. La principal queja del usuario es que un viaje que en alguna aplicación de servicio de taxis sale en 180 pesos, en las tarifas de los taxis concesionados se eleve hasta el doble, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Por qué no podemos exigir una tarifa más justa? O la pregunta más lógica… ¿por qué el usuario no puede tener la posibilidad de elegir qué servicio le conviene más?

No, el subsecretario ha dicho que ahora mismo la discusión se centra en las aplicaciones y que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa el servicio en el aeropuerto.

A la Guardia Nacional se le menciona a la menor provocación, a los taxistas se les da atole con el dedo, a las aplicaciones se les da otro mensaje y al ciudadano se le deja en el asiento trasero.