Autor: Impunidad Cero
México vive uno de los periodos más violentos de su historia. 2018 cerró como el año más violento en la historia reciente de nuestro país, con más de 33 mil víctimas de homicidio doloso o intencional, es decir, cada 15 minutos una persona fue asesinada. Además de las medidas transversales para la prevención social de la violencia, resulta fundamental la capacidad de respuesta del Estado frente a la escalada delictiva. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) recopila información comparada sobre la incidencia y la respuesta de los sistemas de justicia para responder ante este crimen.
En Belice, por ejemplo, la impunidad en homicidio doloso llega a 96.4%, mientras que en Honduras es de 92.2%. En México no estamos tan alejados de estas cifras ya que, según la información sobre sentencias condenatorias por el delito de homicidio doloso en 2018, la impunidad en nuestro país se estima en 89%. En países como Chile, Suecia y Portugal, se tiene impunidad cero en homicidio doloso. De acuerdo con la UNODC, un indicador aceptable es un promedio de menos de 30% a lo largo de tres años.
En 2006 se estimaba una impunidad de 59.4% en México, incluso llegando a su nivel más bajo en 2007, cuando la impunidad fue de 54.7%. A partir de ese año la impunidad ha ido en aumento, coincidente con el aumento en la violencia en el país. Entre 2010 y 2014, los niveles de impunidad se mantuvieron estables, pero a partir de 2015 se observó nuevamente una tendencia al alza.
Este nivel de impunidad explica la escasa capacidad de respuesta del sistema penal ante el crecimiento de la violencia. Desde hace un par de lustros quedó evidenciado que la política legislativa ensayada en México, de aumentar las penas a los delitos más frecuentes y de mayor impacto, es irrelevante mientras no se incremente la probabilidad de captura y de sanción.
En México, la entidad donde existe una mayor impunidad en homicidio doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99.0%), Oaxaca (97.8%), Nayarit (97.7%) y Quintana Roo (96.6%). Las entidades con menor impunidad son Yucatán (27.1%), Aguascalientes (45.5%), Nuevo León (61.0%), Durango (64.8%) e Hidalgo (71.7%).
Hace tres años, sólo tres estados presentaban más de 91% de impunidad para este delito y la entidad con mayor impunidad en homicidio intencional fue Oaxaca, con un 97%. Este año, nuestro estudio reveló que once estados excedieron el 91% de impunidad y siete rebasaron el 95%. Sólo Yucatán estuvo por debajo de 30% (y en años anteriores ha alcanzado impunidad cero para este delito).
Desde luego, existen políticas en materia de prevención social de las violencias que tienen un impacto potencial significativo que no ha sido desarrollado. Algunas de ellas establecen que, en el ámbito social, la prevención se deberá llevar a cabo a través de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico; la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; el fomento de la solución pacífica de conflictos; estrategias de educación y sensibilización, y programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo.
Deben implementarse políticas criminales locales basadas en evidencia, enfocadas en contener y reducir los homicidios a través de acciones coordinadas y articuladas entre los tres niveles de gobierno, en las cuales se prioricen aquellas regiones con altos índices de homicidio.
Sin embargo, el gran pasivo de las autoridades de nuestro país, en materia de incidencia delictiva y de violencia, está en el creciente deterioro de la capacidad de investigación criminal, cuya función de disuasión en algunos estados es prácticamente nula. La media nacional de efectividad de investigación es de 19.4% de las carpetas ingresadas.1
Un dato que ilustra el deterioro de la capacidad de investigación criminal del delito más grave como es el homicidio intencional es que, a pesar de que entre 2006 y 2018 se triplicaron los homicidios (de 10 mil a 33 mil), en 2018 el número de condenas por el delito de homicidio intencional (3,733) fue el más bajo desde 1997.
Por ello, es fundamental reconstruir la capacidad de investigación criminal partiendo de lo local, particularmente en los delitos de alto impacto, que en gran medida corresponde a las instancias locales investigarlos. Ya no basta la investigación de gabinete, el modelo de gestión de las fiscalías y procuradurías estatales debe orientar los recursos según las necesidades de las víctimas y la política criminal asumida.
Se deben mejorar los procesos y las metodologías de recolección y minería de datos, planeación de la investigación, trabajo de campo, análisis de entorno, análisis de información, pesquisas adicionales y generación de inteligencia para lograr dirigir operativos y focalizar la investigación criminal para el esclarecimiento, captura, imputación y defensa de las investigaciones en las salas de audiencia, así como sancionar a los responsables de estos graves delitos. Es prioritario contener y revertir esta espiral de violencia e impunidad.
La investigación completa Impunidad en Homicidio Doloso en México: reporte 2019 puede consultarse aquí.1 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez, “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”. Disponible aquí.
