Las 3 del día

López Obrador y las otras ranas

La información corrió como la liebre. Al menos tres mujeres y seis niños miembros de la familia LeBarón, de Chihuahua, miembros de la comunidad mormona de ciudadanos de México y Estados Unidos, fueron asesinados en Sonora. Fueron emboscados, acribillaron a un niño cuando corría para huir, mientras sus hermanos y su madre morían calcinados en una de las camionetas en las que viajaban. Vivimos la secuela del culiacanazo, donde los criminales están empoderados ante un gobierno federal rebasado, sin rumbo, y crecientemente aislado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiso desviar el debate sobre la operación fallida en Culiacán y desató una cacería cibernética contra periodistas, que escaló a alertar sobre la gestación de un golpe de Estado. No lo vencerán, proclamó, y utilizó como efecto de demostración la fábula de Esopo, Las ranas pidiendo rey, que concluye con una víbora de agua enviada por Zeus, que atrapó a todas las ranas opositoras y las devoró sin compasión. El enviado de Dios –él–, contra los que piensan distinto. Fue una metáfora de poder. Pero hay otra que podría servirle más al Presidente, la del Paradigma.

El Paradigma de la Rana es un ejercicio en Teoría de Juegos, que consiste en colocar a un batracio en un balde de agua sobre la estufa. Gradualmente va subiendo la temperatura, pero la rana no siente nada raro, ni se da cuenta de que su entorno se está alterando. Sólo hasta que comienza a hervir el agua, comprende que algo grave sucede. Demasiado tarde, la rana se coció por dentro. Este ejercicio tiene como fin ilustrar la falta de capacidad para reconocer la alteración de los factores externos a fin de tomar medidas correctivas, y suele ser una de las razones del fracaso de gobiernos, que insensibles ante esos cambios, entran en una dinámica perniciosa.

El culiacanazo es el balde subiendo la temperatura, y el Presidente no quiere darse cuenta, o es muy orgulloso para admitir que está equivocado, por lo que corregir o cambiar el rumbo está fuera de discusión. El Presidente ha insistido, tras la liberación de Ovidio Guzmán López hace 20 días, que seguirá sin enfrentar a la delincuencia organizada. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lo ratificó ayer en el Congreso, y justificó el desastre de la política de seguridad que ha instrumentado. “No podemos revertir una tendencia históricamente creciente”, dijo. “A partir de diciembre tendremos punto de inflexión”.


Sicilia, AMLO y la unidad

Hace siete años y medio, en la campaña electoral de 2012, Javier Sicilia hizo una advertencia al candidato Andrés Manuel López Obrador. Si no se corregía el rumbo, le dijo el poeta, la violencia empeoraría. Por ello, pidió al entonces perredista que, en caso de ganar la Presidencia de la República, emprendiera “una agenda de unidad, que nos permitiera salvar la emergencia nacional en la que esta guerra imbécil contra las drogas y la corrupción de las instituciones nos han sumido”.

Pero Sicilia fue más allá. Reprochó a López Obrador ser “tan soberbio para creer que en estas condiciones se puede gobernar sin la unidad de la nación, cómo hará si gana para crearla y no convertirse en un nuevo administrador de la desgracia del país, cuál es su propuesta de paz, más allá de programas constructivos a largo plazo (…) cuál es su posición frente al asunto de las drogas, y su propuesta para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional, y enfrentarlas como un asunto de salud pública que ponga fin a esta guerra perdida. ¿Cómo, por lo tanto, va a generar una política que no nos subordine a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos?”.

Y remató: “para muchos, usted señor López Obrador, significa la intolerancia, la sordera, la confrontación, en contra de lo que pregona su república amorosa, con aquellos que no se le parecen o no comparten sus opiniones, significa el resentimiento político, las revanchas sin matices contra lo que fueron las desahuciadas elecciones de 2006, el mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las corrupciones de muchos miembros de su partido. Significa también la red de componendas locales con dirigentes, que años atrás reprimieron a quienes buscaban un camino democrático. El señor Bartlett es sólo la punta del iceberg”.

Ese diagnóstico resuena hoy luego de que la familia LeBarón, que durante un tiempo formó parte del movimiento de víctimas encabezado por Sicilia, sufriera de nueva cuenta una terrible desgracia, mayor esta –si es posible comparar las muertes de seres queridos– a la de 2009, cuando dos de sus miembros fueron masacrados.

La nueva tragedia de los LeBarón, como las decenas de muertos cotidianos a manos de la delincuencia organizada, no es culpa de López Obrador. Es una consecuencia de un decenio de políticas fallidas.


Para tratar de entender el horror

El lunes por la tarde, en los linderos de Sonora Chihuahua, fueron masacrados seis niños y tres mujeres de la familia LeBarón. A mansalva, sin piedad, a plomo y fuego, dejando lesionados y traumatizados a seis pequeños más.

¿Cómo interpretar una atrocidad de ese calibre? ¿Cómo leer tamaño horror? No lo sé del todo, pero se me ocurre que este tipo de hechos sucede porque no pasa nada. El Estado mexicano no ha pintado rayas en la arena. No hay, al parecer, acto alguno, por bárbaro que sea, que sea capaz de detonar una reacción extraordinaria por parte de las instituciones de seguridad justicia. Eso, que significaría un compromiso explícito de desmantelar la estructura criminal responsable del hecho, así como sus redes de protección política y policial, y no solo dar con los perpetradores directos de la masacre, no está en la agenda de nadie.

Entonces los criminales pueden continuar con la brutalidad acostumbrada, la que labra reputaciones, la que intimida a rivales, la que siembra el terror en regiones enteras. Si da lo mismo asesinar a una persona que a nueve, si no hay riesgo adicional por calcinar a bebés de brazos, los asesinos lo van a seguir haciendo. Así de fácil y así de terrible.

Más aún cuando queda plenamente acreditada la incapacidad del Estado para controlar franjas enormes de territorio. Según la narración de los hechos presentada ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la familia LeBarón fue atacada hacia a las 13:00 PM del lunes. Menos de 20 minutos después, Julián LeBarón ya estaba solicitando auxilio, pero no fue sino hasta las 17:00 PM que se trasladaron unidades del Ejército y la Guardia Nacional, así como policías estatales municipales, provenientes de los municipios de Agua Prieta, Janos, Moctezuma Zaragoza.

Ninguno de esos lugares está a menos de 150 km del lugar de la masacre, el municipio de Bavispe, Sonora. Desde todos, llegar al sitio de los hechos requiere un traslado por tierra de más de tres horas. Y esos eran, previsiblemente, los lugares más cercanos para coordinar una respuesta. En el propio Bavispe, no hay más que dos policías (o había hasta 2017, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales). En los municipios vecinos de Bacerac y Huachinera, la suma de policías no pasa de siete.

Ese abandono de las zonas serranas no está en proceso de corregirse. Al 14 de octubre, la Guardia Nacional tenía a 4,126 elementos desplegados en los estados de Sonora y Chihuahua, los cuales representan 21% del territorio nacional. En cambio, la Ciudad de México acoge a 3,799 integrantes de la nueva corporación.

Eso, por decirlo de manera suave, es un despropósito. Si para algo debe de servir un cuerpo intermedio como la Guardia Nacional es para el control del territorio, para hacer presente al Estado donde es casi imposible poner policía, para patrullar brechas y caminos vecinales, para combatir a pistoleros y bandidos en las regiones apartadas del país, para evitar tragedias como la de Bavispe, no para suplir a las policías locales en zonas urbanas.