Autor: Ezequiel Palacios y Sergio Andrade-Ochoa
La mayor parte de la población desconoce qué es lo que hay detrás de las consecuencias fatales de un incidente vial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza enormes esfuerzos en prevenir y reducir las muertes y lesiones por estos hechos a nivel global. Sin embargo, queda mucho por hacer en la cuestión del protocolo de emergencias post-siniestro.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2014 se registraron más de 134 mil lesionados por accidentes de tránsito. En México diariamente ingresan a unidades médicas 1,700 personas con lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito y de estas más de 100 enfrentaran discapacidad por esta causa. Así mismo, en México 860 mil personas viven con una discapacidad motora a causa de un siniestro vial y el 50% de los hospitalizados por choque adquieren una deuda donde el costo puede ser incluso más del 100% de su ingreso mensual. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estima que las lesiones, discapacidad y muerte a causa de un accidente de tránsito cuestan más de 120 mil millones de pesos al año. De esta forma, una indemnización por muerte puede oscilar entre los 300,000 hasta los 3,000,000 de pesos.
En la ausencia de mecanismos formales de protección ante eventos de riesgos para personas de escasos recursos, el seguro de responsabilidad civil se convierte en una estrategia de mitigación pues les permite continuar sus vidas sin deudas. De tal forma que una póliza vigente de seguro contribuye como un componente importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente los objetivos 3 y 11 que promueven vidas saludables y bienestar en todas las edades y ciudades y asentamientos humanos inclusivos y seguros.
El Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la OMS establece que es necesario generar sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las vías de tránsito a fin de financiar los servicios de rehabilitación de las víctimas de accidentes, mediante: la introducción de la responsabilidad civil obligatoria y el reconocimiento mutuo a nivel internacional de los seguros, por ejemplo, el sistema de Carta Verde.
En el 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que todos los vehículos que transiten por vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que proteja a las víctimas de hechos en tránsito. Dicha medida se ha ido implementando de manera paulatina y fue hasta el 1 de enero de 2019 que se hizo obligatorio para todo el parque vehicular. Sin embargo, según cifras de la Condusef, aproximadamente el 72% de los del parque vehicular que circulan no cuentan con un seguro automovilístico aun cuando el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para transitar.
El objetivo de contar con dicho seguro es garantizar el pago de la indemnización por lesiones y daños que, con motivo de la conducción del vehículo, pudieran ocasionarse a terceros. Por tanto, ese 72% de vehículos que transitan y no cuentan con seguro representan un riesgo tanto para las y los conductores, así como para las y los transeúntes que pueden verse involucrados en un hecho de tránsito.
Hoy por hoy, tener un seguro es indispensable para toda aquella persona que ha decidido transitar en un automóvil, sea coche o motocicleta, pues los seguros resultan en amortiguadores de la economía familiar ante algún siniestro vial. Pero su correcta implementación resulta en un importante – y olvidado – pilar para la salud pública para un país como México en dónde los accidentes viales le cuestan el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Sin duda alguna, los seguros son de gran ayuda, pues no es sólo se trata del daño de salud, sino también de la perdida de los años de vida productivos y los impactos a las familias y a las empresas. Su obligatoriedad representa un punto central para acrecentar la cultura de prevención en México, sin embargo, es importante entender que definir nuevas leyes no garantiza su aplicación. Sin asignación de recursos y sin responsabilidades institucionales claras, no existirá un adecuado monitoreo para la regulación y verificación vehicular, para que de tal forma las y los usuarios de automóviles cumplan con este –nuevo y necesario– requerimiento legal.
